"Con esta situación, es probable que en junio dejemos de pagar cosas"

Como otras universidades nacionales, la UNLu sufre importantes retrasos en la entrega de fondos por parte del gobierno nacional. En el primer trimestre se acumuló un déficit cercano a los 12 millones de pesos que obligó a "retrasar" el pago de proveedores y de servicios. El rector Osvaldo Arizio explicó que "si la situación se mantiene, es muy probable que ya en junio tengamos que empezar a dejar de pagar algunas cosas".

La Universidad Nacional de Luján (UNLu) atraviesa momentos difíciles. En términos poco académicos y más coloquiales, la casa de altos estudios tiene el agua al cuello en el plano financiero.

Como ocurre con otras instituciones nacionales de su estilo (esta semana el tema derivó en un conflicto en la UBA), el retraso en el envío de fondos -comprometidos en el presupuesto nacional-, por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) pone en peligro la continuidad de los distintos servicios académicos.

A eso se suma el fuerte incremento en los costos de servicios como la energía eléctrica y el gas, además de los combustibles. Según las autoridades de la UNLu, en el primer trimestre del año el déficit financiero acumula cerca de 12 millones de pesos, como consecuencia de dineros comprometidos que el gobierno nacional todavía no desembolsó. En las esferas estatales pronostican que la situación comenzaría a regularizarse a partir del segundo semestre, un plazo impreciso que pone entre signos de interrogantes el normal funcionamiento de las universidades nacionales. “Nosotros estamos en una situación límite. Pensar que recién vamos a recibir los fondos en el segundo semestre no es viable. Si la situación se mantiene, es muy probable que ya en junio tengamos que empezar a dejar de pagar algunas cosas”, dijo a EL CIVISMO el rector Osvaldo Arizio. 

-¿Desde cuándo comenzó a registrarse esta situación?

-Comenzó en los últimos meses del año pasado y se viene manteniendo. Lo que ocurre desde esa fecha es que se ha evaporado nuestra capacidad financiera. No estamos recibiendo en tiempo y forma los aportes presupuestarios por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Venimos con un retraso muy serio en las partidas que llegan para gastos de funcionamiento y en este momento tenemos un atraso de dos meses. Pero en los dos meses anteriores que recibimos esas partidas, solo recibimos un 60 por ciento de lo que corresponde. Por otra parte, con el tema de salarios también tenemos algunos inconvenientes porque no se nos envía todo lo necesario, hay una pequeña disminución con respecto a lo que nos debería enviar la Secretaría de Políticas Universitarios y a eso se suma que no estamos recibiendo algunos contratos-programas que implican el pago de salarios.

-¿En qué casos?

-Por ejemplo, tenemos dos contratos-programas. Uno para la carrera de Enfermería iniciada el año pasado. En lo que va del año no recibimos ninguna partida presupuestaria para ese contrato, por eso estamos pagando salarios sin recibir esos fondos. Lo mismo ocurre con el contrato-programa que tenemos en Mercedes, donde dictamos una tecnicatura en el área de Sistemas. Desde el punto de vista salarial no se está cubriendo todo lo que debe cubrirse desde la SPU y, por lo tanto, eso sale momentáneamente de nuestra capacidad financiera.

Todo esto nos generó un problema financiero grave, porque si bien los créditos están aprobados y son parte del presupuesto de la universidad, no se están girando. Por eso el problema no es económico, el problema es financiero porque no tenemos ya prácticamente capacidad para seguir afrontando eso. 

-¿Cuáles son los números de ese déficit financiero?

-En el acumulado del primer trimestre tenemos un déficit financiero cercano a los 12 millones de pesos. Es plata que tendría que ingresar a la universidad pero todavía no ingresó. Es una cifra muy importante para nosotros y es lo que perdimos en capacidad financiera al tener que hacer frente a ese déficit. Ahí radica la gravedad.

-¿Esta situación se relaciona con la resolución que el Consejo Superior de la UNLu aprobó el año pasado para restringir al máximo los gastos de funcionamiento?  

