La estrategia de candidaturas testimoniales genera críticas.

La estrategia electoral del Gobierno nacional, que pretende postular candidatos que nunca asumirán en sus cargos, tuvo sus repercusiones locales. Tanto políticos como analistas criticaron la iniciativa impulsada por el oficialismo. El radical Raúl Baglini declaró que es "defraudación electoral". La estrategia electoral del Gobierno nacional, que pretende postular candidatos que nunca asumirán en sus cargos, tuvo sus repercusiones locales. Según especialistas, las candidaturas testimoniales son deformaciones del sistema democrático que influirán negativamente en el resultado oficialista en las legislativas.
"Esta estrategia electoral calificada como candidatura testimonial llama la atención por lo grosero del engaño; es una falta de respeto al ciudadano promover candidatos que no se ejercen efectivamente", señaló el licenciado en Ciencias Políticas Marcelo Zanettini.

Por su parte, el referente radical Raúl Baglini declaró a Ciudadano que esta iniciativa impulsada por el ex presidente Néstor Kirchner "es una defraudación electoral en la que los postulantes no están ni hipotéticamente dispuestos a asumir la función que pretender ganar. Son mecanismos engañosos, nefastos, que terminarían destruyendo el sistema democrático".

Además, el radical aseguró que "entre el adelantamiento electoral, los candidatos que nunca asumirán, y la compra de votos a través de planes sociales, el oficialismo está determinando su derrota en los comicios".

El correlato en Mendoza

Si bien localmente no se blanqueó ninguna candidatura testimonial, sí se presentó una situación particular: muchos de los candidatos ejercen en la actualidad cargos de relevancia, que abandonarán de ganar en las elecciones legislativas. Ese sería el caso de los postulantes al Congreso Nacional del PJ, Adolfo Bermejo, intendente de Maipú, y Omar Félix, su par de San Rafael.

Según Baglini, "hay intendentes o legisladores que truncan sus mandatos para postularse a nuevos cargos. Si bien esto está contemplado por la propia ley de acefalía nacional –que permitió que en 2001 cualquier funcionario pudiera ocupar el Gobierno nacional– lo óptimo sería cumplir el período decidido por voto popular".

Asimismo, Zanettini agregó que "es otra manera de defraudar políticamente a los votantes que los eligieron para cumplir sus funciones en un lapso determinado institucionalmente".

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