El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario de la Provincia evalúa despedir, al menos, a 18 agentes de la fuerza por el acuartelamiento de los pasados 3 y 4 de diciembre, que derivó en dos días de saqueos y caos en la Capital cordobesa.

Así lo confirmó anoche a este diario Martín Berrotarán, presidente de ese tribunal. “La causa se encuentra en trámite, todavía no hay ninguna resolución”, sostuvo el funcionario. Ayer, algunos medios dieron por hecho que la medida ya había sido dispuesta, pero eso fue negado desde la Provincia.

De concretarse los despidos, se sumarían a las siete exoneraciones de policías ocurridas el viernes pasado.

El motivo de la separación de la fuerza de esos agentes fueron las protestas que llevaron a cabo sus esposas en reclamo de un aumento salarial para la Policía, que luego derivaron en el acuartelamiento. El tribunal los acusó de incitar y no contener la protesta de sus parejas.

La medida fue recurrida por el abogado de los policías, Miguel Ortiz Pellegrini, quien consideró “retrógrada” la decisión por el concepto de que las mujeres deben tener un sometimiento a sus maridos.

Imputados

Sobre los otros 18 posibles nuevos despidos, Ortiz Pellegrini explicó ayer a La Voz del Interior que forman parte de los agentes que fueron detenidos y luego liberados el 12 de marzo pasado, y que aún siguen imputados por desobediencia a la autoridad e instigación a cometer delitos.

Pese a los fuertes rumores de que los despidos ya eran un hecho, el abogado declaró que aún no había recibido una notificación oficial. En tanto, el jefe de la Policía, Julio César Suárez, dijo ayer en declaraciones a la prensa que posiblemente hoy se conocerá la resolución del Tribunal de Conducta.

Ortiz Pellegrini recordó, asimismo, que hay un compromiso firmado por el gobernador José Manuel de la Sota de no aplicar ninguna sanción. “Si el acuerdo fue ilícito, es ilícito que el jefe de Policía y los miembros del Tribunal de Conducta no deberían cobrar los aumentos a los que se arribó”, sostuvo.

Ortiz Pellegrini dijo que le sorprende la “premura” de las autoridades policiales, cuando todavía no han tomado medidas con los oficiales involucrados en casos de narcotráfico y sí con los que protestaron por salarios.

Las consecuencias

Huelga. El acuartelamiento de los policías durante el 3 y 4 de diciembre derivó en violentas jornadas de saqueos en toda la Capital. Como consecuencia, siete agentes fueron exonerados y 16 están imputados por desobediencia e incitación al delito.

Comercios. Uno 1.300 comercios fueron víctimas de horas de robo. En la mayoría de los casos, no les dejaron nada; y a varios, además, los incendiaron. Muchos de ellos no pudieron volver a abrir.

Detenidos. A principio de mes, unas 80 personas permanecían detenidas por los saqueos. Tres ya fueron condenados a entre dos años y medio y cuatro años de prisión efectiva.