Evalúan si piden juicio oral en la causa Minera Alumbrera.

El ejecutivo de Minera Alumbrera, Julián Rooney, estaría cerca de sentarse en el banquillo de los acusados si el fiscal federal Nº1, Emilio Ferrer, decide avanzar en un requerimiento de elevación a juicio de la vieja y polémica causa abierta por contaminación ambiental.
El expediente resucitó en mayo del año pasado, cuando la Cámara Federal de Apelaciones echó por tierra la falta de mérito que había declarado el destituido juez Terán y dispuso el procesamiento de Rooney, quien está acusado por la contaminación en el canal de desagüe DP2, donde la minera vuelca sus efluentes industriales.

Por primera vez, el polémico ejecutivo de Minera Alumbrera, Julián Patricio Rooney, estaría cerca de sentarse en el banquillo de los acusados por contaminación ambiental. El fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer, confirmó ayer a primerafuente que evalúa el expediente que se inició hace casi una década contra la empresa para concluir si corresponde solicitar nuevas medidas en la investigación o requerir la elevación de la causa a juicio oral.

Para ello, el fiscal ya tiene en sus manos el abultado expediente que le fue remitido hace unos días por el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo. Cabe recordar que la causa resucitó a fines de mayo del año pasado, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán -en un trascendente fallo esperado por los ambientalistas de todo el país- echó por tierra la falta de mérito que había declarado el destituido juez Felipe Terán y dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Rooney como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el artículo 55 de la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051.

En ese fallo, los camaristas Ernesto Wayar (presidente), Graciela Fernández Vecino y Raúl Mender, y en disidencia Ricardo Sanjuán (Marina Cossio de Mercau estuvo ausente al momento de la votación), concluyeron que quedó demostrada “la realización de una actividad contaminante del agua a través del derrame de efluentes industriales sin previo tratamiento de descontaminación, en el canal de desagüe DP2”.

Si bien la defensa de la minera apeló la decisión de los magistrados ante la Cámara Nacional de Casación Penal -por lo que eventualmente podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, Ferrer aseguró que este trámite judicial no tiene efectos suspensivos sobre el curso de la causa en Tucumán.

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