El secretario general de los bancarios a nivel nacional, Sergio Omar Palazzo, remitió el aval por escrito al secretario general de Tucumán, Eduardo Bourlé.

Señala que el paro de actividades durante toda la jornada, tanto en la Casa Central de la Caja Popular, como en las sucursales del interior de la provincia y en las ubicadas en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Salta, se realizará "en rechazo a los graves y múltiples daños que se vienen cometiendo en perjuicio de los trabajadores de la entidad".

Enumera en ese sentido el amedrentamiento a los empleados por parte de las autoridades de la Caja, que llegó "hasta amenazas de muerte", las restricciones a los derechos sindicales de actuar en defensa de los trabajadores de la Caja, y la "agresión física y sustracción de carteras, celulares, dinero, etc. a las empleadas de la Caja por parte de punteras políticas que responden al gobierno provincial".

Palazzo también alude al "hostigamiento y persecución de los trabajadores, incluidos gremialistas, por parte de la sombría D2 (Departamento de Inteligencia Criminal, creada por Antonio Bussi), en los que se utilizaron métodos inadmisibles en períodos democráticos y propios de la dictadura militar".

Además se refiere a "la injustificada continuidad de la intervención en la Caja por más de 9 años, que facilita la comisión de los excesos descriptos", y condena "la apropiación de más de 170 millones de pesos de la Caja Popular por parte del gobierno, que afecta el desempeño y la tranquilidad de sus 1.000 trabajadores y más de 3.000 familias alcanzadas directa o indirectamente por este indebido apoderamiento".