Los líderes de la Unión Europea (UE) abrieron ayer en Bruselas una difícil negociación con el objetivo puesto en materializar un controvertido acuerdo con Turquía que frene la llegada de migrantes. El plan, presentado hace diez días, convierte al país euroasiático en el elemento central de respuesta del bloque regional a la peor crisis migratoria en décadas. Según la canciller alemana Angela Merkel, que se declaró optimista aunque queden muchas cosas por hacer, por primera vez hay una oportunidad para encontrar una solución duradera a la cuestión de los refugiados. Pero las negociaciones dentro del bloque son complicadas. El proyecto, que supone que Turquía acepte de nuevo a los migrantes que entran ilegalmente a Grecia, fue criticado por varios de los Estados miembros. “Tengo un optimismo prudente, pero para hablar francamente, soy más prudente que optimista”, resumió ayer el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, encargado de negociar en nombre de los 28 con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, que llegó anoche a Bruselas.

Antes de partir, Davutoglu dijo que Turquía hizo una propuesta clara y honesta a la UE, pero advirtió que “no se convertirá jamás en una prisión a cielo abierto para los migrantes”. La propuesta de Ankara de hace diez días sorprendió al bloque, que desde hace meses busca su cooperación para frenar las llegadas, que en 2015 alcanzaron un millón de personas y que en lo que va del año ya suman más de 150.000. Ankara propuso aceptar en su territorio a todos los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, que lleguen a las islas griegas, lo que plantea numerosos interrogantes y le valió a las capitales europeas la advertencia de Naciones Unidas, que señaló como ilegal “posibles expulsiones colectivas y arbitrarias”.

La ONU y numerosas organizaciones humanitarias señalaron que el principio de acuerdo con Ankara iría contra las normas de asilo porque, tal y como fue planteado, implica la devolución masiva de personas sin tener en cuenta que pueden tener derecho a recibir protección. También cuestionaron su traslado a Turquía, que no está claro que sea realmente “un tercer país seguro”. Varios países europeos también se mostraron preocupados por las consecuencias legales del preacuerdo y algunos directamente lo rechazan, como por ejemplo España, que lo calificó de inaceptable y dijo que rechazará expulsiones colectivas de refugiados.

La Comisión aseguró esta semana que el acuerdo respetaría el derecho internacional sobre la protección de los refugiados y que todas las solicitudes de asilo serían analizadas individualmente, con la posibilidad de apelar una orden de expulsión. Pero no despejó las dudas. “El paquete propuesto es muy complicado, será muy difícil de implementar y está en el límite de la legalidad internacional”, estimó la presidenta lituana, Dalia Grybauskaite. Por cada migrante que llegue a las islas griegas y que sea devuelto a Turquía, los europeos admitirán a su vez en sus países a un refugiado sirio, de los 2,7 millones que ya están en Turquía, un mecanismo llamado “uno por uno”.

El objetivo del plan es poner fin al negocio de las mafias y organizar la llegada de refugiados a Europa por vías seguras y legales, frenando al mismo tiempo las llegadas de migrantes. A cambio Turquía pide varias contrapartidas a la UE. Además del “uno por uno”, quiere un régimen especial de visados para sus ciudadanos que viajen al bloque y pretende que eso se aplique a partir de junio. En la mesa también está la petición turca de acelerar el proceso de adhesión del país a la UE. Estas exigencias dejaron perplejos a varios Estados miembros, algunos de los cuales denuncian un régimen cada vez más autoritario que amordaza a la prensa.

Las dudas sobre la postura de Chipre, más propenso que sus socios a bloquear un acuerdo con Turquía por un histórico litigio sobre la isla, parecían despejarse antes de la cumbre. El presidente chipriota Nicos Anastasiadis aseguró que su país “no será un obstáculo siempre que tengamos desde el principio la condición de que cada candidato a la adhesión a la UE” reconozca al gobierno de la República de Chipre. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró que la adhesión de Turquía a la UE “no está absolutamente en el orden del día”.

Según el proyecto de declaración final, los europeos están dispuestos también a otorgar a Turquía una ayuda de 3.000 millones de euros hasta 2018 para organizar la acogida de refugiados en su territorio, que se suman a otros 3000 millones acordados en noviembre. Por esto, el presidente checo, Milos Zeman, acusó esta semana a Turquía de chantaje. “No me siento chantajeado por Turquía”, comentó Juncker, en una entrevista concedida al periódico alemán Handelsblatt. En el terreno, en tanto, la situación sigue siendo dramática para los migrantes. Tras el cierre de la ruta de los Balcanes, hay en Grecia más de 40.000 migrantes bloqueados, muchos de ellos acampados en difíciles condiciones en la frontera greco-macedonia.