"Esta no es una ley de coyuntura"

"Siempre hay un pero", dice Mariotto sobre el pedido de la oposición de debatir la iniciativa después del 10 de diciembre. Señala que el proyecto está "en línea con leyes de Francia, Italia, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos" y afirma que "no se está mirando a ningún grupo en particular".
Desde San Carlos de Bariloche

El interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, se reclina sobre una de las sillas del salón del primer piso Hotel Panamericano. Se distiende mientras comparte su desayuno con los periodistas. Tras la presentación del proyecto de ley de Servicios Audiovisuales y el anuncio de la adopción de la norma japonesa de TV digital en la Argentina, puede jactarse de que viene de un raid a puro vértigo. En la entrevista con Página/12, contesta las críticas al proyecto que plantea un sector de la oposición, explica algunos de los aspectos técnicos y anticipa que el proyecto logrará el apoyo de otros bloques legislativos. "Este debate es central para la democracia en la Argentina y será posible por las convicciones y el impulso que ha mostrado la Presidenta. Nos pidió que construyéramos una ley que mire al mundo y que recoja consensos en la Argentina. Y no me cabe duda de que el proyecto va a tener más adhesiones que las del bloque oficial", dice.

–La oposición dice que hay que tratar la ley después del 10 de diciembre.

–La oposición siempre habla de cosas que no tengan que ver con el texto. Postergar la discusión es un argumento que se viene utilizando desde 1983 porque nunca fue tiempo de discutir la ley. El 10 de diciembre van a encontrar otro argumento para decir que no es el momento. Nosotros decimos que después de esos 25 años de experiencia, en los que fue imposible llevar un debate racional y serio al Congreso sobre temas de comunicación, cuando el Ejecutivo se ha comprometido, con una sociedad que se ha movilizado, bueno, que el debate llegue al Congreso. Que se discuta. Y si se tiene que votar que se vote. Y si después del 10 de diciembre el nuevo Congreso quiere modificar el sentido filosófico de esta ley y volver a los conceptos de la ley de la dictadura, o volver a los conceptos de la década de los ’90, bueno, que lo presenten y que lo hagan si suponen que tienen los votos. Pero no podemos dejar de discutir los temas de comunicación en el Congreso. Porque siempre hay un pero. La oposición es vocera del establishment mediático, que es el verdadero sector que no quiere discutir comunicación porque es poner en evidencia la posición dominante que tiene en el mercado. No quieren salir al cruce de experiencias de legislación internacional que avalan nuestro proyecto. La comparación con la ley de Canadá, con la ley de Estados Unidos, con el dictamen del Parlamento europeo, atentan contra la posición dominante que tienen los medios hoy en la Argentina. Fruto de la falta de discusión, como también del poder monopólico que le dio por decreto de necesidad y urgencia los gobiernos de los ’fcfc90 a este diseño comunicacional, a los argentinos nos parece que estuviéramos viviendo un diseño natural. Que alguien tenga todo en una misma área de cobertura nos parece natural. Pero el mundo nos indica que no es natural. Cuestionar este modelo es estar a favor de la corriente filosófica que en el mundo está imperando para garantizar libertad de expresión y derecho a la información.

–Hablando de legislación comparada, la oposición dice que es una ley chavista. ¿En qué legislación se inspiraron para redactar este proyecto?

–Está basado en la experiencia de las democracias más avanzadas en materia de libertad de expresión. No tiene ningún rasgo de lo que pretende estigmatizar. Si fuera verdad lo que los medios de comunicación dicen que ocurre en Venezuela, nuestro proyecto está en las antípodas de eso. Esta es una ley que pretende y que busca, en línea con las leyes de Francia, Italia, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, múltiples voces y garantizar la pluralidad y la diversidad para que exista el verdadero derecho a la información y la verdadera libertad de expresión.

–¿El oficialismo tiene hoy los votos para aprobarla?

–Vamos a trabajar el proyecto en las comisiones y entendemos que va a superar la expectativa del bloque oficialista porque es una ley de Estado. Y va a recibir el apoyo de otros sectores. No es una ley de coyuntura. Entendemos que no sólo el Frente para la Victoria va a aportar a esta discusión sino que en un debate honesto y franco en el Parlamento vamos a tener el apoyo de otros bloques.

–¿Por qué van a tener el apoyo de esos bloques?

–Porque filosóficamente comparten que ésta es una ley de Estado. Seguramente le harán aportes que estén en sus expectativas y que podrán ser considerados. Para que realmente se termine con la impunidad de la 22.285. Hemos recibido instrucciones de la Presidenta de construir una ley que mire al mundo y que recoja consensos en la Argentina. No me cabe duda de que va a tener más adhesiones que las del bloque oficial.

–Una de las críticas tiene que ver con la revisión cada dos años. La oposición dice que es revisión de las licencias y que le dará al Gobierno un poder discrecional para incidir sobre el mapa de medios, ustedes dicen que se trata de una revisión de la compatibilidad tecnológica. ¿Podría aclarar de qué se trata?

