El Estado perdió 13.000 millones de dólares por la corrupción

La cifra surge del análisis de 750 causas penales; dura recomendación de la OEA
El Estado argentino hoy no tendrá mucho para aplaudir cuando se festeje, según lo dispuesto por las Naciones Unidas, el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Si se mide en términos numéricos, el padecimiento del país es escalofriante: entre 1980 y 2007 la Argentina perdió 13.000 millones de dólares por la corrupción de sus funcionarios. Y si se mide en términos abstractos, el Estado tiene una importante deuda en materia de credibilidad de sus organismos públicos y en relación con el cumplimiento de las normativas tendientes a dar mayor transparencia.

Según la evaluación que surge de un extenso informe que presentó ayer Poder Ciudadano sobre la base de un trabajo realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, "en la Argentina aún no se han dado a conocer medidas importantes para la promoción de transparencia y de castigo de la corrupción".

El dato no es menor si se tiene en cuenta que los 13.000 millones de dólares que se perdieron por corrupción en los últimos 27 años no parecen haber significado atenuante alguno para instrumentar medidas más duras de lucha contra los funcionarios corruptos.

Los 13.000 millones de dólares que se fueron por casos de corrupción surgen de un estudio realizado por el Cipce, una ONG argentina que hizo un seguimiento de 750 causas de corrupción en el Estado. Allí se tuvo en cuenta también que en los últimos 25 años los jueces federales sólo condenaron el 5% de los delitos económicos que investigan.

Por otra parte, Poder Ciudadano estimó que, según esas cifras, "se observa que el dinero público que se pierde por la corrupción equivale a la construcción de 12 establecimientos de educación media, 104 jardines de infantes o la compra de 400 toneladas de leche para recién nacidos de bajo peso". También se podría añadir que 13.000 millones de dólares es el equivalente a dos veces el pago de intereses de la deuda pública externa e interna de la Argentina o el 18% del presupuesto nacional de 2010, por poner sólo algunos ejemplos.

A su vez, el informe de la OEA es el resultado de un extenso relevamiento que hizo en septiembre último una comisión de expertos de esa organización internacional. Allí se recomendó "la necesidad, por parte del Estado argentino, de contar con normativas de acceso a la información que garanticen y permitan esta participación ciudadana en el control de la gestión pública".

También la OEA instó a "instrumentar medidas que les permitan a los funcionarios a cargo detectar la existencia de dinero pagado por corrupción, en caso de que se pretenda usar para obtener beneficios tributarios, fortalecer las normas para la prevención del soborno de funcionarios y adoptar las medidas necesarias para que exista la responsabilidad penal y administrativa de las empresas jurídicas que sobornan en el extranjero o dentro del territorio argentino, más allá de las sanciones que se apliquen a las personas vinculadas a las mismas". El informe elaborado por los expertos de la OEA también pide al Estado argentino que haya un seguimiento de recomendaciones realizadas con anterioridad.

Rodolfo Gil, embajador de la Argentina ante la OEA, expresó a La Nacion: "Si se compara con países como Canadá, Estados Unidos o naciones más cercanas, como Chile o Uruguay, es obvio que no estamos bien. Pero si se mira para abajo, la Argentina no está tan mal en cuanto a la lucha contra la corrupción".

A la vez, Gil mencionó: "En la Argentina, uno de los temas que siempre surge cuando se analiza la lucha contra la corrupción es la falta de independencia de los poderes del Estado".

El informe de la OEA sobre el estado de la corrupción en la Argentina, al que accedió La Nacion y que tiene 50 páginas, señala por lo menos cuatro recomendaciones relevantes en materia de lucha contra el soborno, el enriquecimiento de los funcionarios, las presentaciones de declaraciones juradas para evitar conflictos de intereses y la instrumentación de mecanismos más eficaces para las contrataciones de parte del Estado.

En tanto, Pedro Biscay del Cipce, señala que "ante la ausencia de condenas, la respuesta usual se orienta hacia la creación de figuras penales y el aumento de penas. Si esto no funciona para el delito convencional menos produce efectos frente delitos que gozan del amparo o el auspicio y la participación del poder político".

La Argentina adoptó en 2006 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece medidas de promoción de la transparencia en la gestión, prevención y castigo de la corrupción. Esta no es la única convención a nivel internacional que el Estado argentino se comprometió cumplir. En 1997 el país ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Pero la Argentina no parece haber tomado demasiado en cuenta todas esas disposiciones. El último informe de Transparencia Internacional, presentado hace menos de dos meses, determinó que se encuentra en el puesto 106 entre 180 países en materia de transparencia. Su nota fue de 2,9 en el índice de percepción de la corrupción que califica con diez puntos al país con mayor transparencia.

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