En el Este aseguran que el 70% de los cosechadores está en negro

El cálculo es de Soeva de Rivadavia. Allí dicen que los controles del Gobierno son todavía insuficientes.
Un 70% de los obreros vitivinícolas encargados de levantar la cosecha de la zona Este estaría en negro, según estimaciones realizadas desde la delegación en Rivadavia de Soeva, el sindicato que agrupa a estos trabajadores. "Los empresarios se aprovechan porque la gente necesita ganarse el pan y porque la falta de personal de la Subsecretaria de Trabajo lleva a que los controles en las fincas sean mínimos", dijo Luis Pedernera, secretario de Acción Social de Soeva.

El sindicalista señaló que en el Este viven "unos 4.000 obreros rurales que en esta época se dedican a la cosecha, a los que este año hay que sumar un 20% más, que es toda la gente que viene desde las provincias del norte y de Bolivia".

El coordinador regional en el Este de la Subsecretaría de Trabajo, Darío Gutiérrez, discrepó con los números dados por el sindicato y aunque no ofreció ninguna estimación realizada por el Gobierno, sí señaló que "en los últimos dos años, esta delegación ha duplicado el número de inspecciones realizadas en las zonas rurales y eso se ha visto reflejado en un marcado descenso del trabajo en negro, que está lejos de ese cálculo".

Julieta Moreno Negri es directora de Relaciones Departamentales de la Subsecretaría de Trabajo y dijo que "nosotros no somos un ente recaudador, pero acá el mensaje que buscamos transmitir es que teniendo en cuenta que para el empresario la mano de obra es una cuestión de costos, siempre le sale más barato tener a la gente en blanco que afrontar las multas".

De todos modos, desde la Subsecretaría de Trabajo admitieron lo que señala Soeva: que la repartición tiene poco personal y recursos para controlar a toda la zona Este: hay dos inspectores para San Martín, tres para Rivadavia y Junín, uno para La Paz y otro más para Santa Rosa. Incluso algunos de los inspectores ponen sus propios vehículos para salir a cumplir con su tarea y recién esta semana, la delegación de San Martín recibió un segundo vehículo.

"Esto es también una cuestión cultural. No podemos tener un inspector en cada fábrica, negocio o finca y es por eso que muchas de las actuaciones se hacen a partir de denuncias que pueden ser anónimas para no perjudicar al trabajador", agregó Gutiérrez y subrayó que las multas aplicadas son "importantes y generalmente suman varios miles de pesos por cada trabajador en condiciones irregulares, ya sea de condiciones de vida, de trabajo o de salario".

Para esta época del año, la terminal de colectivos de San Martín se transforma en un alojamiento a cielo abierto para decenas de norteños que llegan buscando trabajo en las viñas. Sin embargo, hasta allí no llegan los controles.

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