–La propuesta de proyecto de ley presentado el 18 de marzo en La Plata jamás habla de revisar las licencias cada dos años. Sin embargo, algún actor de la oposición, en línea con algún dictamen de los grupos monopólicos y para desvirtuar la discusión, generó este fantasma. Eso jamás estuvo dicho. De hecho, también hemos certificado y modificado en la redacción del proyecto definitivo que jamás se van revisar las licencias. Cada licencia es adjudicada a quien gane el concurso y tiene un plazo: son diez años renovables por otros diez años pasando por una audiencia pública, que esto también es una herramienta de democratización que está en la legislación de Canadá. Lo que se va a revisar es el espectro para la posibilidad de nuevas señales. Porque el tránsito de lo analógico a lo digital es complejo. Hoy estamos en un modelo analógico donde una frecuencia genera una señal. En la frecuencia de Canal 2 hay una señal, la del 2. Pero el tránsito hacia lo digital va a dar que en la frecuencia del 2 puedan emitirse seis señales. Entonces una será la del Canal 2 y las otras cinco se llamarán a concurso para nuevos emisores. Pero mañana ese tránsito hacia lo digital puede dar doce señales. ¿Qué hacemos con el dividendo digital? Porque eso también altera la cantidad de licencias que puede tener una misma persona jurídica... Si hoy, con la tecnología analógica, podés tener tres licencias por área de cobertura, en un tránsito hacia lo digital donde cada licencia puede darte doce posibilidades de emisión, quizá se puedan agrandar el cupo de licencias y se pueda llegar a tener cinco en una misma área de cobertura porque habrían más opciones en el dial. Que quede claro, lo que se revisa es el espectro en función de nuevas potencialidades pero jamás se revisa la licencia adjudicada.

–La oposición dice que se promueve la formación de un nuevo monopolio, pero en este caso de las telefónicas, y de Telefónica de España en particular.

–En absoluto. Hay límites a la concentración. Esta es una ley absolutamente antimonopólica, como lo es la ley de los Estados Unidos. Porque el monopolio es una forma de censura, alguien se queda con las voces del resto. Ni los actuales dueños de los medios de comunicación ni las telefónicas, podrán tener posiciones dominantes en el mercado.

–Cuando se exige el 70 por ciento de capital nacional a las telefónicas para ingresar al triple play, por ejemplo, ¿no existe el riesgo de que tengan formas de simular un porcentaje de capital accionario argentino?

–No. Nosotros en esto seguimos la ley de Bienes Culturales. Aquí no inventamos nada. Y en una república con institucionalidad falsear la titularidad de empresas no es tan simple. Creo que los poderes en la Argentina funcionan y nadie puede o debería transgredirlos impunemente. Esta ley está hecha para cumplirse. Y ninguna empresa extranjera va a poder simular ser de capitales extranjeros cuando no lo es. Hay mecanismos institucionales para controlarlo.

–En caso de ser aprobada, ¿esta ley no podría generar que mucha gente se quede sin trabajo?

–Creo que cuando hay monopolios es mucho más difícil para el trabajador. Porque ese trabajador pierde independencia y si quiere defender su independencia posiblemente termine expulsado. Y una vez que esté expulsado de grupos monopólicos es muy difícil que vuelva a trabajar. Aquí lo que se pretende garantizar es la pluralidad en cuanto a la titularidad de licencias. Que haya múltiples voces. Múltiples voces, múltiples empresarios. Y no sólo empresarios sino también sectores de la sociedad civil sin fines de lucro que también tengan reserva de espectro para que se les garantice la posibilidad de emitir.

–¿No es negativo que la discusión de la ley se dé en el marco de una serie de medidas que perjudican al Grupo Clarín, como el nuevo sistema de televisación del fútbol y la norma de TV digital adoptada? ¿No existe el riesgo de que se perciba la discusión como una puja entre dos grupos de poder?

–Cuando se quiere democratizar situaciones que aparecen asimiladas a un statu quo que garantiza el monopolio y el oligopolio, siempre se afectan intereses. Aquí no se está mirando a ningún grupo en particular. Pero ésta es una ley que atenta contra la consolidación de un sistema mediático que no ha pasado por ningún debate y que ha generado posiciones dominantes en el mercado. Quien pierde ese privilegio va a reaccionar en contra de quien intenta democratizar. Eso es lo que está ocurriendo. Se están tocando intereses que parecían imposibles de cuestionar. Un debate en el Congreso con estos ejes va a cuestionar el monopolio y quien pierda esos privilegios va a reaccionar ferozmente para atemorizar a quien osa cuestionar un diseño no democrático. Nadie está en contra de un grupo en particular. Estamos a favor de una ley de la democracia. Ahora, seguramente hay grupos que se sienten perjudicados porque este debate en democracia afecta sus intereses económicos.

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