Un Estado "a-policial"

Por Mariano Grondona

Un diabético, que necesita insulina, deja de tomarla. Ya sin la protección de la insulina el azúcar invade su sangre, poniéndolo en riesgo. ¿A quién habría que echarle la culpa por su condición? ¿A la diabetes porque es una enfermedad agresiva o al diabético porque ha dejado de cuidarse?

Nuestro Estado, que tolera el auge de la delincuencia cuyos atentados conmueven cada día más a los argentinos, discrimina desde 2003 a las fuerzas de seguridad pese a que el principal cometido de ellas es defender a la sociedad y al mismo Estado. Sigue persiguiendo sistemáticamente a las Fuerzas Armadas, que aparte de haberse convertido en las "fuerzas más desarmadas" de América latina, tienen presos y sin debido proceso a seiscientos oficiales y suboficiales.

En cuanto a las fuerzas policiales, se sienten abandonadas y desmoralizadas por falta de recursos técnicos y de salarios dignos, no sirviendo ya para los jueces ni siquiera los testimonios que se hayan emitido libremente en sede policial. Al ver que los delincuentes "entran por una puerta de la cárcel y salen por la otra", los encargados del orden no pueden sino sentir desaliento e incluso desamparo, porque las autoridades hasta desdeñan homenajear debidamente a los caídos en el cumplimiento de su deber. Esta circunstancia se agrava todavía más cuando los delitos son cometidos por menores de edad porque ellos gozan, en los hechos, de impunidad. A esto deben agregarse las continuas trabas que ha impuesto el Poder Ejecutivo al proyecto del gobierno de la ciudad de organizar al menos una reducida fuerza de agentes bien entrenados y bien remunerados.

Gérmenes de insociabilidad habrá siempre. Pero una cosa es que se encuentren frente a una firme barrera legal, judicial y policial capaz de contenerlos y otra muy distinta que puedan llenar sin inconvenientes el vacío que deja un Estado desarmado, "hervívoro", como el nuestro. Los vacíos se ocupan. Si el aparato de prevención y de disuasión deja un espacio por no cumplir con su misión esencial, ese espacio lo llena de inmediato la delincuencia. En las democracias bien ordenadas se respetan dos derechos. Uno, por supuesto, es la garantía del debido proceso de la que gozan los delincuentes. Pero otro es el derecho de los ciudadanos inocentes a la protección estatal. En nuestra democracia "desordenada" se enfatiza el primero de estos derechos pero se ignora el segundo. Este pronunciado contraste lo percibe el hombre de la calle, que también reclama para sí el derecho humano de no vivir ya más detrás de las rejas físicas de su casa ni de las rejas psicológicas de su temor. Y la suya no es una simple "sensación" como querría suponer un Gobierno como el actual, proveniente de una deformación ideológica que ya lleva treinta años de atraso.

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