Examen físico a jueces: la ley rige desde 2004

El proyecto enviado por el Ejecutivo ya fue promulgado hace cinco años. La oposición dice que el Gobierno está improvisando.
El Poder Ejecutivo ha remitido a la Legislatura tres proyectos que imponen determinadas pautas y exigencias para mejorar el desempeño de los magistrados. Uno de estos proyectos dispone, entre otros requerimientos tendientes a realizar una evaluación periódica técnica y de desempeño de los magistrados y funcionarios equiparados -que estará a cargo del Consejo de la Magistratura- que "en el aspecto psico-físico, se procederá a la instrumentación de estudios y/o exámenes de salud cada dos años por medio de Junta Médica Calificada", tal como se indica en el artículo 4°.

La iniciativa del Gobierno ha llamado la atención por cuanto existe una ley, la 7.192, de 2004, que en su artículo 3° establece la misma exigencia:"la Suprema Corte de Justicia deberá arbitrar los medios y modalidades para que "cada dos años los funcionarios judiciales, magistrados, fiscales, asesores y defensores del Poder Judicial de la Provincia, se sometan a estudios psico-físicos".

Este proyecto se suma a otros dos, uno de los cuales dispone computar el beneficio del cobro del adicional por antigüedad de los magistrados del Poder Judicial de la provincia sólo hasta que el magistrado o funcionario equiparado alcance la edad de 60 años.

El tercer proyecto establece que la Sala Administrativa de la Suprema Corte deberá disponer que las dependencias que no hayan alcanzado las metas fijadas en esta ley, concurran durante los días de feria judicial de julio a cumplir tareas atrasadas, sin derecho a licencia compensatoria.

Las tres iniciativas se inscriben el criterio de que "si bien la estabilidad de los magistrados, como principio constitucional y pilar de la división de poderes debe ser cuidadosamente resguardada, evitando cualquier intromisión del resto de los órganos del Estado (...) ello no puede ser motivo para establecer o mantener situaciones de privilegio", tal como lo señala el Ejecutivo.

Independientemente del curso que sigan estos proyectos enviados a la Legislatura, resulta inexplicable, respecto del examen psico-físico, la adopción de medidas que ya habían sido previstas en una ley anterior y que, según fuentes judiciales, se están aplicando.

El ministro de Gobierno, Mario Adaro, explicó ayer el nuevo proyecto señalando que en realidad hay un cambio en la normativa, porque ahora el control se coloca bajo la órbita del Consejo de la Magistratura y no de la Corte. "En síntesis, buscamos darle un orden lógico a las normas ya que el control técnico será responsabilidad también del Consejo", dijo, a la vez que negó que haya otra razón para esta modificación.

Adaro asistirá hoy al Senado para explicar y defender los tres proyectos que ya cuentan con reparos de la oposición que los consideran "electoralistas".

"Improvisación"

Sin embargo, el tema ha generado inquietudes, como la que expresó Omar Ligonié, ex legislador por el PD, y autor de la ley sancionada en 2004.

"Me preocupa ver que uno de los tres proyectos que el Poder Ejecutivo ha enviado para controlar a los jueces sea muy similar al que rige desde hace cinco años. Esto habla de la improvisación de la clase política, por no decir que puede haber un grado de especulación en vistas a las elecciones".

Ligonié señaló que la idea de realizar exámenes psicológicos y físicos tanto preventivos (a los aspirantes) como de control (a los magistrados en funciones) cada dos años pasaba por "realizar un control real y efectivo de las ausencias y algunas eternas licencias de muchos jueces".

La herramienta está desde 2004, razón por la cual el legislador no se explica esta nueva disposición. "Si para la la actividad de los magistrados el Gobierno tomara en cuenta las leyes que ya existen, evitaría discutir los temas dos veces seguidas.

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