-Nosotros veníamos arrastrando un problema de tipo estructural de nuestro presupuesto. En abril del año pasado conseguimos un refuerzo presupuestario cercano a los 14 millones de pesos para poder cerrar el presupuesto del año. A eso se agregaron algunos inconvenientes adicionales, como no recibir la totalidad de fondos y eso nos generó un problema presupuestario al final del año pasado. Eso se suma a lo que está ocurriendo desde noviembre con los retrasos en las partidas de gastos de funcionamiento. El refuerzo del año anterior debió haber sido incluido en el presupuesto aprobado en octubre del año pasado, pero no fue consolidado. Por lo tanto, aparte de esa situación financiera que reclamamos, no tenemos esos 14 millones de pesos. 

-¿Eso es responsabilidad de quién?

-Es responsabilidad de la gestión saliente, que debió haberlo colocado en el presupuesto de la universidad. Se nos están juntando varias cosas. Algunas tienen un impacto económico en el presupuesto de este año, como estos 14 millones, más el problema financiero que hoy es el más grave. Esto se suma a que los gastos de funcionamiento aprobados en el presupuesto de octubre del año pasado se hicieron en un marco que no es el actual. Ese presupuesto estaba planteado para las tarifas que teníamos el año pasado, no para las que estamos pagando ahora. 

-En el caso de la UNLu, ¿qué impacto tuvo el fuerte incremento de las tarifas?

-En este momento no tengo presente los números, pero es un impacto importante. Por un lado los niveles inflacionarios, más el aumento de las tarifas, más el aumento en los combustibles. Recuerden que tenemos una universidad con distintos centros regionales. Las vinculaciones y los gastos de combustibles por la dispersión geográfica son muy altos. Prácticamente estamos teniendo un aumento del 7 por ciento en combustibles desde enero y aparentemente viene un aumento más. Debemos agregar las recomposiciones de precios en las obras que tenemos iniciadas. Esas recomposiciones tenían un nivel y hoy tienen otro producto del aumento en los costos de la construcción, con lo cual ante este panorama prácticamente no podemos hacer frente a eso.

 -¿Cuáles son esas obras y en qué situación se encuentran?

-Tenemos obras terminadas en San Miguel, donde hicimos una ampliación. Estamos con el SUM, que es una especie de gimnasio cubierto que tuvo una recomposición de costos y está casi terminado, nos falta cerrar los laterales. Estamos con la obra de la ampliación de la biblioteca y algunas otras obras menores. Dentro de los pliegos de licitación está planteado el tema de que las empresas pueden hacer recomposiciones de precios de acuerdo a los costos. Eso tenía un nivel que hoy es muy superior. Las recomposiciones de precios en algunas obras cuando son de infraestructura universitaria, venimos cubriéndolas con nuestra propia capacidad financiera y haciendo después el pedido de retorno, que normalmente tarda cerca de un año. Con el panorama financiero actual no podemos adelantar ese dinero y esperar un año hasta que se nos reembolse. Por eso el panorama es complejo también en el tema de las obras, porque si uno no adelanta las recomposiciones de precios las empresas tienen el derecho de parar las obras, lo cual implica una nueva licitación, con nuevos precios, todo un proceso que dura mucho. Por el momento todas las obras están en ejecución, menos la que tenemos en conjunto con el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) en la sede de Capital. Esa obra se paró porque la empresa, producto de que se le frenaron otras obras ajenas a la universidad, no pudo hacer frente al pago de salarios y eso terminó afectando a nuestra obra.

PROVEEDORES

- ¿En qué situación se encuentra el pago de proveedores y servicios?

