Estafas con viviendas. La justicia probaría que hubo una asociación ilícita

Es decir que varias personas armaron una banda para vender viviendas sociales. Además de los detenidos la semana pasada, en las últimas horas fue arrestado un tercer sospechoso. Es un contador que trabaja en Santiago del Estero. Tras ser detenido, se descompensó y lo internaron en una clínica santiagueña. Esperan poder trasladarlo a La Rioja este martes. Habría escribanos locales involucrados en validar actos ilegales.

La causa por la presunta estafa con viviendas del Estado sumó este lunes la detención del contador Roberto Soria, quien será trasladado este martes desde Santiago del Estero, donde fue arrestado, hacia la capital riojana, para ser sometido a una rueda de reconocimiento con las personas que pagaron por comprar viviendas sociales y se consideran ‘víctimas’.

El traslado será posible si los médicos lo autorizan, porque el sospechoso debió ser internado el lunes en una clínica de Santiago del Estero por una descompensación, dijeron fuentes que investigan el caso.

Además, se conoció la existencia de varias actas certificadas por escribanos públicos mediante las cuales se validaban "acuerdos privados" entre los "gestores" y los damnificados, dijeron fuentes judiciales.

El gobernador Luis Beder Herrera reiteró que el objetivo es llegar con la investigación "hasta las últimas consecuencias" y ratificó que todas las áreas de la administración provincial "tienen la obligación de brindar la máxima colaboración con la justicia".

El contador Roberto Soria fue detenido en Santiago del Estero, este lunes al mediodía. Una comisión policial viajó desde La Rioja para cumplir las diligencias del traslado a los efectos de ponerlo a disposición del juez que investiga el hecho, Alejandro Arce.

En la justicia se considera de vital importancia el procedimiento de identificación de este individuo que se realizará este martes con las personas que se consideran "víctimas" de la estafa y que tuvieron trato con el "famoso contador Soria", según el testimonio de varios de los damnificados.

Si bien falta aún la declaración testimonial de varias de las personas afectadas en este hecho, la investigación judicial continúa con el proceso de citación para lograr la comparencia y avanzar en la causa.

De todas maneras, en base a los testimonios recogidos hasta el momento sobre cómo operaban estas personas –coincidentes en cuando al modus operandi-, se está estudiando la posibilidad de ampliar la acusación a un hecho nuevo porque se estaría en presencia de una organización delictiva que tendría todas las características de una asociación ilícita, anticiparon las fuentes consultadas

En otro orden, llamó mucho la atención también en los investigadores de esta causa el hecho de que a las múltiples modalidades fraudulentas que se habrían cometido, se utilizaron también acuerdos privados donde José Llanos –junto a Miguel Ahumada, los dos involucrados detenidos desde la semana pasada- se comprometía a la adjudicación de una vivienda construida por el Estado en los que se indicaban variadas y abultadas sumas de dinero.

El agravante sería que estos "acuerdos" contarían con la confección y certificación de escribanos públicos de nuestro medio, algunos que tendrían funciones dentro de la Administración Pública.

El compromiso que asumía Llanos, plasmado en los "acuerdos privados" era la entrega a su nombre con la correspondiente resolución de adjudicación emanada de la Administración de Vivienda, de una casa ubicada en el Faldeo del Velasco Sur.

Independientemente de los hechos que se investigan, la justicia analiza también la conducta de estos profesionales a los efectos de determinar algún grado de responsabilidad, por lo que sería la eventual legitimación de acuerdos que serían irregulares.

El contador Soria

Roberto Soria figura como titular de un estudio contable en la capital santiagueña. Tiene 52 años y se recibió en la universidad católica de esa provincia. La justicia deberá ahora determinar su grado de participación en los hechos que se investigan y establecer -si logra probar que tiene responsabilidad penal- como se vinculó con funcionarios y falsos ‘gestores’ locales para vender casas de planes sociales.

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