En un nuevo aniversario del #NiUnaMenos que reunirá por tercer año en consecutivo a miles de personas esta tarde en el Congreso de la Nación y en diversos puntos del país, Diagonales analiza la ejecución de las políticas de género del gobierno bonaerense. 

La primera gobernadora mujer de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, lanzó en junio del año pasado el "Plan Integral de Género" destinado a prevenir y erradicar la violencia de género en la Provincia. La iniciativa se puso en marcha junto a las mesas locales de cada municipio, y proponía la instalación de un nuevo "call center" para denuncias, la conformación de nuevos refugios para víctimas y la compra de pulseras electrónicas para mejorar el monitoreo a agresores. Además el programa preveía una serie de capacitaciones con perspectiva de género para el personal de las fuerzas de seguridad de la Policía local y bonaerense.

El Ministerio de Derechos Humanos, a cargo de Santiago Cantón –a través de la subsecretaría de Género y Diversidad Sexual- puso en marcha en noviembre de 2016 la línea 144 para recibir denuncias por violencia y brindar asesoramiento a las víctimas. Durante la gestión de Daniel Scioli existía ya una línea 0800, pero lo cierto es que funcionaba de forma precaria, contaba con tan sólo seis operadoras distribuidas en tres turnos de dos personas cada uno. 

Desde fin de año pasado, la línea 144 funciona "como una delegación de la 144 del Consejo Nacional de la Mujeres", según informaron desde la cartera de Derechos Humanos y recibe denuncias de todo el territorio bonaerense. El servicio funciona las 24 horas todos los días, en coordinación con el 911, y cuenta con "66 operadoras y un equipo de seguimiento de casos de 20 profesionales".

Entre noviembre de 2016 y abril de este año, el call center de la línea 144 recibió 111.632 llamados, de los cuales 24.232 fueron por casos de violencia de género, a partir de los que se pudo identificar a un total de 19.794 personas en situación de violencia. De estas 19.794 víctimas, 11.745 (59%) son mujeres con un rango de edad que va desde los 16 hasta los 44 años.

Durante la gestión Scioli, que puso al frente del Consejo Provincial de las Mujeres (CPM) a la diputada Cristina Alvarez Rodríguez, se destaca la apertura de 112 Comisarías de la Mujer y la Familia en distintos distritos de la Provincia –aunque la capacitación del personal era deficiente y en muchos casos no existían los correspondientes equipos interdisciplinarios formados por psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas- y algunas campañas de prevención en escuelas y municipios como fueron "Maltrato Cero" y "Reconocé las señales".

En tanto, la construcción y puesta en funcionamiento de refugios para víctimas de violencia fue muy limitada. Scioli realizó la inauguración formal de tres refugios ubicados en Lanús, Avellaneda, Mercedes –que según la gestión Vidal eran realmente dos y nunca funcionaron- y el ex candidato a Presidente había anunciado la creación de otros tres en Mar del Plata, Berazategui y Tres de Febrero, que nunca se concretaron.

La política de Vidal en materia de refugios se propone fortalecer los existentes y llegar a un total de 50 para el fin de su gestión, un número realista pero muy insuficiente para la demanda del territorio bonaerense que de base tiene 135 distritos, en donde se presentaron el año pasado un total de 215.807 denuncias formales en Comisarías. 

A partir de un relevamiento que realizó el Ministerio de Derechos Humanos bonaerense se determinó actualmente "funcionan en la Provincia un total de 41 refugios, hogares, albergues de tránsito o servicios de hospedaje: 32 dependen de municipios, 2 son gestionados por organizaciones de la sociedad civil, 5 por la Iglesia católica y 2 pertenecen al Estado provincial".

Ante esta realidad, la presidenta del CPM, Daniela Reich, afirmó el año pasado que la Provincia destinará un fondo especial de 15 millones de pesos "para fortalecer los refugios existentes". Para esto se desarrolló un "Programa de subsidios específicos" por los que cada hogar recibirá un monto máximo de $500.000, para su refacción, ampliación, compra de equipamiento y/o mobiliario.

Sobre la implementación de tobilleras para mejorar el funcionamiento de las perimetrales que dicta la Justicia para proteger a la víctima, y que no tienen ningún tipo de seguimiento o control, la Provincia está recién en una etapa inicial de ejecución. Las carteras de Derechos Humanos de Nación y Provincia, en conjunto con el municipio de San Martín, pusieron en marcha una prueba piloto de monitoreo electrónico de la que aún no se han conocido los resultados. 

La implementación de un dispositivo que monitoree los movimientos del agresor y emita un alerta en caso de que este vulnere la distancia mínima, es uno de los reclamos de las organizaciones sociales que abordan temas de género y fue respaldada también por la jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, quien la consideró un complemento del botón antipánico.

El punto más conflictivo mantuvo Vidal con los colectivos feministas se generó a partir de la adhesión -por parte de su ministra de Salud, Zulma Ortíz- y luego la polémica suspensión del protocolo de aborto no punible en la Provincia que dictó la mandataria en noviembre del año pasado. 

Al respecto, la gobernadora reafirmó hace unas semanas su postura personal en contra de la legalización del aborto y expresó que la suspensión del "protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo" -que elaboró  en 2015 el Ministerio de Salud de la Nación por pedido de la Corte Suprema- tuvo que ver con que sólo era una recomendación, "no una normativa" y que "cuando se implementó no se consultó al gremio médico y no tenía en cuenta la objeción de conciencia".

Finalmente, desde Derechos Humanos informaron que desde marzo 2017 a hoy, se han realizado jornadas regionales de capacitaciones de género en municipios, en dependencias de Ejecutivo provincial, cursos virtuales para más de 3 mil docentes, y cursos de formación para agentes y profesionales de las Comisarías de la Mujer y la Familia.