Exigen apartamiento del Ministerio Público Fiscal en la causa contra Jorge Paredi

José Domingo Cappellacci, damnificado por la falta de pago de un lote expropiado emplazado en Santa Elena, partido de Mar Chiquita, solicitó a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, mediante carta documento el 17 del corriente, que la investigación relacionada con la denuncia penal contra el intendente Jorge Paredi, quede exclusivamente en manos del Dr. Juan Tapia, titular del Juzgado 4 de Garantías del Departamento Judicial de Mar del Plata.

Simultáneamente, reiteró el pedido que había formulado el 1 de julio del año pasado, para que sean apartados en la causa penal (IPP 23.252/13), la Procuradora Dra. María del Carmen Falbo, así como el Fiscal David Bruna y los fiscales de Cámara Fabián Fernández Garello y Marcos Pagella.

“Con la presentación ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, pienso que estalló la bomba en los Tribunales de Mar del Plata con el tema Jorge Alberto Paredi, jefe comunal de Mar Chiquita. Porque va a ser un golpe muy duro a la Procuración y a todos los fiscales intervinientes en mi causa penal, que se han dedicado a encubrirlo, poniendo de manifiesto su subordinación al Poder Político”, aseveró Cappellacci a este medio.

Asimismo añadió que “por eso estoy pidiendo que siga la investigación no sé de qué manera pero solamente el juez de Garantías Juan Tapia”.

Asimismo resaltó que “estoy cansado de estos políticos que golpean las puertas de los juzgados, y que frenan toda acción judicial de un ciudadano común. Lo mío no es político. A mí me han perjudicado económicamente”.

Como corolario, cabe traer a colación que, en virtud de la cláusula 7 del convenio celebrado entre el director de Vialidad, Miguel Ángel Curto, con el Municipio de Mar Chiquita, representado por Paredi, éste en tal condición, asumió el compromiso de dejar la traza de la ampliación de la Ruta 11, libre de propietarios y/o ocupantes, asumiendo todos los gastos que tal gestión demandará ello, así con los fondos que recibiera del Estado Nacional por la suma de $ 43.857,860 ( cláusula cuarta del convenio).

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