Estaba todo armado

Hace tiempo que el secretario general de la Gobernación quería despacharse en público con una teoría conspirativa en contra del multimedios UNO.
Hace varias semanas que Alejandro Cazabán quería soltar en público la teoría conspirativa que tanto él como los habitantes habituales del cuarto piso de Casa de Gobierno vienen creyéndose en privado. En una imitación de nivel menor de la estratégica política de Néstor Kirchner, Cazabán y el gobernador Jaque apuntaron a un medio de comunicación para intentar identificar a un enemigo. Néstor lo hizo con el grupo Clarín. El todopoderoso secretario de la Gobernación, con el multimedios UNO.

Lo sucedido ayer en Diputados estuvo prolijamente armado. El propio Gobierno, casi toda la dirigencia política y buena parte del periodismo sabían que Cazabán se autoimpuso una interpelación en el recinto para responder sobre las supuestas irregularidades en la habilitación del casino Enjoy –cuando solamente debía responder a una citación de una comisión– sólo para sentarse y decir lo que dijo. Cuando el escándalo del casino del Sheraton explotó algo había insinuado.

En aquella oportunidad, hace poco más de un mes, había salido a sostener que el Gobierno no iba a soportar presiones de los grupos económicos. En esa misma denuncia estuvo a punto de mencionar a Daniel Vila y a José Luis Manzano. Pero se contuvo. Ahora el ámbito fue distinto. Su presencia en la Cámara Baja le otorgó los mismos fueros que posee un legislador por sus dichos. Esa prerrogativa le permitirá ahora no tener que sufrir ningún tipo de consecuencia legal por haber denunciado ser víctima del delito de extorsión sin haber acudido a la Justicia para que investigue.

Ya se dijo: las teorías conspirativas sirven en la política para tapar errores propios y para disipar hacia otro lado sospechas de corrupción. Podría argumentarse que la discusión por la ley de medios cambió la relación entre el Gobierno provincial y los medios. Y es cierto.

Pero la ley se presentó en setiembre y las desventuras y desmanejos de esta administración son de origen y llevan ya casi 24 meses. En la interpelación en la Cámara Baja el mecanismo elegido funcionó perfecto. Sospechar a Daniel Vila y a José Luis Manzano sirvió para cubrir las deficiencias en la explicación oficial acerca de la polémica habilitación del casino que administra capitales chilenos. Cazabán no logró convencer a los opositores (sobre todo a los de la UCR) sobre el punto central de las sospechas que lo llevaron al recinto.

Este es: ¿por qué si la ley que permitió la instalación de casinos en Mendoza (Nº 5.775) dice que no se puede destinar a salas de juego más del 4porciento de la superficie total de un establecimiento hotelero el gobernador y su secretario general firmaron un decreto que excluía del cálculo de superficie a varias dependencias del Enjoy? Eso le permitió a la cadena de juegos terminar habilitando una ampliación de la sala.

Para desmentir que el Gobierno había firmado un decreto a medida, Cazabán en su descargo apeló a tecnicismos poco convincentes. Habló de una interpretación "amplia" de la ley y de medidas adoptadas que fueron "razonablemente sustantivas".

La oposición insistió varias veces sobre este punto, pero no logró respuestas sólidas. Tanto es así que desde el propio radicalismo surgió la medida de impulsar la anulación del decreto sobre el que pesa la grave sospecha de corrupción.

En el medio, el secretario amplió sus denuncias. Habló de "fuertes intereses económicos" detrás de la puja por el Enjoy, una apreciación que va de suyo. Estamos hablando del juego, que mueve millones en la provincia, actividad que este mismo gobierno fomenta y que tiene a la cadena chilena en conflicto con el casino del Hyatt, como principal adversario e impulsor de las denuncias judiciales.

El Chiqui aquí también jugó a prender el ventilador de manera meditada. Dijo que hubo " avasallamiento" de la jueza federal Olga Pura de Arrabal, a quien sospechó de responder a los intereses de las empresas de apuestas. Pero cuando fue interpelado por el cobismo, defeccionó otra vez. A pesar de la grave acusación, reconoció que el Gobierno no pidió aún el juicio político contra la magistrada.

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