"El Estado trabaja para que los que ocuparon el predio puedan quedarse”.

Así lo aseguró Rubén Pascolini, presidente de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social de la Nación, al referirse a los vecinos que ocuparon los terrenos ubicados en la intersección de Camino Negro y Canadá, en Ingeniero Budge.
Según indicó el funcionario en diálogo con Info Región, de no llegar a un acuerdo de compra con los propietarios del predio, podrían expropiarlo. “Reivindicamos el derecho a tener un lugar dónde vivir y la población que ocupó la zona vivía hacinada en las inmediaciones del terreno”, defendió Pascolini.

A dos meses y medio de la usurpación del predio ubicado en Camino Negro y Canadá, el presidente de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social de la Nación, Rubén Pascolini, defendió la posición de los vecinos y aseguró que “el Estado trabaja para que la población que ocupó el terreno pueda quedarse allí”.

A pesar de que el asentamiento “17 de Noviembre” no cuenta con los servicios básicos de higiene, seguridad y salud, el funcionario manifestó que como primera medida se busca lograr “la adquisición de las tierras”, para luego pasar "a las siguientes etapas habitacionales”.

“Estamos trabajando en conjunto con las autoridades de la Provincia y la Municipalidad para acceder a la compra de la tierra. Ésa es una de las hipótesis que manejamos, y esperamos que pueda resolverse bien. En primera instancia reivindicamos el derecho, como lo plantea la Constitución Nacional, a tener un lugar dónde vivir, y la población que ocupó la zona vivía hacinada sobre los bordes del campo Tongui”, expresó el titular del área en diálogo con Info Región.

En tanto, no descartó que se expropie la tierra a sus propietarios, de no poder llegar a un acuerdo.

“El trabajo para que esa población acceda a la tierra es mucho más largo que brindarles una respuesta en relación a cuestiones que tienen un carácter humanitario, como pueden ser el agua potable o el alimento. Por ahora lo que estamos dando son respuestas para el mientras, una respuesta a más largo plazo será el acceso a la tierra y, por supuesto, estamos pensando en soluciones habitacionales. Haremos todo lo posible para llegar a un acuerdo, desde las distintas instancias del Estado estamos comprometidos a eso, y expropiar el terreno también es una alternativa”, deslizó Pascolini.

Sobre la posibilidad de que las viviendas del predio sean construidas con fondos emitidos desde el Gobierno nacional manifestó: “Existe la posibilidad de crear viviendas con fondos de la Nación, pero hablar de eso sería una irresponsabilidad".

"Evaluaremos las alternativas para que el terreno deje de estar en las condiciones en las que se encuentra y convertirlo en un predio habitable, digno y con servicios”, adelantó.

Por otro lado, se refirió a la asistencia que reciben los vecinos en materia de agua potable y alimentación; y aseguró que se colocarán "ocho canillas comunitarias" para abastecer a las más de 3 mil familias que se encuentran en el lugar.

“Los ocupantes que están en el barrio fueron recibidos por el Ministerio de Desarrollo Social después de la movilización que realizaron días atrás, y estamos trabajando con ellos desde que se produjo la ocupación. La falta de agua la resolvimos junto a la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la participación del Ejército argentino, que proveyó agua potable en carácter de emergencia. Ahora el Municipio, junto con AySa, garantizará el servicio de agua a través de ocho canillas comunitarias”, detalló. Y agregó: “Otro de los grandes ejes sobre el que nos abocamos es la organización de la comunidad. Eligieron delegados para que los puntos de trabajo diagramados sean administrados con responsabilidad, compromiso y Justicia”.

El funcionario consideró, además, que es “muy probable” que los vecinos hayan sido inducidos a tomar el terreno por dirigentes políticos, aunque no rechazó esa forma de organización.

“Está bien que la gente se organice, a nosotros no nos parece mal. Hay organizaciones que se han hecho cargo de situaciones que no resolvió el Estado ni el mercado, y es una realidad que muchos pibes pudieron comer durante la época de los ’90 porque hay organizaciones que garantizaron la comida, la educación, el cuidado de los chicos a través de jardines comunitarios o brindaron un lugar dónde vivir a través de la organización de un asentamiento”, señaló.

Y remarcó: "Desde el Estado no promovemos la usurpación de terrenos, pero reconocemos que es un derecho que tienen las comunidades que, lamentablemente, han sido víctimas de políticas que los han dejado excluidos del sistema. Durante estos últimos años se ha avanzado mucho, pero es muy difícil revertir problemas estructurales en dos gestiones”, concluyó Pascolini.

Comentá la nota