LPO accedió en exclusiva a los papers secretos de la empresa Uber en los que acusan a un fiscal porteño de intimidar conductores y fabricar causas en su contra con la connivencia del sindicato de taxistas que encabeza Omar Viviani.

La empresa que batalla en la Justicia porteña y es rechazada por los taxistas desde antes de haber entrado en circulación en Buenos Aires, apunta principalmente contra el fiscal de Cámara, Martín Lapadú, titular de la Unidad de Investigaciones Complejas Oeste y contra el juez Víctor Trionfetti, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario No. 15.

Según los papers, es sospechoso que a tan solo un día del lanzamiento de Uber, el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad emitió una medida cautelar ordenando al Gobierno de la Ciudad que tome acciones en su contra.

“El sindicato operó junto con el juez Trionfetti, quien dictó una medida cautelar al día siguiente de haberse anunciado el inicio de actividades, pese a conocer que no existía caso real”, asegura el documento y añade que “la celeridad de Trionfetti se debió a que se habían iniciado con anterioridad tres expedientes en otros juzgados en un sentido diametralmente opuesto, es decir, en defensa del funcionamiento de UBER”.

En la empresa denuncian que el Ministerio Público Fiscal participó activamente en este montaje, pues los juicios iniciados a favor del funcionamiento de UBER por algunos conductores (causa “Travers, Jorge c/ GCBA”, expediente A2411/2016), por consumidores individuales y por una asociación de consumidores (causa “Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur - Proconsumer C/ GCBA”, expediente C2410/2016) -unos diez días antes de presentarse la demanda del Sindicato de Taxis- fueron “retenidos” en la Fiscalía hasta que se presentó el del Sindicato, el cual -a diferencia de los expedientes mencionados-, sí fue devuelto en el mismo día de su presentación para que el juez Trionfetti dictara la cautelar. “Sólo después de que Trionfetti dictara esta cautelar, la fiscalía ‘liberó’ los otros expedientes alevosamente retenidos”, indica el documento.

Uber señala que el Juez dictó la medida cautelar declarándose a la vez incompetente por existir expedientes iniciados con anterioridad en defensa de UBER cuyo contenido “no conocía” aprovechándose de la “demora” que tenían estos expedientes (demora ocasionada por haber estado retenidos dolosamente en la Fiscalía), lo que usó como excusa para afirmar que no pudo conocer el contenido de las otras demandas.

Caza de conductores

En UBER dicen que la medida cautelar ha sido utilizada como excusa por parte del Sindicato para montar fuerzas de taxistas para “cazar” conductores de UBER, que han terminado en la quema de vehículos activos en la plataforma de UBER y agresiones a esos conductores.

Según el paper, el 13 de abril de 2016 el fiscal Lapadú dio inicio a “una de las causas de persecución más resonantes de los últimos años” (causa “UBER Argentina SRL s/ art. 83 del C.C”, expediente 4790/2016), comparando en conferencia de prensa la actividad de UBER con el narcotráfico o la trata de personas.

Pero en la empresa señalan que como no se encontró ninguna norma inclumplida por Uber se le imputó la comisión de una “contravención” que “claramente no se aplica a su actividad, pues sanciona a quienes obstruyen la circulación y se apropian de un espacio público como los ‘manteros’ o los ‘vendedores ambulantes’, o a los bares que ocupan la veredas con mesas”.

“UBER no obstaculiza el espacio público ni la libre circulación (tal como lo declaró la Justicia Penal), sino que, contrario a esto, la favorece”, señalan el compañía de origen norteamericano y agregan que “estas acciones hacen evidente que no se ha encontrado en la actividad de Uber y sus conductores ninguna ilegalidad con base en la legislación actual y se ha falseado el Código Contravencional para bloquear los medios de pago y amedrentar a los conductores”.

Además acusan al fiscal por realizar dos allanamientos con decenas de policías en el marco de una causa contravencional cuya máxima sanción posible es una multa de 600 pesos para los conductores y de 30 mil pesos para la empresa

“El Fiscal Lapadú ha impulsado causas penales tributarias (causa 15712/2016, en trámite ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas No. 11 de la CABA) por el delito de evasión que, por su clara improcedencia temporal (faltaban once meses para poder iniciar cualquier causa), sólo tienen como fin presionar a UBER y los conductores”, indican en la compañía.

“Respecto a estas denuncias presentadas por los Sindicatos de Taxi, el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción No. 13, por su parte, en el marco de la causa 29155/2016, determinó el pasado 01/08/2016 que la conducta de UBER y de los conductores no constituye delito alguno, desestimando la denuncia presentada por los Sindicatos de Taxis tal como había sido solicitado por el Fiscal de la causa”, señala el documento y añade que “dicha decisión fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal. Ambas decisiones (la de primera instancia y la de la Cámara) han sido totalmente ignoradas por la Jueza Contravencional y por el Fiscal Lapadú”.

Por otra parte, denuncian que se realizaron allanamientos en los domicilios particulares de los conductores, confiscaron sus celulares y computadoras personales, “cuando es claro que esos allanamientos no iban a encontrar ningún tipo de documentación ni información útil para la ‘investigación’”.

EL documento señala que el fiscal Lapadú amenaza públicamente a conductores de UBER, afirmando que tiene sus datos financieros, e insiste en que va a realizar allanamientos con el fin de “arrestarlos”, cuando la pena de arresto sólo podría hacerse efectiva luego de que culminara un proceso contravencional y un juez hallara a los conductores culpables de la contravención imputada luego de varios años. “Por el contrario, el Fiscal Lapadú da a entender que el arresto es inmediato”, indica el texto.