El gobernador Oscar Mario Jorge le tuvo que exigir al ministro de Justicia de la Nación, mediante una nota formal, que el Servicio Penitenciario Federal les haga lugar a detenidos de nuestra provincia, ya que las cárceles y alcaidías locales están colmadas y superpobladas.

La situación es consecuencia de las advertencias formuladas por el Poder Judicial y, a la vez, un reclamo de que se tengan en cuenta los convenios firmados entre las partes y la inversión con la que colaboró el Gobierno Provincial para mejorar las instalaciones de la Unidad 4.

El proceso necesitó de la intervención de la Policía provincial y le fue informado al ministro del Superior Tribunal de Justicia y a los jueces Jorge Mauricio Pascual y Martín Saravia, quienes habían determinado que la Provincia tenía un plazo de 70 días para que los detenidos en comisarías y alcaidías pasaran, como corresponde, a las instalaciones del SPF.

El Ejecutivo pampeano dejó saber su “marcada preocupación” y advirtió que la situación “se está tornando insostenible”. Lo que más inquieta a las autoridades es la proximidad de las fiestas de fin de año, época en que suelen recrudecer los conflictos.

Hace meses, el Gobierno Provincial y el SPF parecían defender un mismo interés, ya que coincidieron en presentar una apelación al fallo del Tribunal de Impugnación Penal que obligaba a la “repatriación” de los presos pampeanos alojados en otros puntos del país: esa medida, finalmente, se hizo efectiva, pero con el desacuerdo de la Provincia y del SPF.

Ahora, el gobierno pampeano y el Servicio Penitenciario aparecen parados en veredas distintas. Actuaron como disparadores del nuevo escenario dos fallos judiciales, del 27 de agosto y del 10 de septiembre, en los que los jueces Saravia y Pascual ordenaron el ingreso al SPF, dentro de 70 días, a los internos que se encuentran a disposición.

Cuando el Gobierno les informó a los magistrados sus gestiones para lograr cumplir con esa obligación, Villalva justificó la superpoblación de comisarías y alcaidías: “El accionar e impronta de la Policía provincial, en su actuar eficiente y proactivo ha colmado las instalaciones policiales destinadas a demorados, al subirse la detención in fraganti del delito”.

Sin recursos

El gobernador Jorge admite en la nota al ministro Alak que “las capacidades edilicias previstas para el alojamiento de detenidos condenados en nuestra provincia se encuentran colmadas”. Y advierte que “resulta imposible cumplir con lo normado por la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad. Nuestras alcaidías, actuales alojamientos transitorios, no cuentan con los recursos necesarios para brindarles a los detenidos una posterior reinserción social efectiva”.

El jefe del Ejecutivo pampeano remarca que Argentina es “un país que ha conquistado para siempre una política de Derechos Humanos, reconocida y valorada a nivel mundial”. Por eso es que “resulta imperioso redoblar los esfuerzos que materialicen efectivamente políticas de gestión tendientes a la recepción de los internos condenados pampeanos, dentro del SPF. Dicha recepción deberá realizarse con la mayor celeridad posible, evitando la intervención de otros poderes del Estado”, indica Jorge.

El gobernador destaca las “excelentes relaciones” con el SPF y aclara que el Ejecutivo tiene “el deber de velar por la integridad y dignidad de todos los ciudadanos en La Pampa, privados de la libertad o no”.

Jorge recuerda la inversión que hizo La Pampa en la U4, por $10.300.000. “Dicha inversión fue a los fines de garantizar el alojamiento de los condenados de La Pampa en el mencionado establecimiento, más allá del pago que nuestra Provincia efectúa a los fines del servicio de alojamiento y tratamiento penitenciario de condenados pampeanos; todo ello, considerando que vuestro servicio es una institución de prestigio y de reconocida trayectoria en Sudamérica”, señala la nota que el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Leonardo Villalva, había enviado previamente al director del SPF.