El Estado manda investigar contratos de Vialidad

Lo hará la Fiscalía de Estado y se pretende frenar una sentencia de condena a la Provincia. Se originó en reclamos cruzados entre Vialidad y una contratista por una obra licitada en 1992 pero que nunca se realizó.
La Fiscalía de Estado presentará mañana ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) una acción de lesividad, con vista a conseguir anular el convenio de pago que en 2006 firmó la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) con la empresa Nediki SA.

El recurso irá acompañado de una medida cautelar por la cual se pretende suspender el dictado de sentencia en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7, donde Nediki SA radicó una demanda contra el Estado por la falta de pago de aquel convenio, y que hoy supondría una cifra próxima a los 4 millones de pesos.

El resultado de esa acción judicial ante el STJ podría ser clave para definir la suerte del secretario de Legal y Técnica de Vialidad, Emilio Flavio Torrealday, señalado como responsable de la firma del acuerdo de pago, y que el Poder Ejecutivo declaró “lesivo a los intereses del Estado Provincial”.

El lunes 9 el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el texto del decreto Nº 183, con la firma del gobernador Sergio Urribarri, por el que se declaró lesivo el convenio de pago rubricado en 2006 entre Vialidad y Nediki SA.

“Declárase lesivo a los intereses del Estado Provincial el convenio suscripto en fecha 8 de noviembre de 2006 entre la Dirección Provincial de Vialidad y la firma Nediki SA, su ampliatorio y/o ratificatorio, como así también la Resolución Nº 1729/06 DPV y suspéndanse los efectos de los mismos, conforme lo manifestado en los considerandos precedentes”, dice el texto oficial.

El segundo paso luego de la declaración de lesividad es la presentación de una acción judicial ante el STJ, para que confirme esa resolución, y también frene la demanda que inició la empresa contra el Estado por cuanto aquel pago de 2006 todavía no se efectivizó.

Aunque el decreto Nº 183, apoyándose en un dictamen de Fiscalía de Estado, ya apuntó fuerte contra la decisión de Vialidad que, señaló, presenta “graves irregularidades y vicios, resultando el más palmario su total y absoluta falta de causa jurídica”.

La contraversia comenzó en abril de 1992 cuando Vialidad encargó a la empresa Induvial SA la realización de las obras de arreglo de la ruta provincial Nº 39, que la contratista no llegó a ejecutar.

El tema derivó en el cruce de demandas. Induvial SA se negó a pagar una indemnización que le reclamó la DPV, organismo este último que dispuso la rescisión del contrato de obra. Luego, la cuestión llegó al Superior Tribunal de Justicia (STJ), que en 1995 convalidó la rescisión del contrato, pero dejó sin efecto un pago que Vialidad le reclamó a Induvial SA.

Pero aún con ese dictamen judicial de fondo, el trámite en Vialidad “tuvo una derivación irrazonable”, según el decreto que firmó el Gobernador, en directa alusión al pago al que se obligó la DPV frente a Induvial SA, primero, y Nediki SA, después, que asumió los derechos cedidos por la primera.

Según el Ejecutivo, “carecía de todo sustento jurídico el reclamo formulado por Nediki SA pretendiendo, como cesionario del cesionario de una parte de los derechos de Induvial SA, percibir suma alguna de dinero y más aún, carece de todo asidero la posterior celebración de un acuerdo cuyas consecuencias hoy se dirimen en un proceso sumario”.

Funcionario en la mira

Julio Rodríguez Signes, habló de la marcha de la actuación a nivel administrativa y judicial en torno al dictado de la lesividad sobre el contrato que firmó Vialidad. “El lunes (por mañana) vamos a presentar ante el Superior Tribunal de Justicia la acción de lesividad, con una medida cautelar en la que pedimos que, hasta tanto se resuelva la lesividad, se suspenda el dictado de la sentencia en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7, donde ha sido demandado el Gobierno por parte de Nediki”, señaló. Fuente: El Diario

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