La excepción reemplaza a las licitaciones

Los estándares internacionales de transparencia en materia de compras y contrataciones quedan relegados por los atajos legales a los que se recurre.
Desde Lomas de Tafí hasta un helicóptero. Cualquier excusa vale si lo que se pretende es tomar un atajo respecto de lo que dispone la ley. La calidad institucional y la imposición de reglas de juego claras no siempre comulgan con los argumentos que pone la celeridad en nombre de la urgencia. El viernes, el municipio de la capital declaró nulo el proceso de licitación abierto para concesionar los servicios de dos líneas urbanas de ómnibus. Los dimes y diretes que precedieron a esa decisión sólo contribuyeron a enrarecer el ambiente y a potenciar la discusión respecto de las falencias que presentan los sistemas de compras y contrataciones en el Estado.

“Es una experiencia eterna, que todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él... y va hasta donde encuentra límites”. La cita a Montesquieu (El espíritu de las leyes, 1748), uno de los más influyentes teóricos, sirve para graficar la tendencia que se observa en el país y, con especial énfasis, en Tucumán. Si bien existen leyes que obligan a los entes gubernamentales a seguir un proceso legalmente definido por el derecho administrativo para contratar, muchas veces estas son eludidas. Etimológicamente la palabra licitación proviene de la palabra en latín licitatio-onis, que significa “acción y efecto de licitar, ofrecimiento de precio de venta, venta por subasta, venta por oferta”. Según la Real Academia Española, la licitación consiste en una invitación a contratar de acuerdo a bases previamente determinadas, con la finalidad de obtener la oferta más beneficiosa para la administración. En definitiva, con este procedimiento administrativo (imperativo para cualquier gobernante, según el artículo 12 de la Constitución provincial), se busca encontrar las mejores condiciones técnicas y económicas en favor del Gobierno. ¿Por qué, entonces, se recurre cada vez más a las contrataciones directas? La vía de la excepción, que sólo las “razones especiales reclamadas por el bien público” -según mandato constitucional- pueden imponer, se convirtió en habitual.

Si bien cualquier cualquier fortalecimiento institucional y administrativo de los controles clásicos contribuirá para exigir una mayor responsabilidad a los funcionarios, los administrativistas concluyen en que no basta sólo con introducir modificaciones internas. Afirman que es necesario, primero, transformar el modelo y el estilo de gestión que se ha impuesto. Lo urgente, entienden, no puede relegar a lo correcto. En el ranking que Transparencia Internacional difunde en forma anual, Argentina figura en un incómodo puesto 105 ente 180 países. Una de las causales de esa calificación es la extrema endeblez que su sistema de contrataciones públicas ofrece frente a la sombra de la corrupción. Frente a las sirenas de alarma que se encienden, bien cabe una reflexión: muchas veces, la alfombra roja no va de la mano de la transparencia.

Las seis recomendaciones del manual de las licitaciones transparentes

1- Existe, de antemano, una fina estimación presupuestaria.

2- Se licita un proyecto de obra con todos los estudios previos correspondientes. Jamás se llama a una licitación con lineamientos generales que generen desigualdad y desinformación entre los oferentes, que no podrán elaborar ofertas porque desconocerán los costos probables de la obra. Si el Estado no lo tiene, puede hacer un concurso de proyectos y luego licitar la obra del proyecto ganador.

3- Se elaboran pliegos técnicos de licitación respetando el principio de igualdad, sin direccionarlos en favor de ninguna empresa o sector.

4- Se establecen plazos amplios de difusión del pliego para convocar a la mayor cantidad de oferentes.

5- Se muestra de un modo claro y seguro cómo será el financiamiento de la inversión.

6- Se firma el contrato con el adjudicatario respetando el modelo que integró el pliego.

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