Por Eleonora Gosman

Todo indica que el gobierno norteamericano decidió quebrar su cautela frente al desplazamiento de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil. El embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA) Michael Fitzpatrick declaró que el proceso de impeachment contra la jefa de Estado “no es un golpe”. La intervención del diplomático de Washington fue una respuesta al pronunciamiento de varios países latinoamericanos que expresaron su rechazo a la instalación de Michel Temer en la jefatura del Palacio del Planalto.

Fitzpatrick expresó que el procedimiento en Brasil “se ajusta a un claro respeto a las instituciones democráticas, una clara separación de poderes, a la vigencia del Estado de Derecho y a la solución pacífica de las disputas”. Sostuvo, en una comparación con Venezuela, que “nada de esto ocurre en ese país y esa es, justamente, nuestra preocupación”. En declaraciones posteriores a la agencia española de noticias Efe, sostuvo: “Nosotros no creemos que sea un golpe suave. Lo que ocurrió en Brasil siguió un proceso constitucional”.

La Comisión de Derechos Humanos de la OEA, había evaluado como un “retroceso” el gabinete de ministros que formó el presidente provisorio Temer, donde no hay negros ni mujeres; y donde pululan los integrantes con antecedentes de investigación por cuestiones judiciales. En el ámbito brasileño, vale analizar el discurso que pronunció el canciller José Serra, que fue hasta hace unos pocos días era senador por la socialdemocracia local (PSDB). El salto del ex parlamentario al gobierno interino de Temer se basó en una convicción: que el presidente actual deberá permanecer por el resto del mandato de Rousseff, es decir, hasta el último día de 2018. Visualizó, además, una oportunidad única de volver a la escena de la política doméstica, luego de quedar en un lejano tercer puesto detrás de sus colegas de partido Aécio Neves (también senador y ex candidato presidencial) y Geraldo Alckmin (gobernador de San Pablo, que cumple en 2018 el último año de su segundo período, por lo que no puede ser reelecto).

Serra cumplió, como senador, un papel singular en la presentación de un proyecto para flexibilizar la explotación de los recursos petroleros de la plataforma marina. No pudo llegar a concretarse, hasta ahora, porque el impeachment consumió las fuerzas del Congreso. Esa flexibilidad era reclamada por las compañías petroleras internacionales, que no quieren quedar supeditadas a la brasileña Petrobras. Ahora, desde la cumbre del Palacio de Itamaraty, el político dará una nueva orientación a la diplomacia de su país. Desde ese lugar quiere revisar la estrategia seguida sobre todo en América Latina, donde el ex presidente Lula da Silva consiguió estrechar lazos y, sobre esa base, proyectar empresas brasileñas a nivel internacional. Uno de ellos el caso de Odebrecht, cuyo Ceo está preso por coimear, presuntamente, a directivos de la petrolera estatal y a políticos de su país.

La compañía fue la que construyó en Cuba el puerto de Mariel, un complejo portuario e industrial que debe catapultar la Isla caribeña a un lugar clave dentro del comercio centroamericano. También por las gestiones de Lula y de su ex canciller Celso Amorim, Brasil consiguió proyectarse en el nivel internacional en una sociedad formada con China, Rusia, India y Africa del Sur; el grupo llamado Brics. Además fue uno de los cofundadores de Unasur.

En los últimos 13 años, a expensas de esa política exterior, crecieron también de forma significativa los negocios de Brasil con Venezuela (donde obtuvo grandes beneficios por obras y por exportaciones) y con los países africanos de habla portuguesa. Para Serra, en cambio, la clave pasa por otro lado: el impulso a las relaciones comerciales bilaterales, que no estén condicionadas, como ahora, al Mercosur; y la proximidad con los países de la Alianza del Pacífico, especialmente México, Colombia, Perú y Chile. Esa aproximación ya era tejida por el gobierno de Rousseff.