Un año sin "Ética"

El 22 de mayo del 2008 el Ejecutivo presentó en Diputados un ambicioso proyecto que fija pautas de comportamiento, establece un régimen de declaraciones juradas hasta el cargo de Director e impulsa la creación de una Comisión Provincial de Ética Pública. Fue sancionada pero aún no se reglamentó.
El Poder Ejecutivo provincial presentó hace un año atrás un proyecto de Ley que busca dotar de mayor transparencia y eficiencia al Estado. Además, Fija pautas de comportamiento, establece un régimen de declaraciones juradas hasta el cargo de Director e impulsa la creación de una Comisión Provincial de Ética Pública.

Se trata de una de las iniciativas que el Gobernador Daniel Peralta, anunció en su campaña electoral durante el 2007 y que fuera celebrada por todo el arco político, incluso el opositor, ya que supone un avance notable en la materia.

La norma incorpora sustanciales modificaciones al régimen de presentación, el contenido, la actualización, la publicidad y el contralor de las declaraciones patrimoniales, y se extendía el universo de personas obligadas a cumplir con este requerimiento hasta el rango de Director y Secretario, según el ámbito de desempeño.

Pero tras ser sancionada -el año pasado- por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, hasta el momento no fue reglamentada por el propio Ejecutivo. Inclusive, en las últimas semanas el partido Encuentro Ciudadano presento un proyecto en la Legislatura pidiendo que la Ley sea reglamentada.

Transparencia

El proyecto de la Ley ya aprobado menciona que el proyecto "es mucho más ambicioso" que la legislación anterior, porque fija pautas de conducta que deberán observar los funcionarios en el desarrollo de su actividad y establece prohibiciones, incompatibilidades y deberes de comportamiento ético en procura de "proteger el interés general por sobre el particular".

Con esta iniciativa el Gobierno manifestó expresamente que el principal objetivo de esta ley es "dotar de mayor transparencia a la gestión pública, posibilitando a todos los ciudadanos para que en el ejercicio de sus derechos puedan controlar y tener acceso a toda la información".

Artículos

En el primer artículo, se establece que la norma propuesta busca establecer "deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables sin excepción a todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa o por concurso" y precisa que su aplicación se extiende a "todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado Provincial".

En tal sentido, exige para el ejercicio de la función pública "honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana"; menciona la obligación de "velar por los intereses del Estado provincial, privilegiando el interés público sobre el particular", como así también "mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público realmente lo exijan".

Asimismo, contempla la posibilidad de que quienes no se ajusten a estos preceptos sean "sancionados o removidos de sus cargos".

Uno de los puntos centrales del proyecto es el nuevo ‘Régimen de Declaraciones Juradas’, que fija un plazo de 30 días hábiles desde la asunción de un funcionario para su presentación, además de una actualización anual y una última presentación luego de la cesación en el cargo. Asimismo establece que, de sancionarse esta ley, las personas que ya se encuentran en funciones deberán realizar nuevamente sus declaraciones.

Incompatibilidad

Si bien la norma precisa que la Comisión Provincial de Ética Pública deberá redactar un reglamento específico, el proyecto mismo marca como incompatibles que los funcionarios y empleados sean proveedores por sí solos o por terceros del Estado, o tengan relación laboral con quién tenga una concesión o sea proveedor y establece de manera tajante que los funcionarios "no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones" y que en el caso de que lo hagan "deberán ser incorporados al patrimonio del Estado para ser utilizados con fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico y cultural de la provincia".

En el caso que algún funcionario este comprendido en alguna de estas prohibiciones, de sancionarse este proyecto con fuerza de ley, deberá "optar entre el desempeño de su cargo y la actividad incompatible". (TiempoSur Digital).

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