Etapas que implican grandes decisiones

A una semana de la liberación del empresario Leonardo Bergara, tras un secuestro de 33 días, la situación se ha tornado un tanto más difícil.
A diferencia de otros casos, no abundaron las declaraciones triunfales de funcionarios, que se producían aún ante liberaciones tras suculentos pagos de rescate y sin detenciones.

El caso Bergara ya tenía otra impronta totalmente distinta de la de un hecho de secuestro común si es que podemos asignarle esa categoría. Ya forma parte de la historia remota la identificación de llamadas a policías, que involucraría muchos uniformados. Luego aparecieron más implicados relacionados con la institución policial. Uno por ser propietario de la casa donde fue hallado el propio Bergara y el otro por ser presunto dueño del auto que trasladaba a la víctima.

Pero el análisis político de estas horas es alimentado por sospechas. Según las mismas, podría haber algo más que una sumatoria de voluntades de policías a nivel individual que, aprovechándose de una situación, se lanzaron a una riesgosa aventura en procura del gran golpe que cambie sus vidas.

Lo cierto es que, - a partir del esclarecimiento “a medias” del secuestro, con pago de rescate y aparición de la víctima-, cayeron más pesadas las fichas. Hay muchos interrogantes y reflexiones sobre cómo avanzar en la relación con la institución policial. Esto, después de ciertos mensajes desde lo más encumbrado del poder para respaldar con una confianza ciega a la fuerza. Cabe recordar que no hace mucho, el gobernador Daniel Scioli dijo que no le podía pedir extremos esfuerzos a “un policía que tenía la sensación de que en cualquier momento lo iban a rajar” .Eso mostrò un fuerte cambio respecto de anteriores gestiones que habían hecho del control y la purga, en mayor o menor posibilidad, importantes herramientas disciplinarias.

Ahora, afloraron los nervios provocados por la tensión de este caso. Y generaron una distorsión en el discurso oficial que, en la etapa “Scioli”, siempre pareció cerrar prolijamente con premisas que son tan indiscutibles como conocidas por el común de la gente. Pero esta vez, los acontecimientos superaron a la oportunidad del argumento oficial y por ende a la respuesta oficial mediática.

Justamente, el lenguaje hacia los medios -como el canal más elegido por esta gestión para construir y fortalecer autoridad pública- demostró un contraste muy fuerte en pocas horas.

Fue cuando Scioli estableció la pauta de separar de la fuerza a los malos policías. Como acto seguido, anunció una reunión con su ministro del área, Carlos Stornelli para, supuestamente profundizar y agilizar esos cambios.

Pero tan grande fue la expectativa como también la frustración ante un híbrido anuncio de promover sólo pequeños retoques correctivos en el devenir del “día a día”. Tal respuesta parecía más proveniente de una cancillería, por su contenido diplomático, que de un nivel del poder del cual se aguardan precisiones sin doble lectura.

Punta de iceberg

El caso Bergara operó como una suerte de “punta del iceberg” que esconde un panorama en la policía muy particular y que ahora con estos casos se hace acreedor a las miradas de todos los bonaerenses.

Habrá que percibir en los próximos días como opera todo este discurso en una fuerza de más de cincuenta mil hombres. No pocos analistas consultados -conocedores de hace mucho tiempo de esta realidad- reconocieron un “clima de estado deliberativo” simultáneo con las oscilaciones en la actitud oficial. Ocurre que en la institución civil armada más importante del país siempre se espera un rosario de loas ante una imagen de colaboración incondicional como contraprestación. Ese es, tal vez, un mensaje no escrito y un código cifrado que, quien está empapado de la temática, lo comprende fácilmente. Los expertos señalan, siempre en abstracto, que la ruptura de ese código puede implicar la activación de ciertos mecanismos no deseados que deben ser controlados con suficiente autoridad y no sólo con imagen. Con este último desafío se vio, por ejemplo a la intervención civil y a la primera gestión de León Arslanián. Allí, el respaldo político fue clave.

Pero además de recibirse un mensaje que se considera con falta de claridad, existirían otras problemáticas en la institución. Una de ellas se relaciona con los recursos. En algunas comisarías se ve una demora no habitual en la entrega de las denominadas “cajas chicas”, que permiten salir adelante con algunos gastos de funcionamiento considerados vitales como reparaciones menores en patrulleros y compras de algunos insumos.

Pero esto último sería más motivo de preocupación más que de deliberación interna.

Mientras tanto, hay señales de alerta de la maduración de una interna histórica que revela las disputas constantes, aunque siempre con demostraciones sutiles. Y esta va más allá de un caso emblemático. Trata de una confrontación de acuerdo con la formación desarrollada en la fuerza. Están los denominados “caciques de la calle”, que siempre estuvieron en contacto con el operativo directo para combatir a la delincuencia. Y están los “científicos” que, en su recorrido de vida, adquirieron conocimientos de estrategia para combatir el delito pero con poca “empiria” al respecto. Cada sector marcó siempre su sello cuando le tocó mirar desde arriba de la cúpula y, obviamente, afectó al sector rival con atrasos en la carrera y falta de recursos, entre otras cuestiones.

Son estos, datos que no resultan ajenos a quienes toman decisiones respecto de la estructura policial, así como también con respecto a su despliegue en el marco de una política de seguridad. Es decir, que este panorama no es desconocido en grandes niveles de decisión.

Otros enfoques

Otro factor que completa el panorama es el de la oposición. Su discurso se da con distintos matices. El sector más ligado a la derecha como el Pro apoya algunas normas ligadas a la denominada firmeza en la lucha contra el delito y habla poco, o por compromiso, respecto de la exclusión social como causa de la inseguridad. Otro sector opositor como la Coalición Cívica y la UCR, reprochan que el gobernador Scioli no considere a la seguridad como una política de estado para poder así convocar a todos los sectores involucrados.

Lamentan en ese aspecto que no haya habido recreación del consejo provincial de seguridad o se hayan promovido otros ámbitos de entendimiento. “la Bicameral que existe tuvo en sus manos un proyecto importante como el cambio de escalafón policial pero poco y nada duró su tratamiento y hubo que debatir en base a un dictamen impuesto por mayoría” señaló un legislador.

Muy pocos saben si Scioli adoptará alguna decisión sustancial en los próximos días. La tentación para que este problema deje de estar en las primeras planas de los diarios es muy grande. El principio político que indica que aquello que no trasciende no existe puede ser operativamente fructífero en una coyuntura, pero también es un riesgo importante: Quedan cuentas pendientes cuyo saldo cobra más virulencia cuando, nuevamente el mismo problema sea explorado en el espacio público mediático.

Por eso, la disyuntiva estará, por estas horas, entre una firme decisión de gestión o una especulación acerca de cuanto ruido hará en los próximos días un caso específico y no menor vinculado con la inseguridad bonaerense. (www.agencianova.com)

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