Las estaciones de servicio del interior del país demandaron a la tarjeta Visaexigiendo que se revean las comisiones y plazos de pagos que consideran "abusivos". Desde la empresa de tarjeta de pagos aseguran que respetan el cuadro normativo vigente.

La Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (FAENI)realizó una presentación judicial contra la empresa Prisma, dueña de las tarjetas de créditos Visa en nuestro país. La intimación tiene como objetivo reducir las comisiones y plazos de pago que desde la entidad que nuclea a los estacioneros consideran abusivas.

Según informa El Cronista, la demanda se suma a otras acciones legales que las estaciones de servicio vienen realizando ante las diversas empresas de tarjetas de crédito. Desde FAENI argumentan que las condiciones con que operan las tarjetas "ponen en riesgo su subsistencia" de las estaciones.

Por su parte, desde Prisma aseguran que la firma se ajusta al marco normativo vigente y a la "realidad" del mercado argentino. "Todos los restantes oferentes de tarjetas del mercado argentino pagan en los mismos plazos, y en algunos casos es mayor. Desde Prisma Medios de Pago presentaremos nuestros argumentos, las aclaraciones y defensas en todos los ámbitos que correspondan y sean necesarios", expresaron los voceros de la firma, según indica El Cronista.

Una situación similar ocurrió en Estados Unidos donde las tarjetas Visa y Mastercard fueron denunciadas ante la Justicia de Nueva York. Finalmente ambas firmas acordaron devolver unos u$s 6240 millones por las montos de las comisiones.

Asimismo en Europa, durante 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ordenó el pago de una millonaria multa a Mastercard por las tasas de intercambio que cobraba. En ese contexto, la Comisión Europea aceptó el compromiso de Visa de disminuir las comisiones entre un 40% y 60%. 

Por su parte, desde FAENI afirmaron que las comisiones que cobran las tarjetas en Argentina superan ampliamente a las que están vigentes en Estados Unidos y Europa, pero también a las que rigen en la mayoría de los países latinoamericanos.