Estatización de YPF: revés para la Argentina por una decisión de EE.UU.

Estatización de YPF: revés para la Argentina por una decisión de EE.UU.

Contra lo que querían las autoridades locales, el procurador general de ese país, Noel Francisco, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que mantenga en su jurisdicción una demanda del fondo Burford Capital. En caso de sentencia en contra, el país deberá pagar unos u$s 3000 millones.

 

El procurador general de los Estados Unidos, Noel Francisco, le pidió a la Corte Suprema de Justicia de su país que mantenga en su jurisdicción una demanda por la estatización de YPF, iniciada por el fondo Burford Capital.

 

 

Se trata de un revés para la Argentina, que buscaba que el juicio se desarrollara en este país, por tratarse de una decisión soberana.

 

 

En un amicus curiae, el funcionario del Gobierno del republicano Donald Trump señaló justamente que "este caso implica la excepción a la inmunidad soberana para la actividad comercial".

 

 

Aunque la opinión de Francisco no es vinculante, sienta un mal antecedente para las aspiraciones del Gobierno de Mauricio Macri. Esto sucedió pese a las negociaciones que encaró el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, en distintos viajes entre el año pasado y éste a los EE.UU.

 

 

Si bien se espera que no haya sentencia hasta por lo menos entrado el 2020, este caso podría costarle al Estado unos u$s 3000 millones o u$s 3500 millones, con lo que se necesitaría tomar nueva deuda en un mercado cerrado o ajustar más los gastos.

 

 

Con este escenario, aparece cada vez más probable que la Corte Suprema de Estados Unidos levante el recurso de stay que rige hasta definir la cuestión de la jurisdicción y se inicie el juicio en Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, quien reemplazó a Thomas Griesa en junio de 2017, pocos meses antes de la muerte de éste último.

 

 

Griesa había sido el juez que falló a favor de los holdouts, los fondos que compraron deuda de los que quedaron afuera de los pagos de Argentina en 2005 y 2010 y a los que hubo que pagarles en 2016.

 

 

Antecedentes

Burford Capital tomó el caso tras el proceso de quiebra de las firmas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, de la familia Eskenazi, que habían comprado el 25% de YPF a la petrolera española Repsol en dos operaciones entre 2008 y 2011.

 

 

Los Eskenazi entraron a la petrolera estatal con algo más de u$s 2000 millones gracias a préstamos de bancos. La deuda la pagaban con el giro de dividendos hasta que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% de YPF a Repsol en 2012.

 

 

A partir de entonces, la administración política -ligada al para entonces futuro ministro de Economía, Axel Kicillof- que entró a la compañía estatal prohibió el giro de dividendos.

 

 

Sin esta posibilidad, las firmas de Petersen -constituidas en España a sabiendas de que YPF era una empresa estratégica para el Estado argentino y una expropiación era posible a futuro- entraron en bancarrota y fueron a la quiebra, mientras que los bancos prestamistas ejecutaron la garantía.

 

 

El administrador del proceso subastó en el país europeo el derecho a litigar, ya que según el Artículo 7° del Estatuto de YPF si el Estado compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no solo a Repsol.

 

 

Ese derecho quedó en manos -tras el desembolso de 15 millones de euros (€)- de Burford Capital, un fondo habituado a buscar casos como éste alrededor del mundo.

 

 

Aunque todavía no está explicitado cuál es el monto final que desea Burford, se calcula en unos u$s 3000 millones.

 

 

 

Según cifras de Bloomberg, la petrolera estatal tiene un valor bursátil de u$s 6005 millones, con la acción que cerró ayer a u$s 15,27 en la Bolsa de Nueva York (NYSE). La demanda costaría, en ese caso, la mitad del valor de YPF.

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