Lo que estará en debate es si el Banco Central debe ser una oficina más del Poder Ejecutivo

Por Hernán de Goñi

La comisión bicameral que tendrá que evaluar la actuación de Martín Redrado en el conflicto abierto por el uso de reservas para pagar deuda tiene un gran dilema por delante. La letra fría del pedido gubernamental le reclama un objetivo acotado: convalidar o no los argumentos que usó el Gobierno en el decreto 18/2010 para remover al presidente del Banco Central. Pero en el fondo, lo que estará en tela de juicio es hasta dónde puede actuar el responsable del organismo monetario en defensa de los principios que guían a la entidad.

Este será el debate de fondo. El Poder Ejecutivo interpretó que Redrado no cumplió con su deber al someter la creación del Fondo del Bicentenario a la obtención de garantías legales que aventaran el riesgo de un potencial embargo. De hecho, consideró que su actitud remisa se traducía en el desconocimiento de una norma dictada por el Gobierno en uso de todas sus facultades.Y que al hacerlo entorpecía la política económica y creaba una suerte de anarquía dentro del organismo.

Por eso los legisladores tendrán que interpretar si los argumentos utilizados en el decreto en cuestión son suficientes para justificar la salida de Redrado. Pero al hacerlo, también tendrán que tener en cuenta que la Carta Orgánica del BCRA dispone que la principal causa de remoción es el incumplimiento de alguna de sus disposiciones o la demostración de mala conducta.

Redrado obtendrá, en este proceso, uno de sus reclamos básicos: el derecho a la defensa. Cuando Cristina Kirchner decidió el 7 de enero anular la intervención del Congreso, dejó al titular del Central sin la posibilidad legal de plantear sus argumentos, y esa fue una de las razones que llevaron el pleito a la Justicia.

Su respuesta básica procurará establecer que en ningún momento obstaculizó la creación del Fondo del Bicentenario. Desde el 14 de diciembre en que fue anunciado por la Presidenta, hasta el día en que el Ejecutivo lo despidió por decreto, pasaron poco más de dos semanas hábilies. En ese lapso, se gestionó una evaluación de la Subgerencia General de Asuntos Jurídicos y un dictamen de un estudio legal contratado por el BCRA.

La discusión en este punto se vuelve sutil. Para el Gobierno, la decisión de afectar las reservas no necesitaba ser revalidada por el Congreso. Según Redrado, un DNU respaldado por la comisión respectiva se transformaba en un respaldo mucho más contundente frente a aquellos acreedores que desde 2005 a la fecha habían hecho más de un reclamo judicial para lograr que el Central pagase como si fuese el Tesoro.

Para el oficialismo, el resto de sus objeciones a la medida (el efecto inflacionario, la discusión en torno al concepto de reservas excedentes) son subalternas. Pero Redrado puede usarlas con otro sentido, ya que si puede establecer que tenían un impacto negativo en materia monetaria, tendría como escudo al principal mandato que debe obedecer como titular del Banco Central: defender el valor del peso.

La defensa de las reservas pasará a ser, en este caso, una demostración del cumplimiento de sus deberes, y no lo contrario. Por eso los allegados a Redrado han comenzado a correr el velo de confidencialidad que mantuvieron hasta hoy sobre otros intentos pasados del kirchnerismo por usar los dólares del Central. La lista incluye un sondeo en 2006 para comprar acciones de YPF, un pedido hecho al año siguiente para fondear el Plan Nacional de Infraestructura y uno más reciente, a comienzos de 2009, cuando se discutió la posibilidad de otorgar redescuentos a los bancos que financiaran la venta de autos.

Lo que decida finalmente esta comisión no será vinculante para el Gobierno. Aunque no tiene plazos para expedirse, al día siguiente de hacerlo Cristina podrá volver a echar a Redrado. Pero lo que los legisladores debatirán no es solo si el Ejecutivo se excedió o no en sus facultades. También debatirán si quieren un Banco Central que diga a todo que sí, sin dramatizar tanto las consecuencias de sus actos.

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