"Estamos seguros de la legitimidad del reclamo"

El gobernador santafesino señaló que, acabada la vía administrativa, corresponde acudir a la Corte Suprema de Justicia para reclamar los fondos coparticipables que la Nación retiene. "Con la plata que le enviamos al Ansés el año pasado podríamos hacer 20 hopsitales como el Iturraspe", graficó Binner.
El gobernador ratificó esta mañana que la vía adminsitrativa está superada y que en los próximos días la provincia demandará ante la Corte al gobierno nacional por los fondos retraídos en materia de coparticipación. "Estamos seguros de la legitimidad del reclamo, nos corresponde la vía judicial", dijo el gobernador antes del comienzo del Tedéum.

Este domingo, la edición santafesina del diario Crítica adelantó las próximas acciones del gobierno santafesino en este sentido. Esta mañana BInner dijo que, por ejemplo, "el año pasado le giramos al Ansés, que es superavitaria, unos 2.100 millones de pesos, estamos hablando de un monto que premitiría conctruir 20 hospitales como el Iturraspe (un nosocomio que se está levantando en la zona norte de la capital santafesina)".

Lo que viene

La provincia presentará esta semana una demanda formal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los fondos que el gobierno central retiene en concepto de coparticipación.

El primer escrito reclamará por los tributos correspondientes a los débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque. La actual gestión provincial intentó primero con un reclamo administrativo a principios de marzo, pero ni el Ministerio de Economía ni la Procuración del Tesoro respondieron el pedido que ponía foco en la inconstitucionalidad de los fondos retenidos por este concepto al finalizar la emergencia económica, devengados desde el 19 de diciembre de 2006. "La actuación de cortesía culmina por la falta de respuestas", le dijo a Crítica de Santa Fe una calificada fuente del gobierno santafesino.

La gestión socialista entiende que, del total que ingresa a la caja del gobierno nacional en este concepto, la Nación debe coparticipar el 30% a las provincias. Sin embargo retiene, además, un 42% más, lo cual complica sensiblemente las arcas santafesinas.

Hermes Binner le pidió al fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, que apure el trámite que será presentado en los próximos días a través de los estudios jurídicos porteños de los abogados Ricardo Gil Lavedra y Carlos Rosenkrantz. El gobernador santafesino también dispuso que las demandas completas sean enviadas a las cámaras legislativas.

EN CARPETA. Tras la demanda por el impuesto al cheque, la provincia presentará otras dos relacionadas al 15% que la Nación le quita de su coparticipación por el pacto de financiamiento del Anses y la autarquía de la Afip. En el primer caso, el gobierno santafesino argumentará que no se puede seguir financiando el organismo previsional nacional luego de la monumental inyección de activos de las Afjp que representó la estatización del sistema.

La génesis de la retracción debe ubicarse en 1992 con la firma del pacto fiscal entre el ex ministro de Economía de la Nación Domingo Felipe Cavallo y el entonces gobernador Carlos Reutemann.

"Nosotros sostenemos que hay un cambio de circunstancias. En 1992 la Ansés era deficitaria, y hoy con los fondos de las Afjp tiene superávit y fondos fluídos", distinguió un alto funcionario del área de Economía del gobierno de Hermes Binner. El primer ciclo de demandas se cerrará con el reclamo por la coparticipación de los montos enviados en función de un decreto firmado en 2001 para financiar la autarquía de la Afip.

LITIGIO LARGO. El trámite ante el órgano máximo de la justicia nacional tiene características similares a litigios que se resuelven en tribunales ordinarios. La Corte Suprema de la Nación recibirá la demanda de la provincia de Santa Fe y le correrá traslado al Poder Ejecutivo Nacional, que tendrá 60 días hábiles para contestar. Se abrirá luego un período de prueba en donde las partes deberán fundamentar sus exigencias –en el caso santafesino – o su defensa, a cargo de la Procuración del Tesoro federal. Culminada esta instancia judicial, se escucharán los alegatos de las partes y el juicio cerrará entonces con una sentencia.

La demora en la resolución del máximo tribunal estará determinada por el número de incidentes que se sumen al expediente durante la tramitación. Los más optimistas sugieren que, en los primeros meses del 2010, podría haber un pronunciamiento de la Corte Suprema de la Nación.

Bancarios transferidos

La Fiscalía de Estado declaró admisibles poco más de 900 reclamos administrativos presentados por ex empleados bancarios que fueron transferidos a la administración pública luego de la privatización del Banco de Santa Fe en 1997, durante la gestión de Jorge Obeid. Según pudo saber Crítica de Santa Fe, el gobernador Binner firmará los decretos en los próximos días con los modelos de acuerdo. Los convenios implicarán un gasto de casi 9 millones de pesos anuales durante cuatro años.

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