- Desde marzo empezamos a tener problemas graves financieros. Por lo tanto, empezamos a priorizar cosas y dentro de eso se va pagando lo que se puede. Intentamos evitar el parate de las obras, y siempre la prioridad uno son salarios y becas. A medida que podemos vamos pagando, pero el pago a proveedores se está retrasando en algunos casos y también en el caso de tarifas. Incluso hay algunas inconsistencias. Tuvimos que afrontar la devolución de Ganancias en febrero y marzo. Eso nos abrió un crédito en AFIP, pero ese crédito uno lo debería poder descontar de los aportes de Ganancias que mensualmente tiene que hacer la universidad. Sin embargo, no nos permiten hacerlo hasta el mes que viene. Hemos afrontado 5 millones de pesos en devolución de Ganancias que podemos recuperar recién a partir del mes próximo. Nos hemos convertido en financiadores de la AFIP. En un momento prácticamente estuvimos a punto de tener que sacar un plan de pago para los aportes patronales. Dos días antes de iniciar eso nos llegó un envío de la SPU para gastos de funcionamiento. Eso evitó que tuviéramos que entrar en el plan de pago, pero de haberlo hecho encima hubiéramos tenido que hacer frente a un pago de intereses, con la inconsistencia de que para poder cumplir con los aportes que tenemos que hacer al Estado debemos pagar intereses porque el Estado no nos manda los fondos necesarios.

 -¿Existe el peligro de que se corten servicios como luz o gas?

-Por el momento estamos pagando con retrasos. Todo depende de cómo evolucione la situación en los próximos meses. El panorama actual es que la propia SPU está desfinanciada. Hay una cantidad de fondos aprobados en el presupuesto universitario que exigen la definición por parte de la Jefatura de Gabinete para que eso se haga efectivo. Eso no ocurrió. Por eso la propia SPU tiene fondos restringidos, lo que hace que envíen a las universidades una cantidad menor de dinero de lo pautado.

Hay algunas universidades que por los costos de la energía eléctrica ya han decidido suprimir el turno noche. Se empiezan a generar problemas que avanzan sobre los servicios académicos que brindan las universidades.

PRONÓSTICO

-¿Qué argumentos brinda el gobierno nacional?

-Tuvimos una reunión como CIN donde vino todo el equipo de la Secretaría de Políticas Universitarias. Muchos rectores planteamos la situación de nuestras universidades. Se explicitó la situación financiera que tiene la SPU y estas decisiones que debería tomar la Jefatura de Gabinete para habilitar estos fondos establecidos en el presupuesto. En la opinión de la SPU ese desembolso se va a producir en el segundo semestre del año, sin establecer una fecha específica. Hay universidades que han tomado el camino de aprobar un presupuesto hasta agosto, como la UBA. Nosotros entendemos que eso no es posible y por eso no tenemos un presupuesto aprobado para nuestra universidad.  

-¿Está la UNLu en condiciones de esperar hasta el segundo semestre?

-Esa es la preocupación grave que tenemos. Es un problema financiero que se puede transformar en un problema económico. Nosotros estamos en una situación límite. Pensar que recién vamos a recibir los fondos en el segundo semestre no es viable. Si la situación se mantiene, es muy probable que ya en junio tengamos que empezar a dejar de pagar algunas cosas.

-¿La decisión de dejar de pagar los sueldos el último día hábil del mes para empezar a pegarlos hasta el día 5 del siguiente obedece a estos problemas financieros?

-Por ley se puede pagar hasta el día quinto hábil. En esta universidad, producto de esta capacidad financiera que teníamos, pagábamos el último día hábil de cada mes. Eso lo cubríamos nosotros y cuando llegaba la partida del Ministerio, recuperábamos esos montos. En estos momentos no podemos hacer eso. Por eso emitimos un comunicado donde informamos que vamos a empezar a pagar los sueldos a partir del tercer día hábil de cada mes. Tenemos un acuerdo de un descubierto con costo cero con el Banco Santander Río que nos permite cubrir esos días hasta que recibimos la partida del Ministerio. Tuvimos que retrasar las fechas de pago y también estamos arreglando con el banco que los vencimientos de las tarjetas de los trabajadores dejen de ser los primeros días.

Comentá la nota