Ya está en marcha el modelo K 2009

Por Fernando Laborda

Para los Kirchner, la carrera electoral comenzará a mediados de diciembre, cuando el Gobierno dé los detalles del "más ambicioso plan de obras públicas del que se tenga memoria" en la Argentina, según palabras de la propia Presidenta.

Implicará algo más de 70.000 millones de pesos, cuyo origen es bastante incierto. Tan incierto como el porvenir de los futuros jubilados, cuyos ahorros podrían caer en forma proporcional al aumento de la sed de poder kirchnerista.

El plan para la retención del poder ya está en marcha. Sólo a efecto de calentar motores, esta semana se anunciaron medidas económicas que, como las proyectadas obras públicas, confirman que para el matrimonio presidencial gobernar no es otra cosa que acumular y distribuir recursos con la mayor discrecionalidad posible.

Las elecciones legislativas del año próximo serán más provinciales que nacionales, por lo cual las obras públicas jugarán un papel clave para disciplinar a los gobernadores e influir en la conformación de las listas de candidatos.

Los recientes anuncios económicos dejaron en el olvido las teorías optimistas sobre el "desacople", escuchadas en despachos gubernamentales, que presagiaban alegremente que la Argentina iba a ser inmune a la crisis internacional.

El paquete de medidas podría haber surtido algún efecto positivo si se hubiese anunciado hace algunos meses, cuando la gravedad de la crisis mundial comenzaba a percibirse y algunos argentinos con plata en el exterior, asustados, empezaron a pensar que su dinero podía llegar a estar más seguro en su país que en medio de la volatilidad financiera global. Pero la desconfianza refloreció. Bastaron el manotazo a los fondos jubilatorios, la inminente expropiación de Aerolíneas Argentinas y la habilitación del Congreso al Poder Ejecutivo para usar más reservas para cancelar deudas públicas. En 2008 se registró la mayor fuga de capitales desde la crisis de 2001 y difícilmente se revierta la tendencia por el proyecto de repatriación.

Esta medida sumará más dudas que beneficios, en tanto implicará la suspensión de acciones penales contra evasores, incluso en resonantes casos vinculados con proveedores del Estado y contratistas de obra pública, denunciados por distintos fraudes tributarios que incluirían facturas "truchas". Entre ellos, no pocos amigos del poder político.

"Los empresarios deben entender que el Estado es su mejor aliado", afirmó Cristina Kirchner el martes en la convención de la Cámara Argentina de la Construcción.

El mensaje parece claro: para hacer buenos negocios en la Argentina hay que asociarse con el Estado o, en otras palabras, con los Kirchner. Y si los empresarios no lo entienden así, el Gobierno podría asfixiarlos hasta que entren en razones. Ejemplos sobran: desde varios grupos concesionarios de empresas privatizadas hasta el grupo Marsans. Y en el futuro, no pocas sociedades en las que el Estado pasará a tener un porcentaje no menor de acciones que estaban en manos de las AFJP. Pero si queda alguna duda, siempre estará el recurso de pedir asesoramiento a la consultora Chapel, dirigida por Máximo Kirchner y atendida por sus propios dueños.

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