El HCD está entre los más trasparentes del país

Se evaluaron aspectos fiscales y presupuestarios, analizando la disponibilidad pública de información completa, precisa, oportuna y útil sobre las actividades del ejecutivo y el legislativo de las ciudades analizadas.

En un informe publicado por la Fundación Centro de Estudios Patagónico, donde se evalúa la transparencia fiscal y presupuestaria de los concejos deliberantes del país, el de Mar del Plata obtuvo el segundo puesto.

El estudio analizó la disponibilidad pública de información completa, precisa, oportuna y útil sobre las actividades financieras de un gobierno, evaluando a 46 Concejos del todo el país.

Además de la Fundación Centro de Estudios Patagónicos, tuvieron intervención en la realización del trabajo las ONG Participación Ciudadana, Fundación Gente Nueva, Fundación Alternativa Popular, Grupo Vecinos por la Carta, Asociación Civil Sembrar, Surcos Patagónicos y Plataforma Patagónica de Organizaciones Sociales.

El informe referido destaca que en el sitio www.concejomdp.gov.ar del Concejo Deliberante de Mar del Plata figura la publicación de las ordenanzas, la tramitación de expedientes, de los proveedores y las resoluciones de pago.

Mar del Plata y San Fernando del Valle de Catamarca son los únicos en publicar sus proveedores y las resoluciones de pago de las compras que el Concejo realiza.

A nivel municipal, según el informe, "se encuentra que la publicación de información, tanto presupuestaria como funcional, es bastante menor que la que se encuentra a nivel provincial". Tomando en cuenta los resultados obtenidos, tanto por los poderes ejecutivos municipales como por los Concejos Deliberantes, los autores encuentran que "en promedio, la Ciudad de Mar del Plata se ubica en la primera posición entre las 46 ciudades evaluadas con un 36% de indicadores publicados".

Esto se debe, por ejemplo, a que tanto el Poder Ejecutivo como el Concejo Deliberante presentan información sobre la tramitación de expedientes, las resoluciones de pago y los proveedores que el Estado posee. A su vez el Poder Ejecutivo presenta información actualizada sobre las licitaciones y concursos de precios, pauta de publicidad oficial, declaraciones juradas de autoridades políticas y cierres de ejercicio de los años anteriores.

El Indice de Transparencia Presupuestaria Pública surge del trabajo que realiza la Fundación Centro de Estudios Patagónicos en el marco del proyecto "Democratización y Transparencia del Presupuesto Público".

Cómo se hizo

El índice tuvo tres versiones en el 2008, en los que se analizaron los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales de los cinco estados provinciales y de diez ciudades de la Patagonia.

A su vez, durante el 2009 se realizaron por separado 3 índices nacionales, cada uno enfocado en un poder público distinto. El primer índice se encargó de los poderes ejecutivos provinciales y municipales, a partir de la evaluación de 30 indicadores, los cuales fueron relevados entre el 15 de marzo y el 5 de abril. El segundo índice evalúo 23 indicadores entre el 25 de abril y el 10 de mayo acerca de los poderes legislativos y Concejos Deliberantes. Por ultimo, el índice sobre los poderes judiciales provinciales fue realizado entre el 25 de abril y el 14 de mayo evaluando en total 17 indicadores.

En estos análisis se utilizó un universo de análisis a nivel provincial de 24 jurisdicciones (de las 23 provincias del país más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Por otro lado, a nivel municipal se ha analizado 46 ciudades del país, dos por provincia, incluyendo siempre la capital de cada una de ellas.

Los indicadores desarrollados fueron diseñados con el objeto de identificar el grado de transparencia presupuestaria y recibieron diferente ponderación según la importancia que los autores consideraron que tiene cada uno de ellos.

Los indicadores fueron seleccionados a partir de una revisión de la información que ya aparece en diferentes sitios web oficiales. Estos ejemplos demuestran que los gobiernos tienen la capacidad y la posibilidad de publicar este tipo de elementos, ya que existen ejemplos de jurisdicciones que ya lo han hecho.

Los autores del trabajo consideran que la publicidad de los actos de gobierno es uno de los principios básicos en el que se sostiene todo régimen republicano y democrático, por lo que "todo gobierno tiene la obligación y el deber de difundir la forma en la que actúa. La libertad en el acceso a la información y la transparencia en la gestión de los fondos públicos de la administración están estrechamente relacionados a la calidad de la democracia".

Un sistema democrático -indican en el informe- "se va a ver fortalecido en la medida que el flujo de información que circule sobre las acciones del gobierno sea mayor, a la vez que una mayor publicación de información disminuye la posibilidad de prácticas discrecionales y/o corruptas, permite un efectivo control y rendición de cuentas mejora la confianza de la ciudadanía y fortalece la calidad de las instituciones".

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