El Estado podrá operar en la TV satelital

Un decreto lo autoriza a emitir señales culturales e informativas
La presidenta Cristina Kirchner firmó un decreto que autoriza al Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP) a instalar y operar un sistema de televisión satelital en todo el país para difundir señales educativas, culturales e informativas.

Con el argumento de que el Estado nacional debe contar con "herramientas" que le permitan desarrollar "una política de libre acceso a la información por parte de la población en situación de vulnerabilidad social", el Gobierno emitió el decreto 943/09, publicado ayer en el Boletín Oficial, meses después de haber presentado un proyecto de ley de radiodifusión, aún en discusión, para reemplazar la norma vigente.

El sorpresivo decreto lleva la firma de la Presidenta y del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y autoriza al organismo a emitir contenidos informativos, en competencia con las emisoras privadas.

La encargada de subir la señal será la empresa satelital nacional Arsat, que la distribuirá desde el telepuerto que posee en la localidad de Benavídez, en el norte del conurbano.

La norma indica que la autorización para operar un sistema de televisión satelital fue solicitada por el presidente del SNMP, Tristán Bauer, que tiene a su cargo el manejo de los medios del Estado, encabezados por Canal 7 y Radio Nacional. Fuentes cercanas a Bauer señalaron a LA NACION que aún no está definido si entre las señales informativas se encontrará el canal Telesur, iniciativa del presidente venezolano, Hugo Chávez. Y admitieron que podrían crearse otras señales de noticias.

Dijeron que la norma surgió de una idea del propio Bauer cuando dirigía el canal Encuentro y que el proyecto más avanzado era la probable creación de una señal infantil de Encuentro Infantil.

Consultado por LA NACION, el abogado constitucionalista Gregorio Badeni, estimó: "Se advierte prima facie una intromisión del Gobierno, a través del Estado, en el espectro de la comunicación social, que sigue los lineamientos que se están dando en Venezuela".

Consideró especialmente delicada esta intervención si se hace por decreto ?aunque fuera de necesidad y urgencia? mientras se está tratando un proyecto de ley de radiodifusión en el Congreso. Y recordó que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia es que si hay un proyecto tratándose en las cámaras, no corresponde aceptar un decreto de necesidad y urgencia.

Para el doctor Badeni, la creación de contenidos por parte del Estado "es un elemento que cualquier gobierno puede usar con fines de política partidaria".

Papel activo

El proyecto fue elaborado durante el último año por el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) y las áreas de comunicación del Gobierno, con el argumento de "permitir el acceso a este servicio de las personas y regiones menos desarrolladas del país".

La norma desestima el papel subsidiario del Estado en el servicio de radiodifusión y fortalece el "rol activo" para garantizar "que la comunidad acceda a espacios de difusión pluralistas, en los que los contenidos sean generados no para obtener el beneficio económico [fin lícito y último de una sociedad anónima], sino para asegurar a la totalidad de la población el acceso a bienes culturales e informativos".

Tras un dictamen de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que dio luz verde a los requerimientos técnicos para generar las señales y distribuir la programación, la norma se basa en principios constitucionales que, según el decreto, exigen al Estado nacional "la implementación de las medidas que eliminen las limitaciones en orden al acceso a la información.

"Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo", indica el decreto, al citar el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También dice: "Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información".

También se añade que de varios instrumentos internacionales y normas interpretativas "surge la idea de que la libertad de recibir todo tipo de información e ideas funciona como contrapartida de la libertad de difundir a través de los medios de comunicación social".

Por otra parte, fuentes de las emisoras de TV privada dijeron que no fueron consultadas y cuestionaron el decreto, al afirmar: "Es el principio de la creación de un monopolio estatal que va a competir con toda la TV abierta. La pregunta es quién va a comprar las antenas y quién pagará el satélite".

El decreto

* Autorización. El Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP) podrá instalar y operar emisiones de TV satelital, con señales educativas, culturales e informativas.

* Noticias. Se abre la puerta para la inclusión del canal Telesur, propiciado por Chávez, y la creación de señales informativas propias.

* Transmisión. La empresa satelital Arsat será la encargada de subir la nueva señal del Estado y distribuirla desde el telepuerto que posee en la localidad bonaerense de Benavídez.

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