El proyecto, aprobado por el Senado el 12 de febrero, indica que el organismo deberá quedar constituido en un período que no supere los 90 días. Legisladores piden que se "instrumente una reformulación del proceso de ingreso de personal"
El bloque kirchnerista buscará este miércoles en la Cámara de Diputados, junto a sus aliados, convertir en ley el proyecto de reformas a la ley de Inteligencia, que apunta a delimitar las funciones de los agentes de la ex Secretaría y establecer un sistema transparente de los fondos reservados.
El debate del proyecto se realizará en el marco de una sesión especial, en cuyo transcurso se aprobarían también los acuerdos firmados entre los gobiernos de Argentina y China, que contemplan un régimen de inversiones y la construcción de una base espacial en Neuquén.
El bloque del oficialismo -que conduce la bonaerense Juliana Di Tullio- tiene garantizado el quórum para iniciar la sesión y aprobar la reforma de la ley de Inteligencia y el acuerdo con China, con los votos aportados por el Frente Cívico de Santiago del Estero, Nuevo Encuentro, los neuquinos del MPN, dos bancadas fueguinas, y de la legisladora del Frente de Inclusión Social, Ramona Pucheta.
Por lo pronto, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, participó del último plenario de comisiones y anticipó queparticipará de la sesión especial del miércoles, y ahora su posición podría ser acompañada por otros diputados de la oposición.
Los bloques opositores que adelantaron que concurrirán a dar el debate son Unidad Popular que conduce Claudio Lozano, Compromiso Federal -que lideran los hermanos Rodríguez Saa- y el interbloque del Frente de Trabajadores de Izquierda, cuyos legisladores del Partido Obrero y del PTS nunca faltan a ningún debate.
Creación de la Agencia Federal de Inteligencia
El proyecto aprobado en el Senado disuelve la actual Secretaría de Inteligencia (SI) y crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que deberá quedar constituido en un plazo de 90 días.
En cuanto a sus autoridades, el dictamen de mayoría establece que el director y subdirector general serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. En el texto se aclara, además, que "el cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional".
Además, indica que se mantiene el personal así como los bienes de la actual Secretaría de Inteligencia a la Agencia Federal de Inteligencia, con excepción de la Dirección de Observaciones Judiciales que pasará a depender de la Procuración General de la Nación. Este aspecto puntual es criticado por gran cantidad de dirigentes políticos.
La Procuración General tendrá la función de realizar escuchas telefónicas solo a pedido de un juez, que era una tarea que realizaba la ex Secretaría de Inteligencia. De todos modos, las modificaciones más importantes incorporadas al proyecto están relacionadas con la actividad que podrán realizar los agentes.
Incorporación de nuevos agentes
Sobre el ingreso a la Agencia, los senadores dejaron por escrito que "se deberá instrumentar una profunda reformulación del proceso de ingreso de personal" y piden establecer "criterios de transparencia".
Además, señalan: "Se deberá fortalecer el control disciplinario de la conducta de los agentes adoptando criterios que faciliten la necesaria separación" de aquellos "cuyas acciones sean o hayan sido incompatibles con el respeto a los derechos humanos o violatorios del orden constitucional".
Por otro lado, dice el proyecto: "Se deberán supervisar las acciones de los ex agentes a fin de prevenir su accionar en tareas de inteligencia".
En las modificaciones al proyecto de ley, se incorporó un párrafo en el Capítulo 2, sección "Del nuevo Personal". Dice así: "Se deberá reglamentar un nuevo régimen del personal de inteligencia que establezca los niveles de reserva de identidad adecuados conforme a las tareas a desarrollar, procurando el carácter público de los funcionarios y restringiendo excepcionalmente las reservas" a casos que sean "estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus funciones".
Independencia
El proyecto propone que "las actividades serán ordenadas por las máximas autoridades" y que, "en caso de urgencia", podrán "ser iniciadas" pero deberán "ser informadas a las autoridades máximas de cada organismo en un plazo de 72 horas desde que comenzó su ejecución". Eso significa que ningún agente podrá trabajar en algún objetivo sin reportarlo a su superior por más de tres días.
Además, señala que "las áreas de inteligencia criminal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y de inteligencia penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal, y el personal que revistare en las mismas, deberán observar las previsiones normativas establecidas en la presente ley".
Cabe destacar que, tanto el director como el subdirector, podrán ser removidos por el Poder Ejecutivo.
Datos
El proyecto asegura que los bancos de datos garantizarán "que la información no será almacenada en las bases de datos de inteligencia por razones de raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, de derechos humanos, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera."
Indica que los datos almacenados que no tengan que ver con la misión de la Agencia, serán destruidos.
Filtrar información
Ningún "documento o material" podrá ser desclasificado antes de que pasen como mínimo 25 años, a menos que lo ordene el Poder Ejecutivo.
Para quien difunda datos, habrá de tres a diez años de prisión: "Será reprimido con prisión de 3 a 10 años e inhabilitación especial por doble tiempo, si no resultare otro delito más severamente penado, el que participando en forma permanente o transitoria de las tareas reguladas en la presente ley, indebidamente interceptare, captare o desviare comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil, o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier otro tipo de información, archivo, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público que no le estuvieren dirigidos."
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