Mientras la causa por YPF en los tribunales de los Estados Unidos se moviliza y comienza su etapa -aunque larga en el tiempo- de definiciones, un caso paralelo espera agazapado en boxes esa resolución para avanzar. Se trata del iniciado por el fondo Eton Capital, que también se presentó en el mismo tiempo que el Burford Capital (quien lleva adelante la causa contra Argentina que ahora debe definir la Corte Suprema de los Estados Unidos) y que para la jueza Loretta Preska está atado a la suerte del fondo inglés. Así como Burford le reclama al país por sentirse damnificado por la forma en que el Gobierno de Cristina de Kirchner realizó la renacionalización; Eton Park reclama también por ser socio anterior a la salida de Repsol en 2012. Según este fondo con sede en Nueva York, la manera de realizar la nacionalización prohibiendo que se repartieran dividendos durante un tiempo (uno de los argumentos de Burford), hizo que las acciones de la empresas cotizantes en Nueva York se desplomaran luego de la operación, perjudicando a los inversores privados que quedaron fuera del proceso. Este sólo alcanzó el 51% de Repsol, a la que se le pagaron u$s5.371 millones cash. El resto de los socios (entre ellos, empresas residuales del Grupo Petersen radicadas en España y que los socios argentinos presentaron en concurso), no recibieron dinero por la reestatización; a la vez que se les prohibió recibir dividendos. Esto derivó, según la presentación judicial, en una pérdida en el valor de los activos que generó luego pérdidas millonarias en dólares en los inversores convocados por el fondo Eton. Estos, al igual que Burford, reclaman por la forma en que desde la Argentina se reestatizó la petrolera, con realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada por Carlos Menem. Allí el país se comprometía ante Wall Street, donde se lanzó la oferta de las ADR de la petrolera, a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta similar o superior por el total las acciones remanentes. Durante la reestatización, el Gobierno de Cristina de Kirchner no le dio importancia a este punto. Tampoco el Congreso, que aprobó la compra de sólo el 51% de las acciones.

Eton Park había adquirido en diciembre de 2010 el 1,63% del capital de YPF (entonces controlada por Repsol) por unos u$s250 millones, y nunca vendió su parte. Esto la separa del caso de Burford, que compró los derechos del juicio a Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que la familia Eskenazy creó en España pero que al momento de la reestatización ya había abandonado y cuya propiedad había quedado bajo jurisdicción de los tribunales españoles. Luego, una vez adquirido el paquete a precio de remate, mudó sus intereses a los tribunales del segundo distrito sur de Nueva York.

El argumento de Repsol para vender estas acciones a Eton en 2010 fue que la empresa necesitaba capitalizarse para avanzar en diferentes inversiones en territorios “menos complejos” como la Libia de Muamar Gadafi y otros mercados del norte de África. A su vez, Eton no era un desconocido en la Argentina. Ya había ingresado en 2009 en Pampa Energía, comprando el 5% de la compañía. En estos tiempos se presentaba como un poderoso fondo concentrado en inversiones de energéticas, que prometía volcar al país miles de millones de dólares en un mercado que prometía ser muy rentable. Para 2009 se hablaba insistentemente de la decisión del Gobierno de Cristina de Kirchner de revalorizar las tarifas de los servicios energéticos, comenzando un proceso de eventual desmantelamiento de subsidios a las tarifas de electricidad, con lo que la valorización de bursátil de las compañías que generaban, distribuían y suministraban el servicio deberían comenzar a subir. La decisión nunca se tomó durante el kirchnerismo y la inversión de Eton, obviamente, no generó las rentabilidades esperadas.

En el momento de la expropiación, YPF tenía un valor aproximado de u$s15.300 millones, y la acción se pagó unos u$s39; mientas que en el momento de iniciar la causa el valor era de u$s 25. La última cotización en Wall Street correspondiente a la jornada pasada fue de u$s14,31. Bajo estos números se basa Eton para realizar su reclamo doble: por la pérdida en los valores de las acciones y la falta de una OPA.

El avance de la causa en los tribunales de Preska dependerá ahora de la decisión que tome la Corte de EE.UU. luego que el “solicitor general” (el Gobierno de Donald Tump) le envíe su informe final sobre su opinión ante el reclamo de la Argentina de mudar la totalidad de la causa al país. El “solicitor” no tiene tiempos máximos y su paper podría demorar hasta octubre para llegar a una resolución. Esta opinión no es vinculante, pero la Corte deberá esperar a que llegue la respuesta para poder avanzar. La especulación que se hace desde Buenos Aires es que no habrá novedades hasta el último trimestre del año, con lo que la decisión de la Corte recién se conocerá a fin de año. Si la resolución final es que el reclamo argentino es valedero, la causa pasará a ser tratada por los jueces argentinos, quienes manejarán todo según sus tiempos criollos. Si la Corte decide que es Preska quien deberá resolver la causa, quedará firme el fallo de primera instancia, contrario a los intereses argentinos y el Gobierno que suceda a Mauricio Macri tendrá que pensar en cómo resolverá la demanda. En esa instancia además se sumará Eton con su reclamo, pidiendo el mismo tratamiento jurisprudencial que se le dé a la demanda de Burford.

Eton reclamaba unos u$s300 millones. Sin embargo, el 12 de julio de 2018, vendió el 70% de su demanda a Burford en unos u$s21 millones de dólares, quedándose con el 30% restante. La venta se debió a que algunos inversores que habían apostado a favor de la causa, decidieron correrse de la misma y vender sus acciones. Eton llamó a Burford que, muy interesado, pagó al contado.

La operación de ingreso de Eton en YPF había sido anunciada por Repsol el 24 de diciembre de 2010; siguiendo un severo plan de desinversión que afectaba sus intereses en el país. Dos fondos con sede en New York compró ese día el 3,3% de las acciones de la petrolera argentina en unos u$s 250 millones. Uno fue Eton. La otra parte de las acciones (el 1,63%) fueron compradas por otro fondo, el Capital Guardian Trust, de quién hasta hoy no se tienen novedades. En el momento de la operación, YPF valía unos u$s 15.000 millones según la valuación de las ADR de la petrolera en Wall Street.