Desde el Consejo de la Magistratura de la provincia se está analizando realizar una modificación “de emergencia” en los procedimientos de selección ante la gran cantidad de concursos en trámite dentro del Poder Judicial. Así lo confirmó el ministro de Gobierno y Justicia, Pablo Bensusan, quien dijo que sería por un plazo “no mayor a dos años”.

Bensusan estuvo esta mañana en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, donde firmó un convenio para implementar un monitoreo al Código Procesal Penal de la provincia. Allí fue consultado por la prensa por una posible reforma en el proceso de selección en la justicia pampeana.

Dijo que una reforma de fondo no está prevista por el Poder Ejecutivo, pero sí se analiza una modificación “para poder achicar los tiempos en el procedimiento de selección” ante la cantidad de concursos.

Dicha modificación no apuntaría a “la cuestión de fondo ni de forma de la ley” del Consejo de la Magistratura “ni a la manera de tomar los exámenes”, aclaró. “Sí modificar los tiempos que hay hoy establecidos. Sería para avanzar en poder tomar la mayor cantidad de concursos posibles teniendo en cuenta la gran cantidad que hay abiertos”, detalló.

Bensusan también reconoció que se estudia modificar el procedimiento de inscripción en el listado de funcionarios judiciales sustitutos, pero aclaró que eso es “algo interno del Poder Judicial”. “Por las charlas que he tenido con miembros del Superior Tribuna y en las charlas que tuvimos en la Legislatura cuando fuimos por el tema del presupuesto, están analizando modificar el procedimiento de inscripción al listado de sustitutos haciendo algún tipo de examen. Pero es algo interno”, remarcó.

También dijo que hay una idea de avanzar en la implementación del sistema de juicios por jurados, aunque advirtió que “no hay una decisión tomada”. Dijo que el convenio firmado con la Facultad “puede ser una herramienta para analizar ese otro tipo de procedimiento, no hay una decisión tomada pero la idea es avanzar en estos institutos modernos para mejorar el servicio de justicia”.

Convenio

El convenio que firmó Bensusan con las autoridades de la FCEJ apunta a realizar un monitoreo externo del Código Procesal Penal, que ya lleva cinco años desde su implementación, para “determinar falencias y virtudes sobre todos los organismos del fuero penal”. La idea es “tratar de mejorar el sistema y el procedimiento, ver los puntos que se pueden tocar después en una reforma legislativa”, dijo Bensusan.

“Una vez que estén las conclusiones, trasladarlo a una reforma para mejorar un poco los servicios que prestamos desde el Estado”, agregó.

El vicedecano Francisco Marull dió algunos detalles técnicos del monitoreo. Dijo que la doctora Leticia Lorenzo, de Neuquén, será la directora del proyecto del que también participarán fiscales de las provincias de Santa Fe y Córdoba. Además, también trabajarán un grupo de graduadas de la Facultad y un alumno avanzado de la carrera de Ingeniería. El especialista Mauricio Duche, de Chile, será una especie de auditor del propio monitoreo.

Además, el Superior Tribunal de Justicia incorporó a uno de sus miembros en las distintas fases del proyecto, para que se constituya en nexo único y permanente con la Facultad.

Está previsto que en cinco meses esté el informe final de este trabajo, con la posibilidad de tomar una prórroga de 60 días. A partir de allí, con los resultados obtenidos, se podría avanzar en una reformar legislativa del código.

Alcances

El monitoreo, según se había anunciado, apunta a las circunscripciones de Santa Rosa y General Pico. La provincia contratará a integrantes de la Facultad para el asesoramiento que será financiado con aportes del Ministerio de Gobierno y Justicia.

El actual Código Procesal Penal de la provincia fue sancionado el 7 de septiembre de 2006 mediante la Ley 2287 y entró en vigencia el 1º de marzo de 2011, conforme a la Ley 2586. Esta reforma tuvo su origen en un proyecto de Investigación de la Facultad de Económicas y Jurídicas que llevó adelante un grupo de profesores nucleados bajo la dirección de quien era en aquel momento el titular de la materia Derecho Procesal I, José María Meana