Estado de alerta en los regantes por la posible “privatización” del agua

Los consorcios de Usuarios de Riego dejarán de administrar el agua el 31 de diciembre próximo.
Con las defunciones de estos organismos se abre una nueva etapa en el manejo, control y, fundamentalmente, el “cobro” del agua, un negocio que tienta al gobierno y sus empresas “amigas” porque se calcula que está en juego un nada despreciable “botín” de 20 millones anuales. La Provincia, Sapem y DyL (de Adelina Inés Dalesio de Viola) están anotados.

Tanto la Sapem (una especie de ente mixto formado por capitales privados con participación mayoritaria del estado provincial) como DyL habrían sido ya beneficiadas con la adjudicación del cobro de servicios públicos en la provincia. Pero ahora van por más: el negocio del agua en San Luis.

Si bien la premisa de “privatizar todo” ha caracterizado al gobierno de los Rodríguez Saá desde hace 25 años, la idea de avanzar en el control y administración del agua “productiva” se comenzó a elucubrar a fines de 2007. En marzo de 2008 el gobierno reunió a los encargados de los 11 consorcios que hay en la provincia y les transmitió la propuesta (ya tomada) que terminó en forma de ley, conocida como “Plan Maestro del agua”.

El encuentro entre los regantes y el gobierno se realizó el 13 de marzo. Estuvieron presentes el propio gobernador Alberto Rodríguez Saá, sus ministros, la intendenta Alicia Lemme y un personaje que llamó la atención: Adelina de Viola en su calidad de empresaria. La ex funcionaria menemista dijo en medio de la reunión que tenía “buenas ideas” para que la provincia ejerciera un mejor control y aumentara la recaudación por el uso del agua.

Rodríguez Saá les manifestó a los regantes que hay una alta mora de los usuarios. El reproche también fue para la intendenta de San Luis, quien intentó una defensa: ¿cómo hago para cobrar a los que no pagan?, dijo. La “buena idea” de Adelina de Viola resonó, entonces, con más fuerza.

Cinco meses después, el 1 de septiembre, el gobernador firmó el decreto 4323 por el cual declara al agua “patrimonio provincial” y crea el “Registro Único de Usuarios”.

En ese documento, el gobierno expresa la intención de conocer quiénes usan el agua, tanto para riego como para cualquier actividad productiva. Pero también manifiesta que es necesario saber los “ciclos naturales de las lluvias” (¿?) y, por si fuera poco, registrar todos los accidentes topográficos que contengan agua: vertientes, arroyos, lagos, lagunas, ríos y hasta las napas subterráneas y, por supuesto, las obras humanas relacionadas: diques, canales y embalses.

En el mismo decreto, el gobierno repite tres veces que la autoridad administrativa del agua es el Ministerio de Medio Ambiente y que el “ente recaudador” será la Dirección de Ingresos Públicos o el “ente que el gobierno delegue”.

Pero aún existen otros párrafos del citado decreto que generan preocupación ya que establece que se deben anotar en el Registro “los que usan el agua pública y los que no la usan”. Por lógica “todos” los ciudadanos tienen que estar registrados o, al menos, las instituciones que utilizan el agua, incluidos los organismos a cargo de la potabilización y la distribución del líquido a las poblaciones.

Además, como para dejar en claro que podrán participar empresas privadas en esta nueva etapa, el decreto autoriza al ministerio de Medio Ambiente a celebrar “nuevos convenios”.

¿Dónde está el negocio?

Si bien algunos de los fundamentos del decreto tienen una base cierta porque hay una tasa de morosidad en lo usuarios de riego que supera el 60 por ciento, las soluciones que plantea el gobierno no incluyen el camino lógico, que sería reforzar la estructura de los consorcios y darles más atribuciones. Por el contrario, durante los últimos años estos organismos prácticamente han sido desmantelados con el quite de personal, equipos, vehículos e insumos.

Desplazados los consorcios, el camino “queda libre” para un manejo sin obstáculos de la administración y el cobro del agua productiva que, según lo dice el generoso decreto, también abarcaría a todo tipo de utilización del líquido y a todo usuario o contribuyente.

Pero en referencia exclusivamente al agua productiva, actualmente el costo que paga el regante es de 70 pesos anuales por hectárea. Si bien la ley impositiva para el ejercicio 2009 no ha sido tratada en la Legislatura, el gobierno estaría decidido a incrementar ese importe en un 150 por ciento. La tarifa ascendería el año que viene a 200 pesos anuales por hectárea.

Hasta el momento la recaudación anual por uso de agua con fines productivos en toda la provincia es de 3.500.000. En esta nueva etapa, con el incremento de la tarifa y la aplicación de una política agresiva contra los morosos, la provincia “o el ente que delegue” proyecta recaudar más de 20 millones por año. Una suma nada despreciable para repartir entre tres: Sapem, DyL y Gobierno ¿o todos son lo mismo?

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