La estrategia de la defensa de la familia Macri ante las acusaciones de la Justicia por el presunto pago de sobornos para mantener concesiones viales pasan por establecer que en el momento en que se habrían pagado las coimas que se investigan en la causa de los cuadernos , la empresa que maneja autopista Panamericana ya no estaba bajo su control, sino que ellos eran "accionistas residuales", sin poder de decisión, a tal punto que ni siquiera iban a las asambleas, como consta en los libros de la empresa.

Ayer hubo una reunión entre ejecutivos del grupo y sus asesores legales donde se definió que hoy a primera hora presentarán en el juzgado de Claudio Bonadio escritos en los que atenderán la situación de los máximos acusados: Franco Macri , padre del presidente Mauricio Macri , y Gianfranco Macri, su hermano, y adelantarán sus principales argumentos de defensa.

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Para el dueño del grupo, Franco, de 87 años, pedirán la suspensión del proceso en atención a su estado de salud. El Código Procesal en su artículo 77 prevé que en caso de enfermedad mental sobreviniente al momento del proceso, se puede pedir la suspensión. El juez Bonadio, más allá de evaluar el certificado médico que aporten los abogados, en el que consta el estado de salud de Franco Macri, podrá disponer que una junta médica evalúe al empresario para tomar la decisión final al respecto.

En cuanto a Gianfranco, no está en el país y tiene previsto aterrizar en un vuelo que lo traerá de los Estados Unidos la madrugada del jueves 13, el mismo día en que está citado junto con su padre a prestar declaración indagatoria en el juzgado de Claudio Bonadio. La previsión es pedir postergar su citación judicial.

No obstante, en el grupo ya evalúan las principales líneas de defensa: Bonadio entendió que tanto Gianfranco como Franco Macri deben responder como accionistas de Autopistas del Sol, la empresa que gerencia la Panamericana, por el supuesto pago de sobornos.

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En sus orígenes, Sideco, asociada con los italianos de Impregilo y los españoles de Dycasa, construyó la autopista y se quedó con la concesión. Pero en junio de 2001 Sideco vendió sus acciones y se separó del negocio casi totalmente. Se quedó con un 7 por ciento del capital social de la compañía. Pero que terminaron en un fideicomiso. Por lo que no tenían poder para nombrar directores, ni derechos políticos porque las acciones estaban en el fideicomiso.

Había acciones de 5 votos y otros de 1 voto. La que Sideco tenía eran de 1 voto, con lo que representan el equivalente al 2,3% de la voluntad social. Es decir que no tenían control ni gestión ni decisión sobre la firma, aseguraron fuentes en el grupo Macri.

Cuando ocurrieron los hechos investigados por Bonadio, entre 2003 y 2007, Sideco, es decir, los Macri, tenían nulo control sobre la compañía, sostienen. Los Macri dejaron la empresa totalmente en 2017.

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No se explican por qué fueron citados Franco y Gianfranco como sospechosos, cuando ya no tenían peso en las decisiones de la firma. Fuentes de la compañía advirtieron que la información sobre el traspaso accionario se produjo recién en la IGJ en 2016, por lo que es posible que la citación obedezca a que se anotó tarde la transferencia accionaria.

Explicaron que Sideco tenía tan poco peso en Autopistas del Sol, actualmente en manos españolas, que no tenía directores y que no concurría a las asambleas de accionistas, a tal punto que su firma no figura en ninguna de las actas de los libros de la empresa que registraron esas reuniones.

El grupo Macri se sorprendió con la citación de Bonadio, pues no esperaba que los golpes vinieran por ese lado. De hecho, en la causa el juez mantiene procesado a Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, porque fue quien manejó Iecsa, la constructora que está acusada de pagar sobornos, a partir de su sociedad con la brasileña Odebrecht, para mantener contratos de obra pública. El grupo creía que por acá podían provenir los problemas porque antes de que Ángelo Calcaterra controlara la firma, era Gianfranco Macri quien estaba al frente de la operación. Tras el estallido del Lava Jato, al grupo vendió Iecsa a Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y con falta de mérito para ser procesado o sobreseído en la causa de los cuadernos.