“Este sistema de selección rige hace un siglo”, dijo Jiménez

Según el ministro de Gobierno, el régimen aplicado a partir de la Ley 8.136 es transparente y no se aparta de la sentencia de la Corte.
El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, defendió ayer el sistema de subrogancias judiciales que creó la Ley 8.136 y reivindicó la transparencia del mecanismo.

“Este es el mismo régimen con que fueron designados los jueces que están en funciones. Entre 1991 y 2003 hubo un Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) que no era vinculante, pero el sistema era este: tal como lo prevé la Constitución, el Ejecutivo propone a los miembros de la Justicia, que para asumir necesitan del acuerdo de la Legislatura”, describió.

“Este es un sistema transparente que funciona desde hace más de un siglo y que es seguido por casi todas las constituciones. Y si fue bueno para designar jueces en propiedad y con inamovilidad, con más razón debe serlo para atender una emergencia de la Justicia y designar jueces provisorios”, aseveró.

El funcionario dijo a LA GACETA que el sistema puesto en vigencia cumple con la sentencia de la Corte que declaró inconstitucional que se delegara en el Ejecutivo la conformación del CAM. “Este es el sistema defendido por el doctor (Antonio) Gandur: él dijo que debía organizarse por ley un mecanismo de designación de jueces provisorios. Y también se atiende el voto del doctor (Alberto) Brito, quien pautó que debía retornarse al sistema de designación de jueces anterior al CAM establecido en la Constitución de 2006”, manifestó. “Seguimos la propuesta de la propia Asociación de Magistrados”, redondeó.

“Las bondades del mecanismo que se está aplicando van a quedar demostradas con los resultados de las designaciones. En el proceso de postulación, ciudadanos e instituciones pueden acceder a los antecedentes de los candidatos y formular observaciones. Eso no era posible con el CAM de 1991, al que tanto defienden los que reclaman participación”, contrastó.

En ese sentido, Jiménez recordó que, cuando asumió esta gestión en 2003, se buscó ampliar el CAM. “Con la idea de que todo es perfectible, propusimos ampliarlo y enriquecerlo con otros actores, pero se levantaron voces de algunos que integraban ese CAM y que veían que se afectaría su poder”, afirmó.

“El CAM creado por este Gobierno en 2006, mediante el decreto 1.820, es cuestionado porque cuatro de sus seis miembros eran políticos. Pero en el sistema que prevé la Constitución, todos los que intervienen son políticos. La Carta Magna, tan criticada, limita con ese CAM las facultades del Ejecutivo. En contraste, con la Constitución del 90, le daba al Gobierno plenas facultades para nombrar a los jueces, sin ningún consejo que tuviera opiniones vinculantes”, comparó.

Jiménez consignó, además, que el CAM decretado en 2006 sí prevé la participación de los abogados. “Su representante surge de un sorteo, por lo que hay paridad de condiciones para los matriculados. El designado no es elegido por el Colegio de Abogados, que fue, justamente, el que accionó contra ese instituto”, concluyó.

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