Evalúan presentar una denuncia penal por el "escándalo" de las obras de alumbrado

Ante la ola de quejas de vecinos por los "excesivos" costos de las obras de alumbrado que lleva adelante el gobierno municipal, la Asociación Defensa de Calidad de Vida y Derechos del consumidor y usuarios emitió un comunicado de prensa titulado "Pulti y el escándalo de las obras de iluminación en los barrios del sur de la ciudad". Desde la entidad se remarcó que "no se puede comprometer a una persona a pagar por una obra que no está terminada y sobre la cual no se le informó en tiempo y forma", y se advirtió la posibilidad de llevar la cuestión a una instancia Judicial.
La Asociación Defensa de Calidad de Vida y Derechos del consumidor y usuarios (ALCALDER) realizó este lunes una presentación ante el HCD, con motivo del actual plan de obras de iluminación en 41 barrios de la ciudad, bajo la regulación de la Ordenanza N º 19092/09 del sistema de contribución por mejoras.

Según el texto al que 0223.com.ar tuvo acceso, la entidad pidió que se "investiguen las denuncias de los vecinos de los Barrios San Martín, El Progreso, Cerrito, San Salvador junto al total de 41 barrios que habrían sido beneficiados con el último plan de luminarias delineado y proyectado por el Departamento Ejecutivo y cuya ejecución ya se encontraría en marcha".

Asimismo, hicieron referencia a "las serias falencias que habrían caracterizado su implementación y según la manifestaciones públicas de los vecinos de los citados barrios, a lo que se suman las contradicciones y llamativas modalidades de adecuación a la queja por parte del propio gobierno comunal", y señalaron que "de ser comprobadas, implicarían, grave incumplimiento por parte del Estado Municipal, de las leyes que regulan la Defensa del Consumidor del Usuario y con la connotación aún más grave que constituye que el Municipio de General Pueyrredon es la autoridad de aplicación de dicho Instituto Constitucional en nuestro ámbito".

En función de ello, repararon en la "gravedad de los hechos denunciados por los vecinos de nuestra ciudad, también por el propio titular de la Comisión de Obras, Infraestructura y Planeamiento Concejal Arq. Carlos Katz y por el concejal Eduardo Abud, titular de la Comisión de Promoción y Desarrollo del HCD, en la sesión ordinaria del día 24 de septiembre, porque se habría faltado, desde el Departamento Ejecutivo, al cumplimiento de uno de los pilares fundamentales de esta regulación jurídica de protección al más débil en la cadena de contrataciones: el usuario o consumidor, constituido por el 'deber jurídico de informar'".

Y advirtieron que también "se habría vulnerado el principio de buena fe en el deber de informar, frente a la contratación o compromiso de pago a contraer, fundamentalmente en su precio y plazo".

"Consideramos también, que el Estado Municipal habría incumplido con el deber jurídico de informar, y con lo dispuesto con la Legislación , al no garantizar el acceso a la información por parte de los vecinos de los 41 barrios involucrados en estas obras en cuanto al Registro de Oposición, requisito explícitamente requerido en la Ordenanza municipal Nº 19.092. (ya que no puede considerarse como tal la publicación de un Edicto, en uno de los diarios locales de menor tirada) ya que mientras esta modalidad prosperaba, por otro lado los vecinos continuaban convencidos que dichas obras no provocarían erogaciones, pues así se los habían manifestado desde el propio Gobierno comunal y así se había publicado en distintos medios de prensa locales, con anterioridad en función de que el Municipio recibió desde el Gobierno Nacional los fondos necesarios para hacer frente a esta Obra", resaltaron desde la Asociación local de defensa del consumidor.

Más adelante, representantes de ALCALDER consideraron que "agrava la situación aún más el hecho de que los vecinos han tomado conocimiento que el costo para cada rentista es superior a los $1.500, una vez que se había dado inicio a las obras, pagaderos en 12 cuotas", al tiempo que contrapusieron que, como consecuencia de los reclamos, "se comenzaron a dar por los medios distintos precios alternativos como, por ejemplo, 12 cuotas de $ 80 y luego 12 de $ 50, mientras que el documento que se les procuró hacer firmar, los obligaría a cancelar y hacerles exigibles la totalidad del pago a la finalización de la obra; lo que hace ratificar lo imprudente, improvisado y rayano en lo delictual del procedimiento, adoptado por el Departamento Ejecutivo".

En esa línea, ratificaron la imposibilidad de solicitar "anticipos de pago" ya que "sólo, desde el ordenamiento jurídico local vigente, le será exigible al vecino el pago en cuotas a partir de que la obra se encuentre terminada". Por su parte, la presidenta de ALCALDER, Norma Bukmeier, cuestionó en diálogo con 0223.com.ar "el desastre" que trajo aparejada la implementación de la Ordenanza 19092 "por la confusión, en forma deliberada o no, que produjo en los vecinos".

En ese sentido, explicó que lo que buscan aclarar es "si ésa confusión se debió o no a la torpeza de los funcionarios públicos porque el frentista se enteró con una obra ya comenzada que los postes de luz debía pagarlo él, cuando hasta ése momento la versión oficial era otra". "Mientras se decía una cosa por un lado, por el otro se hacían los trámites para que la situación prosperara a espaldas del conocimiento genuino de la gente", criticó.

"Si ha sido una maniobra deliberada de engaño a los vecinos, el Municipio deberá hacerse cargo de las consecuencias de haber publicado una cosa inexacta y cumplir con lo dicho en primera instancia, es decir que las obras iban a ser gratuitas, como lo indica el Instituto de Defensa del Consumidor", señaló.

Finalmente, Bukmeier advirtió que, teniendo en cuenta que "no se puede comprometer a una persona a pagar por una obra que no está terminada y sobre la cual no se le informó en tiempo y forma", en caso de no revertirse "claramente" la cuestión, "los vecinos y ALCALDER podríamos realizar una presentación ante la Justicia para que se cumpla con lo dicho en un principio".

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