La etapa del manoseo.

Por: Néstor O. Scibona.

Hay un hilo conductor que vincula en la Argentina la desconfianza en la política y en la economía: el manoseo de las instituciones y de las estadísticas públicas. Estas formas de defraudación a la confianza de la sociedad hacen que nadie sepa dónde está parado de aquí a las elecciones de fin de junio, y, mucho menos, qué ocurrirá después de ellas. Todo está en la misma caja de sorpresas.

El adelantamiento del cronograma electoral y el insólito "plebiscito" que se está gestando en el conurbano bonaerense no constituyen acciones ilegales, pero van en contra del espíritu de la Constitución; especialmente en lo que se refiere a candidaturas para bancas legislativas, que de antemano se sabe que no serán ocupadas. Que la oposición haya realizado jugadas similares no constituye una justificación para igualar hacia abajo; ni tampoco para deslegitimar aún más una renovación parlamentaria en la que sólo los dirigentes políticos se encargan de definir candidatos.

La falsificación de estadísticas oficiales, a su vez, viola la letra del texto constitucional, aunque la Justicia lleva dos años sin pronunciarse al respecto. Pero, además, le quita sustento político al argumento de enfrentar la crisis económica utilizado para adelantar las elecciones. Si hubiera que atenerse a los datos del Indec, la actividad económica crece, aunque a menor ritmo; la inflación es de un dígito anual; la pobreza descendió, al igual que el desempleo y mejoró la distribución del ingreso. En este panorama ideal, además, comenzó a recuperarse la recaudación impositiva.

Una lectura más objetiva indica, en cambio, que se trata en ambos casos de mamarrachos institucionales con los que el oficialismo busca enmascarar dos fenómenos coincidentes: su debilitamiento político y una progresiva declinación de la actividad económica que se manifiesta en la estrechez de caja fiscal. En 2009 llegó a su fin la etapa en que era posible subestimar groseramente el presupuesto nacional a fin de disponer de enormes excedentes de recaudación para distribuir discrecionalmente entre la tropa propia y los aliados políticos.

Los números fiscales de la provincia de Buenos Aires dan cuenta de esta realidad. Según datos de la consultora Analytica, que dirige el economista Ricardo Delgado, el bache de necesidades financieras del distrito bonaerense se ubicaría este año entre 10.000 y 12.000 millones de pesos. Aunque la Casa Rosada ya le refinanció deudas (unos 4000 millones a través del Programa de Asistencia Financiera); los organismos multilaterales le otorgaron créditos (por 900 millones) y casi otro tanto aportó la Anses, el déficit financiero rondaría los 5000 millones. Esto, en caso de que se mantenga la recaudación impositiva y los aumentos de salarios para agentes estatales se ubiquen en una franja del 10 al 15%. La brecha es imposible de afrontar con recursos provinciales, e incluso les pone presión a las finanzas nacionales, aun con una decisión política que modifique el cuadro de corto plazo. Para dar una idea, esa cifra se aproxima a la que el kirchnerismo distribuirá este año entre todas las provincias con la coparticipación del 30% de las retenciones a la soja.

Con estos números a la vista, no resulta aventurado suponer que el pacto electoral entre Néstor Kirchner y Daniel Scioli se basa en que el gobernador mejore las chances electorales del oficialismo a cambio de sufrir menos penurias fiscales durante su mandato y pueda aspirar a la candidatura K en las elecciones presidenciales de 2011. El entusiasmo con que abrazaron el proyecto los intendentes de los mayores distritos del conurbano bonaerense es otro dato que refuerza esta ecuación.

Hasta que la idea del "plebiscito" electoral tomó forma, Scioli se preparaba para un escenario complicado. Había declarado la emergencia fiscal y anunció el retiro de 10.000 agentes estatales en condiciones de jubilarse, aprovechando que la caja previsional de la provincia es superavitaria. Los proveedores de la administración bonaerense, a su vez, están cobrando sus facturas a 90 días (cuando el plazo legal es de 30) y no pocos temían recibir bonos en un futuro no lejano.

Malabarismos impositivos

Otro tanto ocurre en el flanco de los ingresos. Con la consigna de que la crisis es una oportunidad para atacar la evasión y la economía "en gris oscuro", el recaudador Santiago Montoya aplicará a partir de mayo una retención del 0,1 a 5% como anticipo de ingresos brutos a todos los pagos de cheques que se realicen por ventanillas bancarias en la provincia, excepto salarios en blanco, jubilaciones y planes sociales. Para defender esta medida, que aportaría ingresos anticipados de entre 80 y 90 millones de pesos mensuales (y ya generó polémicas con contadores y abogados), el titular de ARBA sostiene que no consiste "en cazar [contribuyentes] dentro del zoológico". Y asegura que apuntará sus cañones contra quienes no facturan -incluso en ferias como La Salada- y que los contribuyentes en regla recibirán devoluciones automáticas de saldos, además de una alícuota trimestral decreciente en función de la regularidad con que presenten sus declaraciones juradas. Cuando se le señala si este régimen no va en contra de la bancarización de operaciones comerciales, replica que la fiscalización se extiende también a casas de cambio, "cuevas" financieras y transportadoras de caudales por donde circula dinero en negro. Para demostrarlo, ARBA hizo detener hace pocos días un camión blindado y secuestró el efectivo que transportaba para verificar su origen y destino.

Pese a estas buenas intenciones, y en medio de la estrechez fiscal, los contribuyentes tienen motivos para dudar sobre la vocación estatal para reintegrar pagos anticipados de impuestos. Sobre todo después de que la AFIP admitiera que está "pisando" devoluciones de IVA a exportadores, bajo el pretexto de verificar si las operaciones no están trianguladas con paraísos fiscales, jaqueados ahora tras la cumbre del G-20. En realidad, la AFIP ya tiene en vigencia desde 2005 un régimen específico para evitar fraudes impositivos de exportadores (especialmente de cereales) que subfacturan operaciones a través de sucursales off shore . Además, se trata de un núcleo tan concentrado que no justifica frenar los reintegros a todo tipo de empresas, que, al no recuperar el 21% de IVA, pierden competitividad en un mundo donde se derrumban las exportaciones. En lo que va del año, esta deuda flotante del fisco ya se aproxima a los 900 millones de pesos. Por ahora, sólo abulta la recaudación bruta del IVA y contribuye a mostrar una menor desaceleración de los ingresos fiscales. Pero es otra forma de manosear las cifras para encubrir una realidad en la que el pan para hoy puede ser el hambre de mañana.

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