La estrategia a seguir en el caso del espía James divide al macrismo

Aconsejado por el asesor Jaime Durán Barba, Macri insistirá por ahora en la teoría del infiltrado y en el ataque a la Rosada. Malestar en el PRO por el costo político
El macrismo está convulsionado. El affaire de las escuchas ilegales que involucran al espía Ciro James, un ex empleado de la Ciudad, no sólo genera gran preocupación en el gobierno porteño por el costo político que podría pagarse ante la opinión pública; también divide aguas dentro del PRO sobre las medidas que deberían tomarse para minimizarlo. Mientras gran parte del gabinete insiste en sostener la teoría del infiltrado, sin entregar -al menos por ahora- ninguna cabeza, legisladores y diputados del PRO consideran que debería realizarse un gesto político de fondo y echar a la cúpula de la Metropolitana, liderada por Osvaldo Chamorro.

James está detenido por organizar las escuchas a Sergio Burstein, dirigente de la asociación de familiares de víctimas de la Amia. Trabajó un año y medio en el Ministerio de Educación porteño y fue policía federal hasta agosto. En la causa se descubrieron cientos de llamados entre James, el ex jefe de la Metropolitana, Jorge Fino Palacios y su sucesor, Chamorro. La Rosada acusa al macrismo de haber montado una red para espiar a docentes y opositores.

Mauricio Macri está convencido de que se trata de una operación de inteligencia orquestada por Néstor Kirchner para perjudicarlo. Aconsejado por su asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba -y azuzado por el secretario General Marcos Peña y la ex vicejefa Gabriela Michetti- se optó por la regla del ataque como mejor defensa: acusar al Gobierno Nacional - "aprovechando que tiene un 60% de imagen negativa"- y a la Policía Federal de querer "boicotear" a la Metropolitana. Así se acordó el miércoles pasado por la noche en una reunión realizada en la casa de Horacio Rodríguez Larreta con Macri y los principales popes del gobierno porteño. El jueves, media hora antes de la conferencia de prensa en la que el macrismo deslindó responsabilidades, Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Peña y Michetti bajaron línea a ministros, secretarios, diputados y legisladores en una reunión convocada en la Casa de la Cultura. Allí, apuntaron directamente al juez de la causa, Norberto Oyarbide, a quien señalan como ejecutor de una operación que atribuyen directamente a Néstor Kirchner y al jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández. Dicen que Michetti fue una de las principales defensoras de la estrategia, especialmente, de la permanencia de los Ministros de Educación Mariano Narodowski, y de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, quienes llegaron al Gabinete porteño de su mano y hoy están cuestionados por el escándalo.

En PRO todos coinciden en que entregar a un ministro sería un gesto de debilidad. Pero algunos creen que la defensa cerrada no es la mejor estrategia. La mesa de conducción del bloque de la Legislatura porteña se lo hizo saber ese mismo miércoles por la tarde a Rodríguez Larreta en su despacho. El jefe de Gabinete porteño convocó a Oscar Moscariello, Diego Santilli, Martín Borrelli, Cristian Ritondo y Enzo Pagani para conocer sus opiniones, ante de la reunión central. Con algunos matices, todos coincidieron en que habría que hacer un gesto político y recomendaron la salida de Chamorro. Hubo también quien pidió la renuncia del funcionario de Educación, Roberto Ayub, a cargo de la Auditoría interna en la que trabajaba James.

Larreta escuchó y no opinó. Pero por la noche, en su casa, se decidió otra cosa. Esa estrategia se mantendrá, aunque podría pegarse un volantazo si la causa se complica: Montenegro -que asegura no haber tenido acceso a la cantidad de llamados que existieron entre James, Palacios y Chamorro- ordenó un sumario administrativo para ver si hay llamados que obedecían a otras circunstancias. Y asegura que cuando tenga los resultados, "actuará con rigurosidad".

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