La estabilidad institucional sigue en deuda

Punto de vista. POR Marcos Novaro, investigador del Conicet.
Las constituciones pueden entenderse como un pacto o como un proyecto. En el primer caso, consisten en un acuerdo entre partes para imponer reglas comunes, y el ideal es que el acuerdo sea lo más abarcativo y duradero posible. En el segundo, en cambio, son líneas de acción, orientadas a lograr cambios más o menos ambiciosos e irreversibles en la sociedad, y el ideal que las guía no es por tanto la estabilidad sino la modificación de situaciones preexistentes, lo que presupone (en alguna medida) afectar ciertos intereses para beneficiar otros.

Con los “pactos”, las diferencias se dejan de lado, y cada quien resigna o posterga algo de sus preferencias para lograr fines ya compartidos. Con los “proyectos”, los que han ganado en una revolución, una guerra civil o simplemente en una votación imponen a los demás sus preferencias, y a medida que pasa el tiempo los convencen o los desactivan y excluyen de modo permanente.

En la vida real, todas las constituciones tienen algo de las dos cosas. Las que duran, son las que logran precisamente combinar ambos elementos de un modo adecuado a las circunstancias, sacando provecho de las ventajas que ofrece cada uno de ellos y minimizando los problemas que le están asociados: así, las constituciones que siguieron a la Revolución de Mayo contuvieron potentes proyectos, pero resultaron poco eficaces como pactos representativos de la compleja geografía del país y, por ello, fueron inestables; recién en 1853 se lograría combinar adecuadamente ambos elementos. Y algo parecido sucedió en otros países de la región.

¿Qué se puede decir de la actual ola constituyente que agita a América latina? Ante todo, que posee un rasgo claramente diferenciado de la que la precedió, en los ‘80 y ‘90, y que acompañó los procesos de transición democrática: mientras que entonces las fuerzas políticas pactaron reglas de juego para dar estabilidad a los nuevos regímenes y asegurarse que no volviera el autoritarismo, ahora lo que encontramos más bien es la pretensión de una fuerza que ha llegado ocasionalmente a ser mayoritaria, de dar continuidad a su proyecto y a su dominio. ¿Es legítimo? Convengamos, a priori, que un partido aproveche mayorías más o menos circunstanciales para cambiar las reglas de juego y volverlas permanentes va en contra de la naturaleza del juego democrático: en la Europa de entreguerras fue lo que motivó a los juristas a hablar de “revolución legal” en un caso por demás conocido, el de la Alemania de 1933.

Pero, además, ¿puede por esta vía conquistarse la estabilidad institucional que para muchos de nuestros países sigue siendo una deuda pendiente? La experiencia enseña que las constituciones que excluyen las preferencias de una porción de la sociedad sólo logran estabilizarse cuando esa porción es pequeña o bien puede ser rápidamente incorporada a los beneficios del nuevo orden.

Ninguna de estas condiciones parece cumplirse en los casos más sonados de nuestros días. Por lo que lo más probable es que continuemos asistiendo por bastante tiempo a un revisionismo constitucional más bien estéril, sino destructivo. Como el que, por las mismas razones, podemos encontrar en muchas provincias argentinas.

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