Los estatales porteños deberán declarar si tienen otro trabajo.

El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, autorizó una resolución que obliga a los empleados de la Ciudad a informar si tienen otro trabajo además del que cumplen en la Comuna. Ya hay críticas de la oposición.
No obstante, la norma despertó fuertes críticas en la oposición, que rechazó la medida y no descartó hacer presentaciones al respecto. Es que Macri ya tuvo que dar marcha atrás en una iniciativa para que los trabajadores de la Comuna tuvieran que aportar datos privados e íntimos.

La resolución señala que se trata de una medida "a fin de apreciar situaciones que pudieran afectar el normal desenvolvimiento de la prestación laboral".

Los empleados, entonces, deberán informar si tienen "otro empleo en relación de dependencia o autónomo, de carácter remunerado o a título gratuito, en cualquier dependencia pública o privada, así como el horario de dicha prestación. De corresponder, deberá denunciar la CUIT respectiva del empleador".

La decisión señala además que "el falseamiento de la declaración jurada o su falta de presentación en tiempo y forma constituirá falta grave".

"La esclavitud está abolida y la Gestapo no funciona: Macri debería saber que fuera del horario laboral, los trabajadores hacen de su vida lo que quieren", dijo el legislador Diego Kravetz, y apuntó que se trata de "otra grave intromisión en las libertades individuales".

Por su parte, el diputado Gonzalo Ruanova también advirtió que "mientras que no sea en su horario laboral o represente un doble empleo público, el trabajador no tiene por qué informar nada". "En todo caso, Macri tendría que empezar pidiéndole a los funcionarios que trajo del sector privado que informen si siguen percibiendo los sueldos de las empresas", apuntó.

Además, Ruanova recordó que los datos que reclama el macrismo deberían estar incluidos en el famoso censo anunciado "hace 18 meses, que nunca terminaron". "Esto ratifica la gran dosis de improvisación que tienen", señaló.

Desde el Gobierno de la Ciudad, en tanto, argumentaron que se trata de de una norma con fines "informativos y estadísticos", como sucede "en muchas empresas". En esa línea, rechazaron que se trate de una intromisión y agregaron que se enmarca en una serie de acciones destinadas destinadas e mejorar la prestación de los recursos humanos y a tener un control más eficiente de los fondos públicos.

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