Están probados 52 hechos de incumplimiento en la gestión de Miguel

El fiscal del Juicio Ángel Humberto Quidiello consideró acreditado que el ex intendente Abel Paulino Miguel incurrió en el delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, para lo cual solicitó al Tribunal que sea condenado; pena que pedirá en nueva audiencia.

Para ello trajo a mérito de los jueces las sentencias pronunciadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires en las que se basó la acusación y ejecución.

Ayer se cumplió una nueva audiencia en el juicio oral que se sigue al actual diputado provincial de Junín. El doctor Quidiello entendió acreditado la consumación los hechos que se imputan y la autoría responsable en cabeza del encausado, y calificó el mismo incumplimiento de los deberes de funcionario público -artículo 248- por no ejecutar las leyes.

Describió el incumplimiento respecto de 38 hechos en concurso real, y de 14 hechos en concurso real en el marco del artículo 249 del Código Penal, por omisión y retardo de actos en su oficio.

Puntualmente, resumió que el imputado fue sancionado por la falta de constitución de fianzas por los responsables de los manejos de fondos respecto de hechos ocurridos en los Ejercicios contables en los años 1983, 84, 85, 86 y 87.

Balances ausentes

Por falta de confección de los balances trimestrales de Tesorería y comprobación de saldos, respectos de hechos ocurridos en los Ejercicios contables municipales de los años 83,84,86, 89, 90 y 92 (cinco hechos).

Por la falta de publicación de la reseña económica financiera respecto de hechos ocurridos, fue sancionado por los Ejercicios contables de los años 83, 85 y 92.

Por la falta de reglamentación de la Ley 8838/77 (honorarios de apoderados y patrocinantes del Municipio), fue sancionado por los hechos ocurridos en los años 83 y 85.

La ausencia de envío de los registros de decretos y resoluciones respecto de los Ejercicios contables municipales, fue sancionado por los años 83,85 y 86.

Por la falta de reglamentación de viáticos al personal, respecto de hechos ocurridos en los Ejercicios contables municipales, fue sancionado en los años 84 y 85.

Por la falta de publicación de la reseña semestral correspondiente al segundo período, sobre la situación económica financiera de la comuna, fue sancionado por hechos acaecidos en años 85 y 89.

Por la falta de inclusión en el Presupuesto de gastos de créditos suficiente para hacer frente al pago de la deuda que no se encontraba financiada por saldo de renta ordinaria del Ejercicio anterior, fue sancionado respecto de hechos ocurridos en el Ejercicio contable de los años 91 y 92.

Por no haber constituido fianzas la Sociedad de Comercio e Industria de Junín por la percepción de Tasas municipales, fue sancionado respecto de hechos ocurridos en el 85 y 96.

Por no haber sido rubricado los registros de comerciantes e industriales, y padrón de contribuyentes, fue sancionado en los años 96 y 97.

Por emitir fuera de término la rendición de cuentas respecto de hechos ocurridos en los Ejercicios contables municipales, fue sancionado en el 89, 90, 91 y 92.

Por llevar con atraso el Libro de registro de decretos, fue sancionado en el 94 y 95.

"No quedan dudas de que el encausado resulta autor penalmente responsables de los delitos que se le atribuyen", aseveró el fiscal, luego que expusiera las pruebas base sometidas a valoración del Tribunal Oral, "en razón de reflejar el contenido de las sentencias mediante las que se aplicaron sanciones de multas y cargos al procesado en su carácter de intendente de la ciudad de Junín", y estimó que "comprende el carácter de firme de las mismas y acreditación del pago de multas fijadas en alguna de ellas".

En este marco, dijo que se hace fuerte la imputación de la presente causa, "ya que, evidentemente, las multas impuestas administrativamente marca de manera incuestionable que Miguel actuó de un modo prohibido, ya que se le imponía cumplir por sí las obligaciones que le establecía la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento de Contabilidad para los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, las ordenanzas municipales, ordenanzas generales y circulares dictadas por el Tribunal de Cuentas bonaerense. De aplicación inexcusable a los actos administrativos relacionados a la actividad del órgano municipal, trasluciendo que no ejecutó el imputado las leyes".

Para el ilícito del artículo 248 del Código Penal, explicó -básicamente se refiere a los fines de su configuración- que un funcionario público dictare resolución contraria a las Constituciones o leyes nacionales o provinciales, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. Extremo este último pertinente a la imputación que se formula en esta causa".

Para el ilícito del artículo 249, que protege el correcto funcionamiento de la administración pública, "procurando el eficiente desenvolvimiento de los servicios que son propios de ella", se consuma, entre otros extremos, con la omisión o el retardo de actos del oficio o propio de la labor del funcionario y esto es lo que se imputa en autos al procesado".

"Para ambos delitos no es necesaria la producción de un acto dañoso alguno. La ley comprende cualquier clase de tarea administrativa que integre el contenido de la función o prestación de servicio del agente", señaló el fiscal.

Artículo 249

Respecto del ilícito del artículo 249, "incurre en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público quien por su absoluto desinterés en el ejercicio de sus funciones y falta de control de las tareas de subalternos, posibilitó la comisión de irregularidades por parte de estos, según jurisprudencia descrita", alegó Quidiello. Y afirmó que

según la ley, los funcionarios municipales serán responsables por todo acto que autoricen, ejecuten o dejen de ejecutar, excediéndose en el uso de sus facultades, o infligiendo los deberes que le conciernen sus cargos.

"Infracciones administrativas establecidas conforme a derecho, resultan marcador insoslayable de la conducta típica comprendida en el artículo 248 del CP, al dejar el procesado de ejecutar la ley, no cumpliendo con los actos de oficio propio de la función de intendente, vinculándolo responsablemente al ilícito del artículo 249 del CP al no hacer cumplir a los funcionarios y empleados de su gobierno municipal las obligaciones que debían realizar y, además, por realizar el encausado tardíamente actos de su oficio.

Además, consideró que el imputado cometió una "sistemática reiteración de las conductas contrarias a las disposiciones administrativas vigentes".

Entendió que "no se advierte de otro modo que no sea con comprensión de lo que se hace y la intención y libre voluntad de hacerlo en contrario de las normas regulatorias que se imponía respetar. Ello así configura dolo suficiente para tener por consumado los ilícitos que se le imputan".

El 13 de noviembre será el turno para el doctor Martín Gutiérrez, en representación del particular damnificado; y el 20 de noviembre para la defensa, ejercida por el doctor Darío De Ciervo, en relación a los mismos hechos.

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