En el marco de la causa penal en la que se investiga una estafa al Estado bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli en el Ministerio de Salud que conducía Alejandro Collia, en la que se armaban expedientes falsos por compras de medicamentos oncológicos, sería inminente la entrega de uno de los dos prófugos: el exsubsecretario de Atención de las Adicciones, Carlos Sanguinetti.

Un vocero judicial le adelantó a este diario que “a Sanguinetti se le terminaron todos los recursos que presentó a través de su representante legal, por lo que ahora se pondría a disposición de la Justicia”.

Sanguinetti y una estrecha colaboradora suya, Viviana Callegui, tienen pedido de captura ordenada por el fiscal Jorge Paolini, titular de la UFI nº 8 de La Plata. Lo que se investiga es la participación de ambos en un circuito ilegal de corrupción enquistado en el Ministerio de Salud.

En la pesquisa se habría comprobado la salida de una suma de 500.000 pesos de las arcas provinciales para adquirir insumos que nunca llegaron a destino. “Los procesados armaban expedientes falsos por compras que nunca se hacían, con la sola finalidad de quedarse con el dinero”, consignaron las fuentes.

La Justicia entendió que hay evidencias y pruebas suficientes como para sospechar que se está ante los delitos de “asociación ilícita, fraudes reiterados contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública”, los cuales establecen penas de hasta 10 años de prisión, y 15 en el caso del jefe de la organización.

La estafa cometida en el Ministerio de Salud Bonaerense durante el gobierno de Daniel Scioli ya tiene tres detenidos: el empresario farmacéutico Leandro Paci,el dueño de una imprenta, Víctor Shama y un empleado de la subsecretaría de Atención de las Adicciones, Hernán Azzarri.

La red de corrupción estaría relacionada con la mafia de medicamentos y el robo de drogas de alto costo que se habría orquestado en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). 

Respecto a la prófuga Callegui, nada se sabe. Ella, que es psicóloga, al momento en el que se pidió su detención se desempeñaba como directora asociada del Hospital Zonal Especializado Reencuentro que, precisamente, está orientado a la atención de las adicciones. 

Otros dos imputados pero excarcelados son la exdirectora de Contabilidad del Ministerio de Salud, Beatriz Priolo y el empresario Leandro Durand. 

Escuchas que comprometen a Pérez

En tanto, desde la Fiscalía se intenta determinar si el exsubsecretario de Administración del Ministerio de Salud, Carlos Pérez, está implicado en los negociados. Según se sabe, hay escuchas telefónicas que lo comprometen.

De acuerdo al expediente judicial, “los imputados lograron sustraer distintas sumas de dinero en concepto de pagos de la Subsecretaría de Atención de las Adicciones y del hospital Lucio Meléndez de Adrogué, donde se acordó la confección de al menos cinco expedientes licitatorios falsos por distintas compras que habría de efectuar el citado Ministerio para la Subsecretaría, con el objeto de justificar de tal modo el pago de importantes sumas de dinero a determinadas empresas a las cuales era direccionada la compulsa de antemano”.

La investigación se inició por un caso que fue revelado por este medio el 6 de diciembre de 2011. Todo comenzó cuando salió a la luz que un afiliado, quien había fallecido de cáncer, aparecía en el sistema informático del IOMA con tratamientos activos. Además, estaban registrados pacientes con terapia oncológica a los cuales se les cargaban drogas que sus médicos nunca les habían indicado.

Tras la investigación, Paolini detectó vínculos entre la causa del IOMA y las irregularidades en el Ministerio de Salud. Al allanar la casa de Paci, en un country, hallaron licitaciones adulteradas. Ese fue el paso inicial de este complejo proceso que afecta al poder político directamente y en el que los artilugios legales están a la orden del día.