"Está en curso el delito de tortura"

"Está en curso el delito de tortura"
Mauricio Macri y su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, fueron denunciados por el abogado Eduardo Barcesat a raíz de la compra de las Taser. El jefe de Gobierno defendió otra vez el uso del arma porque "dan seguridad".
Un nuevo capítulo, esta vez judicial, se abrió en torno de la polémica compra por parte del gobierno porteño de las pistolas Taser X26 para equipar a la flamante Policía Metropolitana. El abogado Eduardo Barcesat denunció penalmente al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y a su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, por "actos preparatorios" del presunto delito de torturas por la compra de las pistolas que descargan electricidad. Mientras la oposición porteña impulsa que se prohíba por ley el uso de estas armas, Macri insiste en que son para "dar seguridad".

En una denuncia de seis carillas presentada el lunes y ratificada ayer, Barcesat señaló que las pistolas que liberan impulsos eléctricos tienen "carácter de instrumento de tortura gravemente lesivo de la integridad de la persona humana". Consultado por Página/12, el constitucionalista dijo que el objetivo es "frenar la utilización" de esos dispositivos de manera cautelar antes de que la Metropolitana salga a la calle este viernes: "Un delito está en curso y es deber de la Justicia evitar que se consume". Barcesat afirmó que "está en juego la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura", así como normas constitucionales que prohíben los tormentos y artículos del Código Penal que reprimen con hasta 25 años de prisión al funcionario público que impusiere "cualquier forma de tortura".

La utilización de esas pistolas de descarga eléctrica "registra numerosos precedentes de haber provocado la muerte de quienes recibieron la descarga, lo que ha motivado severos pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos", aludiendo, entre otros, a Amnistía Internacional, que ha hecho observaciones adversas al uso de estos dispositivos.

La denuncia recayó en el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadío. Los próximos pasos girarán en torno de la competencia del juzgado y la celeridad con la que el fiscal impulse la causa. Fuentes judiciales indicaron que Bonadío remitirá el expediente al fiscal Gerardo Di Massi para que formule el respectivo "requerimiento" si considera pertinente la apertura de la investigación penal. Tanto el fiscal como el juez podrían declararse incompetentes por entender que debe intervenir la Justicia de instrucción y no la federal, ya que los funcionarios denunciados son comunales y no nacionales.

Sin embargo, Barcesat explicó a este diario que la elección del fuero federal fue "meditada" y la causa "se inició en esa sede porque se trata de la aplicación de una convención internacional –contra la tortura–, que es materia eminentemente federal". El abogado sostuvo que los "casos excepcionales o delitos especiales" a los que el gobierno de la ciudad hace referencia para justificar el uso de las Taser "es una cobertura semántica para la aplicación lisa y llana de un instrumento de tortura".

En tanto que legisladores porteños de la oposición también presentaron un proyecto para prohibir el uso, dentro de la ciudad, de las pistolas Taser X26 por parte de fuerzas de seguridad. El legislador de Encuentro Popular para la Victoria Francisco "Tito" Nenna elaboró el proyecto de ley, que fue refrendado por los bloques Nuevo Encuentro, Proyecto Sur y Coalición Cívica.

El proyecto plantea la modificación de un artículo de la ley de conformación de la Policía Metropolitana a partir de la inclusión de un inciso que prohíbe la utilización de "armas eléctricas o electrónicas tales como rifles electrónicos, pistolas electrónicas u otros dispositivos similares de descargas eléctricas, así como cualquier otra técnica o instrumento observado u objetado por el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas".

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, volvió a defender el uso de las armas de descarga eléctrica argumentando que "más de 300 policías del mundo las usan", e insistió en que "son en beneficio de dar seguridad a la gente". Macri aseguró que "es tecnología que ayuda a disuadir, sin víctimas fatales", y aseguró que el personal "está entrenado" para utilizarlas.

En el mismo sentido, el diputado macrista Martín Borrelli acusó: "Aquellos que critican las Taser terminan defendiendo el uso del bastón y la pistola, denostando por ignorancia métodos más modernos y menos violentos para la represión del delito".

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