Es el estallido del modelo Juez con efectos diferidos

La ley provincial 8864 o de Saneamiento Fiscal, del año 2000, que obligaba a los municipios a fijar un tope del 50% de dedicación presupuestaria a sueldos resultó, en realidad, una ley no nata: fue masivamente ignorada por los municipios que la suscribieron, y el gobierno provincial, que debería haberla hecho exigible, miró para otro lado en ese festival de transgresiones.
No es la única ley que prevé este tipo de compromisos con cero de interacción con la realidad. La Ley de Convertibilidad Fiscal que en 1998 impulsó desde su banca en el Senado José Manuel de la Sota, no existió a los efectos prácticos, al punto que tres años después estalló el país por los desbordes de las cuentas fiscales que todos conocimos y sufrimos.

Incluso, en Córdoba, en el segundo año de la administración Kammerath, el Concejo Deliberante sancionó una Ordenanza de Convertibilidad Fiscal, que impulsó e impuso el bloque radical que presidía Daniel Ingaramo, que preveía una reducción gradual de los gastos corrientes (esencialmente sueldos). No hace falta recordar que dos años después, Kammerath entregó el municipio con un endeudamiento equivalente a todo un presupuesto.

Con respecto a la Ley 8864 o Pacto Fiscal (hubo tres versiones), la Municipalidad de Córdoba la suscribió recién en 2005, luego de fuertes encontronazos entre el gobernador y el intendente, entonces José Manuel de la Sota y Luis Juez.

Juez logró el reintegró de lo que le debían, y con respecto a los compromisos hizo una demostración sinfónica de incumplimiento para quienes quisieron enterarse.

2.000 bajas jubilatorias: Merced al régimen de jubilación anticipada dispuesta en 2002 por la Caja, el ex intendente las volvió a cubrir a todas con contratados, por lo cual la planta de empleados recuperó al poco tiempo la misma nómina: 7.500 agentes.

Otras 2.500 designaciones: No obstante esta inobservancia, comenzó a designar más personal hasta trepar hasta 10.100 empleados, el presente griego que le obsequió a su sucesor y entonces "amigo" Daniel Giacomino. Su dispendio, incluso sin razones entendibles, fue tal que 1.000 de esos nombramientos fueron entre el 2 de setiembre y el 10 de diciembre, cuando ya ni siquiera había razones electorales reprochables, pero que guardaban alguna lógica. Con una candidez imperdonable, Giacomino refrendó luego estos nombramientos con sus respectivos decretos.

65% de recursos a sueldos: Juez entregó el gobierno con una deuda flotante de 150 millones de pesos y un endeudamiento reducido más o menos en los mismos valores. Además, el referido presente griego a su sucesor, comenzó a impactar recién en 2008, cuando la dedicación a sueldos creció al 72%.

Más de 1.000 millones en 2009: El problema llegó a su clímax por estos días, porque sin recorte de la partida, lo destinado a sueldos en todo el año superará los 1.000 millones. La fórmula es relativamente sencilla de comprender. Se trata del estallido con efectos diferidos del modelo Juez: una inmensa partida de sueldos de característica "inelástica" y ingresos en retroceso por la crisis económica.

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