El Estado provincial intervino a EDECAT

A las 19 de ayer, la empresa planteó la rescisión por culpa de la Provincia. Posteriormente, desde Casa de Gobierno se informó que ya estaba el decreto de intervención a la concesionaria.
El Gobierno finalmente intervino ayer a la concesionaria EDECAT, lo que le permitirá tomar el control del servicio de distribución de energía. Lo hizo mediante un decreto firmado por el gobernador Eduardo Brizuela del Moral. La empresa había planteado a las 19 de ayer la rescisión contractual por culpa de la Provincia, y posteriormente desde Casa de Gobierno informaron que ya estaba el instrumento que ordenaba la intervención.

De esta manera, la crisis que se inició hace más de una semana por el conflicto gremial que puso al borde del colapso la provisión de energía y resintió también la de agua potable, termina en un escándalo.

Tal como lo adelantó EL ANCASTI en exclusiva, la modalidad elegida a nivel oficial para intervenir a la privatizada es la de ejecución de la garantía, lo que implica que tomará el 51% de las acciones clase "A". En tanto, nombrará dos directores que se harán cargo de la administración. Luego hará el llamado a licitación para vender las acciones y el producto de esta venta será la indemnización para la firma.

De acuerdo a lo que adelantaron desde el Ejecutivo, la idea es apurar el ingreso de los técnicos oficiales en la parte operativa, para evitar más inconvenientes en el servicio. Mientras tanto, el Ministerio de Gobierno ordenó una custodia policial en inmediaciones de la firma, para evitar que se lleven elementos.

Ayer por la mañana, Brizuela del Moral, junto a técnicos de Obras Públicas y del ENRE, analizaron la situación de la privatizada y avanzaron sobre la definición del decreto para tomar el control de la empresa. De acuerdo a lo que ya había anticipado el titular de Servicios Públicos, Rafael Assante, la alternativa más firme era la que finalmente se tomó.

Por la tarde, la empresa EDECAT planteó a Brizuela del Moral que estaban dadas las condiciones para pedir la rescisión contractual "por culpa del concedente", a raíz de distintos incumplimientos del Estado provincial al contrato de concesión y al acta de renegociación parcial. Lo hizo en un escrito que presentó el vicepresidente de la firma, Alberto Taselli, con el patrocinio legal del abogado Jorge Díaz Martínez. Allí mencionaba que la presentación "tiene por objeto poner formalmente de manifiesto la existencia de actos, hechos y omisiones del concedente, que implican el incumplimiento grave de sus obligaciones, y que habilitan la rescisión del contrato por culpa del concedente".

La concesionaria había salido de esta manera al cruce de una posible intervención estatal en su operación, la que finalmente se concretó.

EDECAT mencionó que por las inobservancias de la Provincia a los acuerdos suscriptos, realizó "cuantiosas intimaciones a los efectos de encausar el vínculo contractual, intimaciones todas que fueron ignoradas por ustedes (...)".

"Las sistemáticas demoras y omisiones en la resolución de cada petición de la empresa, sumadas a las actuaciones realizadas por la autoridad de aplicación en violación a sus obligaciones esenciales de carácter legal, reglamentario y contractual, producidas durante el escaso tiempo transcurrido desde el dictado de la primer acta de entendimiento parcial (...) han vaciado de todo contenido la concesión del servicio, haciendo insostenible la continuidad del contrato en esas condiciones", argumentó.

En la nota, la empresa mencionó los principales incumplimientos del Estado, que EDECAT viene reclamando. Entre ellos se mencionan:

- Adecuación de la tarifa, "habida cuenta que la falta de una tarifa justa y razonable, ha impedido e impide la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica y ha provocado el empobrecimiento sistemático de la empresa (...).

- Reconocimiento inmediato de los costos de operación y mantenimiento de las líneas eléctricas ejecutadas por el Gobierno y cedidas a la compañía, que no fueron incluidas en la tarifa.

- Pago de los consumos energéticos en mora de las reparticiones públicas provinciales que asciende a la suma de 1.300.000 pesos.

- Pago de los consumos energéticos de Aguas de Catamarca, instrumentados por subsidios y que asciende a la suma de 1,2 millón de pesos.

- Pago de los consumos eléctricos de los municipios, cuya deuda asciende a los 2,3 millones de pesos.

- Reconocimiento en los cuadros tarifarios aprobados por el ENRE de los cargos facturados por CAMMESA a la distribuidora y no trasladados por no haber sido publicados en los documentos de transferencias económicas definitivos de la Secretaría de Energía de la Nación y que asciende a la suma de 1,1 millón.

- Reconocimiento de los costos de operación para la generación distribuida implementada durante el verano pasado y que fueran reclamadas administrativamente.

- Constitución del fideicomiso de acuerdo a lo dispuesto por la cláusula 9 del acta acuerdo en lo que respecta al comité fiduciario y su reglamento de gestión.

- Depósito inmediato en el fidecomiso de los importes reconocidos en la cláusula sexta del acta acuerdo que "ante la omisión del mismo por dos meses consecutivos y/o cuatro alternados, autorizaba y autoriza la denuncia del contrato según cláusula décima del acta acuerdo, obligación incumplida en forma sistemática y que se encuentra actualmente en ese mismo estado".

- Reconocimiento de "los perjuicios producidos por la demora en la implementación de la tarifa social y los daños producidos por su errónea reglamentación, que viola la finalidad para la que fuera prevista en el acta acuerdo".

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