Estarían vinculados altos funcionarios judiciales al caso Alonso: intervinieron Eseverri y la Corte

Estarían vinculados altos funcionarios judiciales al caso Alonso: intervinieron Eseverri y la Corte
La causa entró en el terreno más delicado tras la declaración de testigos clave. Las sospechas de que el abogado recibía favores para liberar a clientes, obligó a los investigadores a solicitar el apoyo de la Corte bonaerense para darle "transparencia" a la investigación. El Ejecutivo considera que es "el caso de mayor gravedad institucional en la historia de Olavarría" y carga contra algunos actores del Poder Judicial.
Se complicó la causa por el asesinato del abogado penalista Marcos Alonso. Las sospechas de que la víctima habría recibido favores de altos funcionarios de la justicia local -que surgieron a partir de la declaración de varios testigos muy cercanos al abogado- ganó terreno y la investigación dio un giro que puede conducir a un verdadero escándalo.

Según confiaron altas fuentes del Ejecutivo municipal este viernes a infoeme.com, el mismo José Eseverri habría estado en contacto desde el primer momento con el presidente de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, Luis Genoud, porque consideran a este caso como "el de mayor gravedad institucional en la historia de Olavarría".

"El año pasado denunciamos esto y nadie nos escuchó" lanzaron desde el ámbito comunal, haciendo referencia a las salidas mediáticas en las cuales se apuntó directamente a la justicia local. En una carta abierta a los vecinos de febrero de 2009, antes de una marcha por la ola de inseguridad, el Intendente pedía "poner fin a la impunidad en Olavarría" y esto era "responsabilidad del poder judicial".

Y agregaron las mismas fuentes que "lo que hizo el Intendente fue marcar las responsabilidades del Poder Judicial y ningún dirigente político en febrero de 2009 salió a apoyarlo, por el contrario nos quisieron acusar de mirar para otro lado. El Intendente señalaba a los responsables de dejar libres a los delincuentes. La solicitada pedía poner fin a la impunidad y el único que puede hacer eso en democracia es el poder judicial".

Todo deriva de las fuertes acusaciones de testigos clave que conocían los contactos que manejaba Alonso, quien invocaba capacidad de influencia sobre algunos actores de la justicia local, y que obligaron a los investigadores del caso a recurrir a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia provincial para contar con personal que no tuviera ningún vínculo con la justicia olavarriense, en definitiva para "garantizar transparencia" en la investigación.

La declaración de la esposa del abogado, Fabiana Márquez, sería una de las más importantes. Por consejo del defensor oficial Martín Marselli, amigo personal de Marcos Alonso y de la familia, se habría solicitado que no fuera la fiscal Susana Alonso -a cargo del caso- quien indagara a la mujer, sino que lo hiciera el letrado de la Fiscalía Christian Urlézaga. Así ocurrió.

Una fallida gestión habría motivado el crimen mafioso, lo que hablaría a las claras de un circuito armado para liberar a clientes patrocinados por Alonso que generalmente aparecían en causas resonantes, incluso "pesadas". La última maniobra, de confirmarse esta manera de proceder en algunos casos, fue la que intentó liberar a Walter Gallastegui. Pero algo se habría roto dentro de ese círculo judicial y Marcos Alonso quedó expuesto.

Hay miedos que no se pueden ocultar: algunos funcionarios judiciales tienen custodia policial en sus domicilios particulares y están intervenidas decenas de líneas telefónicas para cruzar datos relacionados con la causa.

Por otra parte, un alto jefe policial también le dijo a infoeme.com que "me constan varias declaraciones que se hicieron", aunque no pudo confirmar el contenido de las mismas.

Tratándose de un caso "extremadamente delicado", los investigadores pretenden llegar al esclarecimiento en un corto plazo, "tiramos toda la carne al asador" afirmó la misma fuente.

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