Evaluarán el impacto ambiental de las obras públicas ejecutadas en 2008

Luego de que un informe de la Auditoría General de la Provincia (AGP) detectara que las obras ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas provinciales no cumplían con la evaluación previa del impacto ambiental que establece la ley 7.070, los ministros de Ambiente, Julio Nasser, y de Finanzas y Obras Públicas, Carlos Parodi, dispusieron la realización de un proceso de "Re Evaluación Integral de la Obra Pública" que fuera ejecutada durante su primer año de gestión.
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En realidad, más que una "re evaluación", en la mayoría de los casos se trata de una primera evaluación del impacto ambiental, ya que el mismo nunca se llevó acabo.

De hecho, la resolución 494/09 significa una suerte de reconocimiento, por parte de los funcionarios, de que, tal como lo sostenía el organismo de control, las obras ejecutadas no cumplían con la exigencia legal previa de que se estudiara cómo estas obras podían impactar en el medio ambiente.

De ahí que el procedimiento establecido por Parodi y Nasser incluya la confección de un listado exhaustivo de las obras realizadas entre diciembre de 2007 y el mismo mes de 2008, y la realización de las declaraciones juradas ambientales, la definición de los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental y social, la evaluación de esos impactos, y la convocatoria y realización de audiencias públicas.

Pero además, los ministros se comprometen a emitir, en un plazo no mayor a los 6 meses, los correspondientes certificados de aptitud ambiental y los planes de mitigación, remediación o compensación de las obras que hubiesen provocado un impacto.

Incumplimiento

Es que el informe de la AGP, publicado en abril pasado por Nuevo Diario, mostraba cifras que eran categóricas en cuanto a la indiferencia que tenía la ejecución de obras públicas con respecto al medio ambiente. Según la auditoría, de las 561 obras públicas realizadas entre enero de 2007 y julio de 2008, sólo 17 habían cumplido con los artículos 28º y 46º de la norma ambiental que obligan a los organismos públicos que quieran darle curso a los planes, proyectos u obras a tener como condición previa el Certificado de Aptitud Ambiental que extiende el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Esto significa que tanto la Secretaría de Obras Públicas del ex gobernador Juan Carlos Romero, como la del actual mandatario, Juan Manuel Urtubey, no velaron por la preservación del medio ambiente.

Según el informe auditor, la Secretaría de Obras Públicas tomó facultades que no le eran propias para decidir cuáles eran las tareas que requerían estudio de impacto ambiental, y cuales no, "con la pretensión de atribuirse la facultad de determinar cuales son las obras que pudieran causar daño ambiental". Pero además, esas decisiones no eran justificadas mediante el acto administrativo correspondiente.

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