"El Estado habría causado una injusticia"

Alvarez, del PJ, indicó que la iniciativa oficial iba a afectar a las empresas de la construcción.
El presidente de la bancada alperovichista, Roque Tobías Alvarez, explicó el cambio de estrategia sobre la Ley de Sellos. "Este tema está en el orden del día, pero pediremos que no se lo trate y que regrese a comisión porque merece un mayor estudio. Hemos preguntado sobre los alcances de la propuesta, pero no nos informaron acabadamente", reconoció el legislador, en una entrevista realizada por LA GACETA, que se desarrolló como sigue.

- ¿Qué situación motivó el cambio de criterio?

- Ocurre que muchas de las operaciones que iban a quedar gravadas con Sellos se originan en el propio Estado. Se podría haber afectado principalmente a las empresas encargadas de la construcción de viviendas sociales y de emprendimientos viales, ya que se pagan las obras públicas con certificados a 60 días o más, sean fondos de la Nación o de la Provincia. Las constructoras, muchas veces, se ven obligadas a ir al banco y hacer plata esos documentos, lo cual genera una operación financiera por la que debían tributar con la nueva ley. Lo mismo iba a pasar con los cheques diferidos, que se comercializan para tener el dinero. Entonces, desde el mismo Estado se habría causado una injusticia, porque no son créditos comunes.

- ¿Van a insistir con la norma en otra sesión?

- En Hacienda se hará un análisis nuevo de la relación entre costos y beneficios de la propuesta; si es mayor el costo, no vamos a avanzar. Si debe quedar dormida en la comisión, que duerma. Lo importante es que se escuchó a la gente, que se atienden todas las opiniones y que no estamos gravando con Sellos a todo el mundo, no se iban a afectar a los 75.000 contribuyentes de la provincia.

- ¿A cuántas empresas abarca la excepción fiscal vigente?

- Son exactamente 63 firmas las que están inscriptas en el registro especial que se abre todos los años: sólo pueden gozar del beneficio 42 empresas del sector agropecuario; 16 industriales; cinco de la construcción y no hay ninguna minera, pero efectivamente lo vienen pidiendo entre 40 y 45 empresas en los últimos años. Muchas otras tienen espaldas para soportar los certificados de redescuento que les damos para cancelar obras públicas y esperan el plazo que figura en el documento. Pocos piden crédito, porque viendo siendo muy caro, del orden del 25% anual.

- Si fue una idea del PE, ¿por qué el proyecto fue presentado por los legisladores?

- Yo fui el segundo firmante de la iniciativa, pero efectivamente se originó fuera de este Poder Legislativo. Cuando llegó el borrador, con un pedido de pronto despacho, lo mejoramos, lo corregimos y lo rubricamos. Cuando el proyecto viene de afuera, no hay muchas posibilidades de hacer pedidos de informes.

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