"El decreto -que se publica hoy- dice que se refrendan las concesiones que fueron prorrogadas durante el último tiempo, y que se las dará en concesión a la empresa Corredores Viales S.A., una compañía 100% estatal controlada en un 51% por la Secretaría de Transporte y en un 49% por Vialidad Nacional", explicó Ezequiel Christie, gerente ejecutivo de Planeamiento y Concesiones de la Dirección Nacional de Vialidad.

Según Christie, las concesiones venían de 2010 y los contratos vencían en abril de 2016. Y, por contrato, se podían extender un año más, lo que se hizo en su momento. Durante ese tiempo, el Gobierno empezó a trabajar en los proyectos para poder relicitar los corredores bajo la modalidad PPP, pero finalmente esa posibilidad quedó trunca ante las dificultades para encontrar financiamiento en las actuales condiciones del país y por los procesamientos que afectan a varios empresarios involucrados en la causa de los cuadernos.

Los cinco corredores equivalen a más de 3374 kilómetros de rutas. Se trata de diferentes tramos de las rutas nacionales 9 y 34 (en Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy); la 188 (provincia de Buenos Aires); la 19 (Santa Fe y Córdoba); la 12 (Corrientes y Misiones); la 16 (Corrientes y Chaco); la 8, entre las provincia de Buenos Aires, Córdoba y San Luis, y de la 36, en Córdoba.

Y entre quienes operaban las concesiones figuran Corredor de Integración Pampeana S.A. (Esuco, Decavial), Autovía Bs. As. a los Andes S.A. (Rovella, Cartellone), Carreteras Centrales de Argentina S. A. (Losi, Pietroboni), Caminos del Paraná S. A. (Helport, JCR) y Corredor Central S.A. (Supercemento, Luciano, Petersen).

"La idea es que la gestión de Corredores Viales sea temporal hasta la futura licitación que se haga, sea por concesiones tradicionales o por PPP cuando el contexto macroeconómico lo permita", agregó el funcionario.

En tanto, el gerente ejecutivo de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, Ricardo Stoddart, dijo que Corredores Viales S.A. fue el vehículo legal que se encontró en el marco de la ley de peajes (la 17.520) para rescindirle la concesión del acceso Ricchieri a Aecsa, la firma de Cristobal López, a fines de 2016 por una serie de incumplimientos.

"Eran 400 familias las que trabajaban en Aecsa y quisimos dar continuidad a esa fuente laboral hasta que pudiéramos relicitar el acceso, que fue lo que se hizo en la primera etapa de los PPP. A partir del 1° de agosto de 2018 se está haciendo cargo del acceso Ausur, que fue la adjudicataria por PPP de todo lo que es el Corredor Sur y que incluye no solo el acceso a la Ricchieri sino también las rutas 205 y 3 hasta la variante de la ciudad de Las Flores", detalló Stoddart.

De acuerdo con el decreto, la operación estatal de los cinco corredores durará hasta que se liciten nuevamente los corredores o con un plazo máximo de cinco años, para asegurar la continuidad y la calidad del servicio al usuario, garantizando todos los puestos de trabajo existentes.

Consultados acerca de por qué no tomaba la gestión de los corredores directamente Vialidad Nacional, los funcionarios indicaron que el organismo no puede cobrar peajes ni tiene los recursos económicos ni humanos para hacerse cargo.

"Somos un ente autárquico y hoy estamos arriba de los 20.000 kilómetros bajo administración. Tenemos 5600 empleados distribuidos en 24 distritos. Esto es un trabajo de conservación y mantenimiento importante. En 2019 estamos ejecutando un presupuesto que se aprobó el año pasado y estaríamos tomando 3500 kilómetros de ruta nueva para hacer. Obviamente no tendríamos recursos para hacerlo con conservación normal", apuntó Stoddart.

Sin embargo, resaltó que la sociedad estatal va a tener inclusive más control que una concesión, porque no sólo se la trata como un concesionario más sino que tiene una serie de controles más exigentes. "Al ser una sociedad anónima del Estado interviene la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y otras auditorías", sumó.

Antes de la toma de control por parte de la sociedad estatal se hará una auditoría de cada concesión y se estima que la primera toma de posesión será el 1° de noviembre, sin posibilidad de conflictos legales ya que los contratos de las sociedades que operaban las concesiones están vencidos. Hasta entonces los responsables siguen siendo estos operadores.

En cuanto a los subsidios, dijeron que las concesiones vencidas y prorrogadas eran subsidiadas por aproximadamente $8000 millones en 2015, monto que se reducirá casi un 90% a entre $800 y $1000 millones bajo la administración de Corredores Viales S.A., mientras que los ingresos se reinvertirán en obras.

Por último, en cuanto al mecanismo de ajuste del precio de los peajes dijeron que el mismo contrato dice cómo va a ser, y que va a ser similar al que rige para los adjudicatarios de los PPP en base a distintos indicadores.